#Minería #FAO: Resolución contra ocupación temporal en Cerro de San Pedro

Con fecha 26 de junio del 2013, se resolvió declarar viable la inconformidad de los habitantes de Cerro de San Pedro contra la Resolución de Ocupación Temporal de fecha 3 de junio de 2005, esto dentro del Amparo en Revisión 205/2013 del Segundo Tribunal Colegiado de Noveno Circuito, misma que fue notificada a los integrantes del FAO con fecha 10 de julio del 2013. 

En el año 2004 y ante la imposibilidad de acceder de forma legal a las tierras del proyecto minero en Cerro de San Pedro, la empresa Metallica Resources Inc, hoy New Gold, promovió la figura de ocupación temporal de 292 hectáreas que incluian el pueblo de Cerro de San Pedro, en este sentido y de manera ilegal, la Secretaria de Economía resolvió otorgar la ocupación de todo el pueblo a la empresa minera canadiense, misma que hoy pretende afectar con su etapa 5 de explotación, ante esto RAFAEL FLORES LOPEZ en su carácter de habitante de Cerro de San Pedro promovió Juicio de Amparo Indirecto en contra de la determinación de la Secretaría de Economía, en el cual en primera instancia fue declarado improcedente por el Juez Primero de Distrito de Noveno Circuito, sin embargo dicha resolución fue revocada ante la instancia superior a fin de que se pronunciara de fondo con respecto a la ilegal ocupación temporal en tierras urbanas sin llamar a los habitantes de la comunidad, violando sus derechos humanos,  dicha resolución sienta un precedente para la defensa de los territorios afectados por los proyectos de este tipo. 

Si bien esto representa un triunfo más en contra del Proyecto Minero en Cerro de San Pedro, esta Resolución se debe cumplir cabalmente, es necesario poner la problemática minera en la agenda nacional de manera inmediata, es necesario reformar la Ley Minera actual que es anticonstitucional y viola los derechos humanos con respecto al tema de las resoluciones de ocupación temporal,  de una vez  debe quedar claro el derecho a la consulta de los afectados, recordemos que las formas de trabajo sucio de las mineras incluyen el soborno de las autoridades y las intensas campañas mediaticas de desinformación y división, para convertir estos triunfos en simples situaciones temporales.

Nota: La ocupación temporal es una resolución administrativa que emite la Secretaria de Economia via la Dirección general de mineria, mediante la cual autoriza la ocupación de superficies de particulares y de los titulares de la propiedad social (ejidos y comunidades) para la operación de los proyectos mineros, especialistas consideran que es en dicho proceso donde se da el despojo fisico de las superficies de los afectados.

Vía: FAO

#CerrodeSanPedro: breve historia de sus luchas

Por: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) / REMA

[FOTO: MAJLOC. Visita a CSP de otros pueblos.]

Un pueblo como muchos otros fundado por la avaricia del oro, víctima de la despiadada explotación humana, de sus riquezas y recursos naturales. La diferencia de este poblado con los muchos otros radica en su eterna rebeldía que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a este territorio.

Después de haber doblegado y ocupado la gran Tenochtitlan, el año 1550 cuando las avanzadas españolas llegaron a este valle, al que algunos historiadores dicen que llamaron Valle del Tangamanga, habitado por tribus nómadas guachichiles, que conformaban la nación Chichimeca. Este valle también era conocido como El Tunal Grande por el hecho de que su cuenca, con un área de casi dos mil kilómetros, estaba cubierta de todo tipo de cactáceas.

Lo cerrado y la altura de las cactáceas y la destreza con que sus habitantes manejaban el arco y la flecha propiciaron la lucha de resistencia de los guachichiles, la cual se prolongó por más de 40 años. Los españoles se vieron obligados a continuar su avance conquistador hacia el norte de lo que hoy llamamos México por los flancos oriente y poniente del valle. A este acontecimiento, los historiadores le llamaron “La guerra de los 40 años”. Fue hasta 1590, con un desgaste enorme de ambos lados y la diplomática intervención del capitán “mestizo” Miguel de Caldera, que se firmó la paz entre los bandos en pugna.

El 4 de marzo de 1592 un natural de la zona mostró a los españoles la ubicación de la rica montaña mineralizada conocida posteriormente como Cerro de San Pedro y simbolizada como emblema del Escudo de Armas de la Ciudad de San Luis Potosí (SLP) y de su estado. Así se fundó el poblado también conocido como Cerro de San Pedro y posteriormente el municipio que lleva el mismo nombre.

La llegada de miles de mineros a San Pedro de diferentes lugares, atraídos por la riqueza del Cerro, obligó a fundar en el valle lo que hoy es la ciudad capital de SLP. El agregado de “Potosí” se le dio por considerar que las minas de San Pedro eran tan ricas como las más ricas del mundo en ese entonces, las minas de la ciudad del “Potosí” en Bolivia.

Así se inició un calvario de saqueo y explotación humana y de nuestras riquezas naturales, en las labores mineras. Se acabó la etnia guachichil, los bosques de encinos, pinos y otras especies maderables que cubrían los cerros fueron arrasados, utilizados para la fundición de los metales. El Tunal Grande desapareció para dar paso a la urbanización.

[FOTO: Marcos Guevara Rivera. Guardia privado en Minera San Xavier]

La actividad minera es intermitente, se agota la veta y se suspenden las actividades hasta que se encuentra otra veta; esto puede durar meses o muchos años, mientras tanto, mucha gente abandona la zona en busca de empleo desplazándose hacia otro centro minero en explotación.

En una de esas recurrentes crisis, en 1762 –cuando todavía la economía de la ciudad capital en buena medida dependía de la minería–, la hacienda pública se vio afectada por la inactividad minera; como medida, las autoridades impusieron nuevos impuestos y medidas represivas contra los que por falta de empleo deambulaban por las calles, no pocos de ellos fueron apresados y enviados a otras ciudades a trabajos forzados, incluso a Cuba.

La reacción social no se hizo esperar, los mineros de Cerro de San Pedro se organizaron liderados por Patricio Alanís, minero y habitante del poblado del mismo nombre; hicieron una manifestación a la que se unieron gente de los municipios de Armadillo y de Soledad, de los ranchos y de los siete barrios que conformaba la ciudad capital. Dialogaron con las autoridades y se retiraron con la promesa de que cambiaría la situación. Ya entonces las promesas eran sólo eso, pero la gente era otra, se reagruparon y en ese tiempo más de cuatro mil manifestantes asaltaron la cárcel y liberaron a los presos, asaltaron las casas reales y al grito de “¡Nuevo rey, nueva ley!” y “¡Abajo los gachupines!”, se desataron lo que la historia registra como los “tumultos”.

El descontento social crecía, el ejemplo de rebeldía de los mineros de Cerro de San Pedro amenazaba con extenderse a otros estados, el gobierno local se vio rebasado y tuvo que pedir refuerzos a México. Aquí el conde de la hacienda de Peñasco con sus fuerzas especiales atacó a los sublevados, por otro lado llegó el visitador José de Gálvez y se hizo cargo de la represión. Finalmente los insurgentes se fueron replegando y sus líderes, como Patricio Alanís, que utilizaban una mina como cuartel general, fueron capturados, decapitados y sus cabezas expuestas públicamente, sus familias desterradas y sus casas quemadas.

Después de la guerra de Independencia, se quedó la explotación en manos de los gringos hasta 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dada la depreciación de los valores de los metales, la American Smelting and Refening Company suspendió sus actividades de explotación, y mediante artimañas y corrupción de los lideres obreros, echó a la calle a cientos de trabajadores con un mes de salario como indemnización. Es el destino de los pueblos mineros: su sustento está sujeto a la oferta y la demanda de los metales y al agotamiento de sus recursos minerales.

Los casi seis mil habitantes con que contaba en 1947 el poblado (cabecera municipal de Cerro de San Pedro) lo abandonaron en busca de sustento y el lugar se volvió pueblo fantasma. Sus escasos habitantes, un ciento, aferrados a su tierra, sobrevivían buscando hilos o venas de mineral y de rascarle en forma artesanal su contenido; dos o tres vivales se enriquecieron con el sacrificio de esta gente a las que le “regateaban”: compraban a precios irrisorios el metal, para luego venderlo caro.

Fue en 1995 cuando aparecieron las mafias mineras canadienses, alentadas por las políticas entreguistas de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, a fin de entregar nuestro país a las trasnacionales, modificó el artículo 27 constitucional y todas las leyes que de ella emanan –lo hizo como condición para la firma del leonino Tratado de Libe Comercio de América del Norte (TLCAN)–. Fue así como de un plumazo inició la desaparición del régimen social de la tierra (ejidal y comunal), el agua y todos nuestros recursos naturales que habían sido conquistados a sangre y fuego en el movimiento revolucionario de 1910.

En ese contexto, en 1995 llegó la empresa canadiense Metallica Resources, Inc, Minera San Xavier a Cerro de San Pedro; inició trabajos de exploración, y en septiembre de 1996 convocó a los pocos habitantes del lugar y, con promesas de empleo y de reacomodarlos en una reservación fuera del área de peligro, los invitó a evacuar el poblado porque éste quedaba dentro del proyecto minero y era indispensable su desaparición.

Ese día, el 10 de septiembre de 1996, en la reunión convocada en el Templo de San Nicolás Tolentino, ante la furia de los asistentes, que con palabras soeces rechazaron el proyecto, inconformes por la pretendida destrucción del poblado pero en especial de sus templos que datan del siglo XVII, se inició una nueva lucha por la preservación del patrimonio cultural e histórico propiedad de los potosinos, por el medio ambiente, y la dignidad del pueblo.

Fue aquí en Cerro de San Pedro donde se inició la primera lucha a nivel nacional contra las mafias industriales del crimen organizado, las mineras canadienses, lucha que ha sido ejemplo y estímulo de las decenas de luchas similares que hoy se libran en todo el país contra la minería contaminante y depredadora. En los 16 años de resistencia, el movimiento conocido como Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) ha asimilado una amplia experiencia en formas y estrategias de lucha contra este novedoso pero criminal sistema de explotación minera y humana.

Así, después de años de resistencia civil pacífica y en ocasiones no tanto, en 1999 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para que Minera San Xavier operara. Estas arbitrarias autorizaciones fueron impugnadas, dado que la zona del proyecto está protegida por decreto del 24 de septiembre de 1993 como “zona de preservación de la vida silvestre”. El decreto deja claro que en esa zona no se podrá instalar ningún tipo de industria. También existe otro decreto de 1962 que prohíbe la extracción de agua del acuífero 2411, o sea el del valle de San Luis que surte de este vital líquido al 45 por ciento de la población de todo el estado de SLP. Además el poblado de Cerro de San Pedro por ley está considerado Zona de Monumentos.

Otro argumento contra la mina es que, por ley, no se permite el depósito de residuos peligrosos en una distancia menor un kilómetro de un río perene o intermitente, de 25 kilómetros de una zona de recarga de un acuífero o de una poblado mayor de cinco mil habitantes. Resulta que a 30 metros de los patios de lixiviación –donde la empresa minera utiliza 16 toneladas diarias de cianuro de sodio disueltas con 32 millones de litros de agua– pasa un río; precisamente ese lugar es zona de recarga del acuífero 2411, y la ciudad de SLP se encuentra a ocho kilómetros del proyecto minero. Todos estos argumentos y muchos más no fueron escuchados por la Semarnat, y sin dar respuesta, ratificó las autorizaciones.

Por lo anterior interpusimos un juicio de nulidad, que recayó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en la Ciudad de México. El uno de septiembre de 2004 la Sala Superior de este Tribunal emitió la sentencia, en que resuelve la nulidad lisa y llana de la autorización de cambio de uso de suelo y la ambiental. O sea, fue una resolución definitiva en la cual el caso quedaba como cosa juzgada.

Por desgracia para todos –dada la extrema vulnerabilidad de nuestro país a la corrupción y la ingobernabilidad, la nula aplicación del Estado de derecho y la complicidad de las autoridades de los diferentes niveles– la empresa minera está operando en la etapa de explotación desde 2007, sin contar con un solo permiso licencia o autorización.

Para este año 2013, ya desapareció la famosa montaña conocida como el Cerro de San Pedro, emblema del Escudo de Armas de nuestra ciudad y Estado. Ni un solo habitante aceptó la reubicación, permanecen en sus hogares, pero eso no fue impedimento para las criminales ambiciones de la empresa. Detona 25 toneladas de explosivos diariamente a 30 metros de la zona habitada, poniendo en peligro la vida de sus habitantes ante el posible derrumbe de sus fincas a causa de la intensidad sísmica causada por las explosiones. Todo esto ante la complacencia e in$en$ibilidad de las autoridades militares que otorgan en esas condiciones las autorizaciones para el uso de explosivos.

Nuestra lucha sigue, el objetivo es diferente, el enemigo a vencer ya no es la empresa minera, ahora es el sistema de gobierno cuyas políticas antisociales se basan en la impunidad, la corrupción y la entrega de nuestro país a las trasnacionales, que con sus criminales proyectos mineros nos dejan un país incapacitado para producir; aire, agua y tierra contaminados, enfermedades incurables, y un futuro escalofriante para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Políticas gubernamentales incestuosas de violación a su madre, La Madre Tierra.

Diez y seis años de lucha contra la adversidad, contra la corrupción y la impunidad que ha invadido a todo el aparato oficial y sus poderes, de represión del gobierno que amenaza y encarcela a los opositores al proyecto minero, y los paramilitares de la empresa Minera San Xavier que nos golpean, amenazan y han tratado no en pocas ocasiones de asesinarnos, pero lo más triste y traumático, en cierta forma entendible, es la insensibilidad de buena parte de la sociedad que se resiste a participar en una lucha que es su lucha, en la que está de por medio su bienestar y la de los suyos.

Vía: La Jornada del Campo

#Minería: Mineras canadienses arrasan con oro de #Oaxaca

Por Érika Ramírez

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social.

San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente de la CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

 

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.

  

Sin consulta previa

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

 

San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.

Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.

Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.

Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción  de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.

Incertidumbre en la salud

Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.

Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.

Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.

La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.

Minería, oscuro panorama

Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.

Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.

Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”.

—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.

—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.

“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”

Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana

La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.

De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.

La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.

Las desigualdades

En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.

El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.

“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

 

San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.

Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.

La defensa empresarial

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.

El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.

—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?

—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.

Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.

Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

INFOGRAFÍA:

La resistencia contra la #minería en Mesoamérica

Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.

Por: Iracema Gavilan

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomuselo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría.  En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional  y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas.  Los panelistas señalaron  los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Letizia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.  De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna  en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción  acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero  (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que  hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Almendares denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios  y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

Vía: desInformémonos.

El conflicto minero en #CerrodeSanPedro. #minería #mineríatóxica

Por: Mario Martínez Ramos, Héctor David Covarrubias Rendón, 

Carlos Covarrubias Rendón y Tonatiuh Hernández Correa

[FOTO: FAO, mina de oro a tajo a cielo abierto en Cerro de San Pedro, S.L.P.]

La construcción del territorio y del desarrollo, por parte del capital y los pueblos en la zona conocida como Cerro de San Pedro, área metropolitana de la capital de San Luis Potosí, se podría comprender bajo una serie de tensiones y disputas entre el espacio lineal, universalizante y el lugar, compenetrado de diversidad, de localidad, atravesados por la corta y larga duración histórica.

Estas tensiones –que pudieran partir desde el descubrimiento del mineral en el Cerro de San Pedro en 1592, o incluso antes- son subyacentes a las geografías semidesérticas y están inscritas en la Gran Chichimeca, la Tierra Nómada en términos de Fábregas Puig. Frontera entre cultivadores y cazadores complejos, que obligó a formular tecnologías especiales de colonización, disímiles a las hechas en el centro y sur del país. Formas que fraguan preguntas clave para comprender la actual región, entre otras, la presencia tlaxcalteca, el rancho, la hacienda, la villa, el presidio y la misión.

La presencia del poder colonial en esta zona se dio a raíz de los hallazgos de la riqueza mineral. Dicha explotación está plagada por la discontinuidad, bajo periodos de bonanza y declive, que provocaron el abandono del lugar hacia 1622. En 1699 resurge por la extracción de plata sosteniéndose hasta 1736. En 1767, en un periodo de declive minero, se gestaron “los tumultos”, originados por el intento de regular la explotación minera artesanal. Dichas rebeliones llegaron a la capital potosina, en barrios ocupados por los indígenas nativos, a excepción de aquellos habitados por tlaxcaltecas.

En 1816 renace el lugar con la instalación de la mina Victoria. En 1925 con la política agraria atada a la norma fundante de 1917, se dota de ejido a Cerro de San Pedro. Se intentó hacer la reconversión de la actividad minera a una de producción agrícola, sin embargo, el proceso se estancó con la llegada de la compañía minera estadounidense ASARCO en 1928, que duró hasta 1948. Ante ello, la mayoría de sus habitantes y ejidatarios, se trasladaron a otros territorios, principalmente al municipio potosino de Charcas, y a Parral, Chihuahua. Con la reforma a leyes agrarias y mineras de finales del siglo XX, se propició la llegada al país de empresas mineras, en el caso que nos ocupa la Minera San Xavier (MSX).

Casi paralelamente, a finales del siglo XX, se da el regreso de antiguos habitantes de Cerro de San Pedro, los cuales son los fundadores del movimiento de resistencia al actual proyecto minero. Una de sus primeras acciones fue la constitución del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro. Estos sujetos han resignificado su territorio, presente en su memoria colectiva; en consonancia con la movilización social han tejido audiencias dentro y fuera del país y lazos con diversos sujetos emergentes. Posteriormente formaron un frente compuesto de ambientalistas, académicos, artistas, sindicalistas y estudiantes enriquecidos con la precisión de los argumentos históricos, culturales, ambientales y jurídicos.

Entre sus herramientas de lucha destaca el uso alternativo del derecho; de internet, y la implementación de alternativas económicas y culturales, que van desde la organización de festivales, protección de naturaleza endémica, pequeños proyectos productivos e incluso restauración de casas con valor histórico.

Se podría advertir que la creación del territorio y de otras nociones del desarrollo desde el lugar, por parte de estos actores, se ha dado en un marco de resistencia multivariada histórica y coyuntural, abierta y carente de dogmatismos, en tanto a formas diversas de resignificar el pensamiento y la acción colectiva, presente en sus distintas escalas, enclaves para futuros proyectos societales que lo hacen parte de nuevos actores en resistencia sobre el actual territorio conocido como Latinoamérica.

Acciones colectivas contra-hegemónicas, en tensión y disputa con la crudeza del actual capitalismo neocolonial, junto a sus síntomas más evidentes de crisis civilizatoria, la construcción hegemónica del territorio y del desarrollo y su nueva tecnología expoliadora tanto del ser humano como de la naturaleza, representada entre otras, en grandes proyectos mineros a cielo abierto.

Desde: La Jornada del campo

La ILEGAL Minera San Xavier, un Tribunal, el PDUCSP y sus autores.

BOLETÍN DE PRENSA

Caso Minera San Xavier  y el Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de San Pedro y Centro de Población. (PDUCSP)

• Minera San Xavier defiende sus ilegales permisos
• La inconstitucionalidad del PDUCSP y sus autores
• Tribunal colegiado busca argumentos favorables a MSX

Después de varios desafortunados intentos de Minera San Xavier mediante amparos por desaparecer el Decreto publicado en el periódico oficial del 24 de septiembre de 1993 “Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” que declara la zona del municipio de Cerro de San Pedro como Zona de Preservación de la Vida Silvestre y prohíbe la instalación de actividades industriales, y que es precisamente donde se asienta el criminal proyecto a tajo a cielo abierto de esta transnacional canadiense,  esta empresa en complicidad con los gobiernos del citado municipio y del estado, así como de la UASLP cuyo Rector es ahora flamante Presidente Municipal del municipio de San Luis Potosí, diseñaron otra forma de desactivar el mencionado decreto que fue el principal sustento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para sentenciar en 2004 y ratificar en 2005 la anulación  lisa y llana del proyecto de la mencionada empresa minera, sentencia que por cierto las autoridades correspondientes se han negado a dar cumplimiento.

Para el perverso plan, desde junio del 2011 los arriba señalados iniciaron reuniones los lunes en la Secretaría de Economía del estado a fin de diseñar un Plan de Desarrollo Municipal mediante el cual se pretendía anular el Decreto de 1993 en el que están inmersos los cinco municipios conurbados a la ciudad capital, así en marzo de 2012 fue publicado el dichoso plan en el periódico oficial del estado y posteriormente en un diario local.

Fue tan jurídicamente artesanal como arbitrario el diseño de este Plan conocido luego como el PDUCSP que sin el consentimiento de los municipios que lo integran, sin el dictamen de congruencia que por ley tiene que dar la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y en total incongruencia jurídica con las normatividades estatales y federales, fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal. Esto motivó su impugnación mediante amparo por parte de Pro San Luis Ecológico A.C, y tocó al -desde hace años cooptado por la empresa minera- Juzgado Primero de Distrito resolver el juicio, no encontró como sobreseerlo y argumentó dolosamente que se interpuso fuera de tiempo, más no pudo evidenciar la argumentación de fondo.

Obviamente inconforme con el resolutivo del juez Primero de Distrito, Pro San Luis Ecológico interpuso un recurso de revisión que toco resolver al también semi-cooptado Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito, lo de semi cooptado es porque en la resolución que este dio al recurso, dos de los tres magistrados también en forma dolosa con argumentos carentes de motivos y fundamentos legales ratificaron la resolución del Juez Primero de Distrito.

Resulta que el restante magistrado Pedro Elías Soto -que originalmente había elaborado el proyecto resolutivo que venía a favor de Pro San Luis Ecológico- no se sumó a la corrupta resolución a la que agregó su voto particular en el cual con fundamentos de plena consistencia jurídica cuestiona y exhibe los falsos argumentos de sus dos compañeros magistrados y su arbitraria resolución, incluso denuncia que las jurisprudencias por estos invocadas ni siquiera encuadran con el asunto a resolver.

Posteriormente, un habitante del poblado afectado interpone un amparo similar contra el mencionado PDUCSP agregando el argumento de que SEMARNAT otorgó una tercera autorización para la operación del proyecto de Minera San Xavier justificándola con el hecho de que ahora ya no tenía motivos para negarla porque ya el uso de suelo de Preservación de la vida silvestre que impedía la actividad minera, el PDUCSP la había cambiado a uso minero. Este amparo se interpuso invocando el artículo 114 de la Ley de Amparo como primer acto de aplicación.

Este amparo toco resolverlo al Juzgado Auxiliar Cuarto de Distrito con sede en Guadalajara, Jal. La Juez encargada de resolverlo haciendo un análisis minucioso de los agravantes expuestos por el quejoso resuelve la nulidad del PDUCSP demostrando su inconstitucionalidad y por consiguiente de la autorización que en base a este Plan otorgó SEMARNAT a Minera San Xavier para el desarrollo de su proyecto.

Resulta que Minera San Xavier interpone un recurso de revisión contra la citada resolución; aun cuando la fundamentación de la nulidad es prácticamente inatacable, la empresa tiene la ventaja de contar con el control del ya mencionado Segundo Tribunal Colegiado, que es el que va a resolver la revisión.

Si hubiera honestidad y este Tribunal Colegiado resuelve conforme a derecho, New Gold-Minera San Xavier se quedaría sin justificaciones leguleyas y dejaría de manifiesto y sin lugar a dudas que desde su llegada ha estado operando en la total ilegalidad por operar en una zona prohibida para este tipo de actividades, y así lo reconoce  SEMARNAT al aclarar que dio su autorización porque ya el uso de suelo no es de preservación de la vida silvestre sino minero, aceptando en forma tácita que las anteriores autorizaciones las otorgó premeditadamente en forma ilegal.

Esta autoridad ambiental desde hace tiempo preparó su coartada y trata de lavarse las manos, en un informe justificado que le solicitó un juzgado de Distrito declaró que las autorizaciones que le ha otorgado a la empresa minera en cuestión, son solo una aceptación ambiental que de ninguna manera implican permiso para que opere, que estas autorizaciones se  dan sin perjuicio de la decisión de las autoridades municipales ya que son ellas las únicas facultadas para negar o aceptar este tipo de proyectos, pero claro, omite decir que fue ella la que desde un principio, para ser exactos, el 8 de agosto del año 2000 otorgó el cambio de uso de suelo a Minera San Xavier a sabiendas de que existía el decreto de septiembre de 1993. También se olvida que en su momento, cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordena comunicar por oficio a Minera San Xavier la nulidad lisa y llana de la autorización ambiental y cambio de uso de suelo que ilegalmente le concedió el 26 de febrero de 1999, en pleno desacato lo que hizo fue otorgarle otra autorización.

13 años de lucha jurídica en la que desde 2004 los más altos tribunales del país nos dieron la razón declarando la nulidad definitiva del proyecto de Minera San Xavier y ratificada dos veces más, en el 2005 y 2009, por razones muy obvias, resulta que esos mismos tribunales fueron tejiendo una estrategia pseudo jurídica mediante la cual poco a poco fueron revirtiendo una resolución que ellos mismos habían resuelto como cosa juzgada hasta ordenar en diciembre del 2012  que fuera archivada por carecer de materia. Caso increíble pero cierto…

El papel que han jugado las autoridades municipales en este caso es crítico, ya que con todo conocimiento de causa,  han estado concediendo durante 12 años permisos y licencias para el desarrollo ilegal de la actividad minera, como son la de uso de suelo, de construcción y  de operación, además de influir como en este caso en el cambio de uso de suelo, violando un decreto que como ya anotamos anteriormente prohíbe la actividad minera en esa zona.

Cerro de San Pedro, S.L.P. Enero 16 de 2013

“FAO”

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Llevan al pleno del Senado el conflicto de la Minera San Xavier; #mineria

[Foto: FAO; Camas y piletas de lixiviación, planta de beneficio de  la ilegal Minera San Xavier en #CerrodeSanPedro]

• Exige suspensión inmediata de la explotación, "que opera ilegalmente"

Se llevó ayer ante el pleno del Senado el conflicto en la Minera San Xavier y propuso que se pida al gobierno federal la suspensión inmediata de los trabajos de la empresa canadiense en ese municipio de San Luis, que opera ilegalmente a pesar de resoluciones judiciales en contra.

La senadora Iris Vianey Mendoza propuso también crear una comisión legislativa de seguimiento a ese tema, ya que, expuso, un opositor al proyecto fue asesinado y otros perseguidos por oponerse al deterioro brutal del medio ambiente

En tribuna, Mendoza destacó que el cuestionamiento social “no es contra la industria minera, que es una actividad imprescindible para la vida humana, desarrollada desde los albores de la civilización. Lo que está en debate es el daño incalculable que significa la minería tóxica, una forma de explotación minera sucia que a cambio de algunas ‘ventajas’ inmediatas hipoteca el futuro de la economía, de nuestro entorno ecológico, vulnera derechos humanos y depreda la vida misma de vastas poblaciones del país”.

Resaltó la senadora que en el caso de la minería a cielo abierto, que  es una destructora voraz y el daño que provoca es irreversible. Como parte del proceso, detalló, “se cavan cráteres gigantescos que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. La pérdida de la biodiversidad es irreversible, así como la modificación agresiva de los paisajes y sus cauces hídricos.

Denunció que la actividad de Minera San Xavier ha dañado el patrimonio histórico y cultural en el municipio Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. El cerro de San Pedro, símbolo de tradición y de potencia minera plasmado en el Escudo de Armas de San Luis Potosí, el lugar fundacional de la ciudad allá por 1592, ya no existe, ha desaparecido para siempre de la faz de la tierra por la explotación minera.

A pesar de la brutal devastación social y ambiental que provoca este tipo de proyectos se extienden cada vez más, con mayor celeridad, en el país, merced a una red internacional de corrupción que permite la compra de voluntades políticas y de jueces.

Fuente: La Jornada

#mineria Análisis del #FAO sobre la última resolución del caso #CerrodeSanPedro

[Estado actual de la devastación ambiental y cultural en #CerrodeSanPedro

Foto: Pro San Luis Ecológico AC; Julio 2012]

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de septiembre de 1993, se emite el Decreto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”., que incluye entre otros, los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, en dicho instrumento elaborado y sustentado en estudios realizados por un equipo de especialistas, se concluyó en lo que respecta al uso de suelo del municipio de Cerro de San Pedro, que el 75 % de su superficie quedara sometida a una política de restauración de la vida silvestre, lo anterior como protección ambiental para el valle de San Luis y su ciudad capital.

El 26 de febrero de 1999 SEMARNAP ahora SEMARNAT a través de la entonces DGOEIA en respuesta a previa solicitud, le otorga a MSX mediante oficio D.OO.P.100.0330 la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para desarrollar un proyecto minero en el municipio de Cerro de San Pedro.

Dado que la autorización era notoriamente violatoria a las normatividades ambientales, Pro San Luis Ecológico A.C. Presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) demanda de nulidad contra dicha autorización. Logrando después de un largo proceso la nulidad de la autorización por medio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, esto el 5 de octubre de 2005.

Ahora bien, no obstante de lo anterior, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ( DGIRA) en desacato a la resolución del TFJFA que ordenó la nulidad lisa y llana de la autorización, otorga una nueva autorización mediante oficio SGPA/DGIRA:DG.0567/06, el cual es nuevamente impugnado, determinándose la ilegalidad del permiso el 12 de noviembre de 2009 mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.7933.10, dejando sin efectos la autorización en materia de impacto ambiental de 10 de abril de 2006 y por otro lado negando a Minera San Xavier S.A. de C.V. la autorización para cambio de uso de suelo y el desarrollo de su proyecto minero metalúrgico denominado “Cerro de San Pedro”.

En ese contexto, a la empresa MSX se le negó por parte de las autoridades ambientales a nivel federal la evaluación de un informe preventivo para el desarrollo de su proyecto metalúrgico que presentó el 11 de mayo de 2010, debido entre otras cosas a la vigencia del decreto de 24 de septiembre de 1993. Así mismo, en otro intento por regularizar sus ilícitas actividades, (ya que opera sin las autorizaciones correspondientes) la mencionada empresa minera presentó el 17 de agosto de 2010 otra manifestación de impacto ambiental en su modalidad MIA Regional; también en este caso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió en noviembre del mismo año negar la autorización ambiental a la multicitada empresa minera.

Ante la imposibilidad de obtener autorizaciones ambientales, las autoridades junto con la empresa implementaron una serie de acciones cuyo objetivo era dejar sin efecto en la zona de Cerro de San Pedro el “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”., que incluye entre otros, los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, que el 75 % de su superficie del municipio de Cerro de San Pedro está sometida a una política de restauración de la vida silvestre, publicándose en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011, del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, mismo que de manera incongruente y regresiva determina que la zona de restauración de Cerro de San Pedro, ahora tiene un uso Industrial.

Como primer acto de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA de la SEMARNAT emite la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011 a la empresa Minera San Xavier- New Gold.

Con fecha 24 de noviembre de 2011, ante la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, un habitante de Cerro de San Pedro, promueve amparo contra el primer acto de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA de la SEMARNAT y referente a la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011, determinándose con fecha 10 de julio de 2012 la anticonstitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P y ordenándose la cancelación de la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011.

En conclusión, Al establecer la anticonstitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, por haber desatendido el principio de progresividad y dejar de proteger Cerro de San Pedro, la Minera San Xavier New Gold, no puede operar en Cerro de San Pedro, pues la supuesta autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011, queda sin efecto, es decir, la firma canadiense opera sin autorización ambiental, contraviniendo la Ley General de Equilibrio Ecológico,

ANALISIS DEL CASO

La razón de otorgar el amparo a un habitante de Cerro de San Pedro, se da en el marco de la Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos de fecha 10 de junio del 2011, experiencia que debe ser un referente para todas las luchas en defensa de sus territorios contra la amenaza de empresas mineras del país a saber:

Con la Reforma Constitucional al Artículo Primero de la Constitución Federal, se creó un nuevo sistema de Control Constitucional en el orden Jurídico Mexicano, el cual implica que todos los actos de autoridad deberán ser armónicos con las garantías constitucionales y los derechos humanos, de dicho artículo se desprende que todas las autoridades están obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación mas favorable al derecho humano de que se trate y garantizando dichos derechos de conformidad con los principios de Universalidad, interdependencia , indivisilidad y progresividad. En este orden de ideas, toma relevancia el Artículo Cuarto Constitucional, en el sentido de la obligación de todas las autoridades en el marco de su competencia de garantizar el derecho humano a la salud y al medio ambiente sano bajo el marco de protección Constitucional reclamable por vía del amparo.

En el caso que nos ocupa, con fecha 24 de septiembre de 1993, se emite el Decreto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”., que incluye entre otros, los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, en dicho instrumento elaborado y sustentado en estudios realizados por un equipo de especialistas, se concluyó en lo que respecta al uso de suelo del municipio de Cerro de San Pedro, que el 75 % de su superficie se deberá someter a una política de restauración de la vida silvestre, lo anterior debido al deterioro que ha sido sometida la zona de Cerro de San Pedro por más de 400 años de actividad minera, es decir, el decreto de 24 de septiembre de 1993, fue un avance y una mejora en la regulación ambiental de la zona cuyo objetivo primordial es la mejora del medio ambiente para así llegar a estándares de vida y salud mejores en la población, no solo del municipio sino de toda la zona que comprenden los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Ahora bien, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P que pretendió dejar sin efecto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”. disminuye la zonificación destinada para la Protección a la Vida Silvestre de 75% a 14.3% lo anterior conlleva a una notable violación a los principios de Progresividad y no regresión, de observancia obligatoria para todas las autoridades de conformidad con el tercer párrafo del numeral 1° Constitucional, conforme al cual queda prohibido a cualquier poder público la adopción de toda regulación que derogue o reduzca el nivel de derechos de los que goza la población.

Es decir, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, implico una regresión en el derecho que habían ganado los habitantes del Poblado de Cerro de San Pedro San Luis Potosí, para proteger la biodiversidad, mermando el derecho a vivir en un ambiente sano y en detrimento de la Salud que establece el artículo 4° Constitucional.

Ahora bien, no debe pasar desapercibido para los luchadores ambientalistas, que son los municipios quienes tienen facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo de su territorio, esto de conformidad con el articulo 115 fracción V inciso d) de la Constitución Federal y que al momento de que una empresa intente obtener las autorizaciones correspondientes, estas deben considerar los principios de Universalidad, interdependencia, indivisilidad y progresividad en sus actuaciones y decisiones. De ahí que todo proyecto que se intente en una zona protegida deberá ser rechazado por ser regresivo según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

No está por demás establecer que de igual forma, es anticonstitucional toda aquella acción de las autoridades que implique desconocer el principio de interdependencia contenido en la normatividad suprema, ejemplo claro lo es Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P el cual es incongruente con las políticas de “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” que incluye entre otros al Municipio de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, pues la política ambiental no puede desaparecer por las fronteras territoriales, pues es innegable la interconexión de los sistemas hidrológicos, atmosféricos, biológicos, forestales etc.

Así entonces el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P realiza independientemente clasificaciones de uso de suelo distintas al “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”. Creando nuevas zonas y definiendo usos de suelo desapareciendo la interdependencia y tomando a la zona de Cerro de San Pedro como una isla independiente sin relación con las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

OTRAS APLICACIONES

Resulta necesario compartir la experiencia de la Lucha de Cerro de San Pedro a otras que en este momento se desarrollan como en el caso de Wirikuta en el Altiplano potosino, como es conocimiento de todos la zona de Wirikuta es por decreto estatal un Área Natural Protegida desde 19 de septiembre de 1994 y abarca 140,211.85 hectáreas en 7 municipios, cuenta con su plan de manejo desde el 6 de junio del 2008, en el cual establece la prohibición de las actividades mineras en la mayor parte de la reserva, sin embargo permite la actividad minera, en la zona del Proyecto La Luz de First Majestic Silver Corp.

Como ocurre en Cerro de San Pedro, el decreto que declara el Área Natural Protegida de Wirikuta en 1994, fue un avance para el Pueblo Wixarika en materia de respeto a sus tradiciones y de acceso a sus territorios ancestrales, sin embargo en sus posteriores modificaciones, el decreto se fue reformando, primero, con fecha 25 de octubre del año 2000 y luego el sábado 9 de junio de 2001, de dichas modificaciones se desprende la cada vez más permisiva aceptación de la industria minera en la zona, tal como lo establece el artículo decimo tercero de dicho ordenamiento de 2001:

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Las Dependencias competentes, solamente otorgarán permisos, licencias y autorizaciones para la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en el Área Natural Protegida “Huiricuta”, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del Estado, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, la Ley General del Vida Silvestre, las Normas Técnicas del Estado que correspondan, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para finalmente establecer el 6 de junio del 2008, zonas de permisividad de la minería desatendiendo el principio de progresividad y no regresión, pues el decreto de 1994, no contemplaba dicha situación.

El caso es que la defensa constitucional del Pueblo Wixarika se podrá ejercer al momento del acto de aplicación del decreto, cuando ocurra la hipotética y futura autorización ambiental para el proyecto de First Majestic Silver Corp. En dicha defensa, se buscaría establecer que el Plan de manejo de Wirikuta es regresivo y por lo tanto anticonstitucional, de igual forma se buscaría establecer la existencia de la violación relativa a que la permisividad de la minería en ciertas zonas de Wirikuta, afectan los sitios sagrados del pueblo original, violando el principio de interdependencia, pues la zona sagrada se debe tomar de forma integral, debido a la necesidad de remediación de la zona que se desprendió de la consulta (aunque deficiente) de 2007.

No esta por demás aclarar que es deseable no llegar hasta estas instancias, pues el desgaste natural del movimiento y la corrupción que envuelve al Poder Judicial Federal en San Luis Potosí, contaminaría la substanciación y el resultado, basta decir que la resolución que declara anticonstitucional el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, no lo hizo un juzgado federal en San Luis, sino uno del Estado de Jalisco, el cual evidentemente actuó independiente e imparcial.