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jueves, 13 de junio de 2013

#Minería Foro de análisis sobre la #LeyMinera, #DerechosHumanos y Movilización Social


El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Proyecto Papiit IN302311 “El derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos originarios frente a los megaproyectos de inversión y desarrollo”)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
RADAR, Colectivo de Estudios Críticos en Derecho,
Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos 
Medio Ambiente y Sociedad AC, Baja California Sur
Agua Vale más que el Oro, Baja California Sur
Tetela hacia el Futuro, Puebla
Colonias Unidas de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán
Frente Amplio Opositor (FAO) a Minera San Xavier, San Luis Potosí
Pro San Luis Ecológico, San Luis Potosí
Copuvo, San José del Progreso, Oaxaca
Territorio comunal de Capulalpan de Méndez, Oaxaca
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC, Guerrero
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida)
Red Mexicana contra la Minería (REMA)


Convocan al

FORO DE ANÁLISIS
MINERÍA, DERECHOS HUMANOS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
Presentación y análisis de la propuesta de Nueva Ley Minera desde los movimientos sociales

Jueves 13 de junio de 2013, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Auditorio Héctor Fix Zamudio

9:30 – 10:00 Inauguración y saludos de participantes: Rodrigo Gutiérrez Rivas (IIJ/UNAM, Mario Martínez (FAO), Senadora Iris V. Mendoza y representantes de otros partidos políticos.

10:00-12:00 Presentación y análisis de la propuesta de una nueva ley minera desde los movimientos sociales.
Modera: Yacotzin Bravo Espinosa (Colectivo RADAR)
Comisión Redactora
Jorge Peláez (UACM/Colectivo RADAR), Francisco Barbosa (Senado-PRD); Francisco Cravioto (FUNDAR)

Francisco López Bárcenas (COAPI)
Jaime Cárdenas Gracia (IIJ, UNAM)
Capulalpan de Méndez, Oaxaca
Medio Ambiente y Sociedad, Baja California Sur.

12:00-2:00 ¿Cómo movilizar el derecho? Análisis sobre las posibilidades de la movilización social a partir de la propuesta de una nueva Ley Minera desde los movimientos sociales.
Modera: Aleida Hernández Cervantes (Posgrado en Derecho UNAM / Colectivo Radar)
Rachel Sieder (CIESAS-DF)
Gilberto López y Rivas (INAH-Morelos)
Movimiento morelense, Morelos
Tetela hacia el futuro, Tetela de Ocampo, Puebla
COPUVO, San José del Progreso, Oaxaca.



Puedes seguir la transmisión en VIVO desde el IIJ-UNAM [http://www.juridicas.unam.mx/tvjuridicas/]


jueves, 28 de febrero de 2013

#Minería: Gol de Minera San Xavier en #SLP


Ante la grave situación que enfrentan las empresas mineras en nuestro país, y en muchos más por el cada vez más creciente rechazo social a sus criminales proyectos, estas tienen que estar constantemente diseñando nuevas formas de congraciarse con la población, cambiando de look , el clásico lobo con piel de oveja,  y en este caso que mejor que aprovechar el fervor distractivo de nuestro pueblo por el  fútbol.

La estrategia de Minera San Xavier de rescatar y patrocinar el equipo local sería un golazo, por un lado porque mantendría a una buena parte de la sociedad distraída de la grave situación por la que atraviesa nuestro país, pero lo más importante, como forma de legitimar socialmente su proyecto minero que ha venido operando en la total ilegalidad desde su llegada a San Luis Potosí hace 17 años.

Las redes de corrupción que desde ese entonces Minera San Xavier ha venido tejiendo dentro de los tres poderes de gobierno están llegando a un nivel crítico, escandaloso, sobre todo en el poder judicial donde jueces y magistrados se ven obligados a dictar anticonstitucionales  sentencias a fin de mantener la ilegalidad de las actividades de la citada empresa minera situación que por su trascendencia jurídica va a ser ventilada ante instancias judiciales superiores con la intervención de otros actores de otras instancias de poder cuyos resultados podrían no ser muy buenos para la empresa minera y menos para los juzgadores.  

La estrategia “deportiva” es muy oportuna para Minera San Xavier, más en estos momentos en que sus mismos grupos de choque están divididos, inconformes por los estragos que la contaminación está causando en la salud de los habitantes de las comunidades más cercanas al proyecto minero y los constantes decesos de sus familiares.  Ante esta situación, para calmar los ánimos, la empresa minera tuvo que desembolsar y repartirles una buena cantidad de dinero, así logró por lo pronto calmar los ánimos y que el problema no trascendiera socialmente.  

San Luis Potosí Febrero de 2013.
FAO 

lunes, 18 de febrero de 2013

#Minería, Deloitte #México: Los 10 retos que las empresas mineras enfrentarán en 2013.

Para estar informados:


De acuerdo con el estudio "Tracking the trends 2013- The top 10 issues mining companies may face in the coming year" (Siguiendo las tendencias de 2013- Los 10 retos que las empresas mineras pueden enfrentar), desarrollado por Deloitte, los altos costos y el aumento en la incertidumbre frente a la demanda, son los retos más inmediatos que enfrenta el sector minero a nivel mundial, sin embargo, estos factores no deben disuadir a los empresarios de hacer inversiones en esta industria.

En su quinta edición, el informe señala que las empresas que prosperarán en el futuro serán aquellas que logren establecer una dirección estratégica sólida y mantengan un ritmo de crecimiento estable frente a los constantes cambios del mercado.

Adicionalmente, destaca que una ola cada vez mayor de volatilidad - incluyendo los precios de los productos básicos, crecientes presiones de costos, la crisis de la eurozona y la desaceleración económica de China - ha llevado a algunas empresas a mantener los proyectos en espera mientras otros han buscado mayores rendimientos a través de iniciativas en entornos geopolíticos más difíciles del mundo. Hacer frente a una situación como la actual requiere de un sofisticado nivel de capacidad analítica por parte de las empresas del sector.

"Ante el cambio en la dinámica de la industria, las empresas mineras deben determinar en dónde centrar sus objetivos y recursos. Una fórmula que a menudo no toman en cuenta es la mejora de sus operaciones y la reducción de costos a fin de asegurarse de obtener el máximo provecho de las tecnologías de información existentes", indicó César Garza, Socio encargado de oficina de Deloitte en la Ciudad de Torreón.

Con base en los resultados del estudio, por segundo año consecutivo, el aumento de los costos encabeza la lista de las cuestiones clave que afectan a la industria minera. "En perspectiva, se espera que esta tendencia no sólo continúe, sino que también crezca en el corto plazo debido a que los precios de los productos básicos siguen a la alza, los trabajadores demandan mejores salarios y el incremento de los costos regulatorios se mantiene. Pero más allá de detener la producción de frente a la demanda de retornos de inversión más inmediatos por parte de los accionistas, los mineros deben hacer inversiones hoy en día para satisfacer la demanda de materias primas en el largo plazo", señala el experto de Deloitte México.

Entre los retos que se espera enfrente el sector minero en 2013, el análisis destaca los siguientes:

"Si consideramos que una tercera parte de las empresas encuestadas incluirán en su plan de negocio la revisión de sus estrategias de movilidad global para los próximos 12 meses, es importante que los responsables de este tipo de programas participen en las discusiones de estrategia con el fin de explicar el valor que pueden aportar las asignaciones al desarrollo del talento, así como la adaptación a los impulsores de negocio que pueden afectar la forma en que estructuran dichos programas", agregó el socio de Deloitte México.
  • Costos más altos: Éste sigue siendo el principal reto por segundo año consecutivo. La volatilidad de la moneda y los altos costos de operación están afectando las decisiones sobre la producción y proyectos de expansión. Para mantener los costos bajo control, las empresas mineras deben establecer claramente sus factores de precios, mejorar la eficiencia de los activos y su modelo de funcionamiento, así como racionalizar las iniciativas de la cadena de suministro.
  • Desaceleración de proyectos de capital: Aunque los ejecutivos mineros se resisten a autorizar nuevos gastos de capital en un momento de márgenes apretados y presión constante para pagar dividendos a los accionistas, el informe sugiere que la respuesta correcta debe basarse en inversiones disciplinadas a través de medidas como la racionalización de proyectos, mejora de la eficiencia del capital, análisis de datos y la garantía de ejecución de iniciativas de calidad.
  • El aumento en el volumen de fusiones y adquisiciones: Como resultado del limitado financiamiento de deuda, algunas empresas mineras están tratando de introducir ofertas preventivamente con los socios de su elección a través de "fusiones y adquisiciones proactivas". Para mejorar las probabilidades de éxito transaccional, el informe sugiere que la participación en el due dilligence sea más exhaustivo para evaluar a los posibles socios y planificar por adelantado la integración de éstos.
  • Lucha contra la corrupción: Las empresas mineras ya están adoptando estándares globales de transparencia para contrarrestar los riesgos que plantea la corrupción; aun así, se necesitan prácticas más responsables frente al mayor escrutinio de los reguladores, tanto de ellos mismos y sus socios, proveedores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios. La lucha contra la corrupción requiere la adopción de sólidas prácticas corporativas y procedimientos, incluyendo gestión de relaciones con terceros, programas internos de cumplimiento e investigación.
  • Un nuevo nivel de comportamiento responsable: La responsabilidad social corporativa se extiende más allá de las evaluaciones de impacto y ahora requiere cumplir con las expectativas y demandas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras partes interesadas, así como operar con mayores niveles de transparencia y sustentabilidad.
  • Escasez de habilidades: Las empresas mineras deben hacer frente a la escasez de personal calificado a través del fortalecimiento de habilidades de su equipo, volver a capacitar a colaboradores con un enfoque centrado en el cumplimiento de diferentes funciones, acciones de reclutamiento a través de bolsas de trabajo no tradicionales y patrocinio de programas universitarios.

"Las empresas mineras que proactivamente puedan hacer frente a dichos retos estarán en mejores condiciones para satisfacer las necesidades futuras, con altas probabilidades de fortalecer su rol en procesos de progreso y desarrollo de las comunidades en las que operan, así como generar el crecimiento de puestos de trabajo y formación de talento en todo el mundo", concluyó César Garza de Deloitte México.

Para conocer más acerca de la perspectiva de Deloitte (inglés), dé clic aquí.

Lea o imprima el reporte de Deloitte: Los 10 retos que las compañías mineras enfrentarán en 2013. [Rastreando las tendencias 2013 (inglés)]




Por: Deloitte México
México, D.F.; Febrero, 2013.

domingo, 29 de julio de 2012

#mineria Análisis del #FAO sobre la última resolución del caso #CerrodeSanPedro


[Estado actual de la devastación ambiental y cultural en #CerrodeSanPedro
Foto: Pro San Luis Ecológico AC; Julio 2012]

ANTECEDENTES


Con fecha 24 de septiembre de 1993, se emite el Decreto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”., que incluye entre otros, los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, en dicho instrumento elaborado y sustentado en estudios realizados por un equipo de especialistas, se concluyó en lo que respecta al uso de suelo del municipio de Cerro de San Pedro, que el 75 % de su superficie quedara sometida a una política de restauración de la vida silvestre, lo anterior como protección ambiental para el valle de San Luis y su ciudad capital.


El 26 de febrero de 1999 SEMARNAP ahora SEMARNAT a través de la entonces DGOEIA en respuesta a previa solicitud, le otorga a MSX mediante oficio D.OO.P.100.0330 la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para desarrollar un proyecto minero en el municipio de Cerro de San Pedro.


Dado que la autorización era notoriamente violatoria a las normatividades ambientales, Pro San Luis Ecológico A.C. Presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) demanda de nulidad contra dicha autorización. Logrando después de un largo proceso la nulidad de la autorización por medio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, esto el 5 de octubre de 2005.


Ahora bien, no obstante de lo anterior, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ( DGIRA) en desacato a la resolución del TFJFA que ordenó la nulidad lisa y llana de la autorización, otorga una nueva autorización mediante oficio SGPA/DGIRA:DG.0567/06, el cual es nuevamente impugnado, determinándose la ilegalidad del permiso el 12 de noviembre de 2009 mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.7933.10, dejando sin efectos la autorización en materia de impacto ambiental de 10 de abril de 2006 y por otro lado negando a Minera San Xavier S.A. de C.V. la autorización para cambio de uso de suelo y el desarrollo de su proyecto minero metalúrgico denominado “Cerro de San Pedro”.


En ese contexto, a la empresa MSX se le negó por parte de las autoridades ambientales a nivel federal la evaluación de un informe preventivo para el desarrollo de su proyecto metalúrgico que presentó el 11 de mayo de 2010, debido entre otras cosas a la vigencia del decreto de 24 de septiembre de 1993. Así mismo, en otro intento por regularizar sus ilícitas actividades, (ya que opera sin las autorizaciones correspondientes) la mencionada empresa minera presentó el 17 de agosto de 2010 otra manifestación de impacto ambiental en su modalidad MIA Regional; también en este caso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió en noviembre del mismo año negar la autorización ambiental a la multicitada empresa minera.


Ante la imposibilidad de obtener autorizaciones ambientales, las autoridades junto con la empresa implementaron una serie de acciones cuyo objetivo era dejar sin efecto en la zona de Cerro de San Pedro el “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”., que incluye entre otros, los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, que el 75 % de su superficie del municipio de Cerro de San Pedro está sometida a una política de restauración de la vida silvestre, publicándose en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011, del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, mismo que de manera incongruente y regresiva determina que la zona de restauración de Cerro de San Pedro, ahora tiene un uso Industrial.


Como primer acto de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA de la SEMARNAT emite la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011 a la empresa Minera San Xavier- New Gold.


Con fecha 24 de noviembre de 2011, ante la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, un habitante de Cerro de San Pedro, promueve amparo contra el primer acto de aplicación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA de la SEMARNAT y referente a la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011, determinándose con fecha 10 de julio de 2012 la anticonstitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P y ordenándose la cancelación de la autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011.


En conclusión, Al establecer la anticonstitucionalidad del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, por haber desatendido el principio de progresividad y dejar de proteger Cerro de San Pedro, la Minera San Xavier New Gold, no puede operar en Cerro de San Pedro, pues la supuesta autorización S.G.P.A./D.G.I.R.A/D.G/5968 de fecha 5 de agosto del 2011, queda sin efecto, es decir, la firma canadiense opera sin autorización ambiental, contraviniendo la Ley General de Equilibrio Ecológico,


ANALISIS DEL CASO


La razón de otorgar el amparo a un habitante de Cerro de San Pedro, se da en el marco de la Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos de fecha 10 de junio del 2011, experiencia que debe ser un referente para todas las luchas en defensa de sus territorios contra la amenaza de empresas mineras del país a saber:


Con la Reforma Constitucional al Artículo Primero de la Constitución Federal, se creó un nuevo sistema de Control Constitucional en el orden Jurídico Mexicano, el cual implica que todos los actos de autoridad deberán ser armónicos con las garantías constitucionales y los derechos humanos, de dicho artículo se desprende que todas las autoridades están obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación mas favorable al derecho humano de que se trate y garantizando dichos derechos de conformidad con los principios de Universalidad, interdependencia , indivisilidad y progresividad. En este orden de ideas, toma relevancia el Artículo Cuarto Constitucional, en el sentido de la obligación de todas las autoridades en el marco de su competencia de garantizar el derecho humano a la salud y al medio ambiente sano bajo el marco de protección Constitucional reclamable por vía del amparo.


En el caso que nos ocupa, con fecha 24 de septiembre de 1993, se emite el Decreto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”., que incluye entre otros, los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, en dicho instrumento elaborado y sustentado en estudios realizados por un equipo de especialistas, se concluyó en lo que respecta al uso de suelo del municipio de Cerro de San Pedro, que el 75 % de su superficie se deberá someter a una política de restauración de la vida silvestre, lo anterior debido al deterioro que ha sido sometida la zona de Cerro de San Pedro por más de 400 años de actividad minera, es decir, el decreto de 24 de septiembre de 1993, fue un avance y una mejora en la regulación ambiental de la zona cuyo objetivo primordial es la mejora del medio ambiente para así llegar a estándares de vida y salud mejores en la población, no solo del municipio sino de toda la zona que comprenden los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.


Ahora bien, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P que pretendió dejar sin efecto “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”. disminuye la zonificación destinada para la Protección a la Vida Silvestre de 75% a 14.3% lo anterior conlleva a una notable violación a los principios de Progresividad y no regresión, de observancia obligatoria para todas las autoridades de conformidad con el tercer párrafo del numeral 1° Constitucional, conforme al cual queda prohibido a cualquier poder público la adopción de toda regulación que derogue o reduzca el nivel de derechos de los que goza la población.


Es decir, el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, implico una regresión en el derecho que habían ganado los habitantes del Poblado de Cerro de San Pedro San Luis Potosí, para proteger la biodiversidad, mermando el derecho a vivir en un ambiente sano y en detrimento de la Salud que establece el artículo 4° Constitucional.


Ahora bien, no debe pasar desapercibido para los luchadores ambientalistas, que son los municipios quienes tienen facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo de su territorio, esto de conformidad con el articulo 115 fracción V inciso d) de la Constitución Federal y que al momento de que una empresa intente obtener las autorizaciones correspondientes, estas deben considerar los principios de Universalidad, interdependencia, indivisilidad y progresividad en sus actuaciones y decisiones. De ahí que todo proyecto que se intente en una zona protegida deberá ser rechazado por ser regresivo según la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.


No está por demás establecer que de igual forma, es anticonstitucional toda aquella acción de las autoridades que implique desconocer el principio de interdependencia contenido en la normatividad suprema, ejemplo claro lo es Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P el cual es incongruente con las políticas de “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” que incluye entre otros al Municipio de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, pues la política ambiental no puede desaparecer por las fronteras territoriales, pues es innegable la interconexión de los sistemas hidrológicos, atmosféricos, biológicos, forestales etc.


Así entonces el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P realiza independientemente clasificaciones de uso de suelo distintas al “Plan De Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada”. Creando nuevas zonas y definiendo usos de suelo desapareciendo la interdependencia y tomando a la zona de Cerro de San Pedro como una isla independiente sin relación con las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.


OTRAS APLICACIONES


Resulta necesario compartir la experiencia de la Lucha de Cerro de San Pedro a otras que en este momento se desarrollan como en el caso de Wirikuta en el Altiplano potosino, como es conocimiento de todos la zona de Wirikuta es por decreto estatal un Área Natural Protegida desde 19 de septiembre de 1994 y abarca 140,211.85 hectáreas en 7 municipios, cuenta con su plan de manejo desde el 6 de junio del 2008, en el cual establece la prohibición de las actividades mineras en la mayor parte de la reserva, sin embargo permite la actividad minera, en la zona del Proyecto La Luz de First Majestic Silver Corp.


Como ocurre en Cerro de San Pedro, el decreto que declara el Área Natural Protegida de Wirikuta en 1994, fue un avance para el Pueblo Wixarika en materia de respeto a sus tradiciones y de acceso a sus territorios ancestrales, sin embargo en sus posteriores modificaciones, el decreto se fue reformando, primero, con fecha 25 de octubre del año 2000 y luego el sábado 9 de junio de 2001, de dichas modificaciones se desprende la cada vez más permisiva aceptación de la industria minera en la zona, tal como lo establece el artículo decimo tercero de dicho ordenamiento de 2001:


ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Las Dependencias competentes, solamente otorgarán permisos, licencias y autorizaciones para la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en el Área Natural Protegida “Huiricuta”, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del Estado, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, la Ley General del Vida Silvestre, las Normas Técnicas del Estado que correspondan, y demás disposiciones jurídicas aplicables.


Para finalmente establecer el 6 de junio del 2008, zonas de permisividad de la minería desatendiendo el principio de progresividad y no regresión, pues el decreto de 1994, no contemplaba dicha situación.


El caso es que la defensa constitucional del Pueblo Wixarika se podrá ejercer al momento del acto de aplicación del decreto, cuando ocurra la hipotética y futura autorización ambiental para el proyecto de First Majestic Silver Corp. En dicha defensa, se buscaría establecer que el Plan de manejo de Wirikuta es regresivo y por lo tanto anticonstitucional, de igual forma se buscaría establecer la existencia de la violación relativa a que la permisividad de la minería en ciertas zonas de Wirikuta, afectan los sitios sagrados del pueblo original, violando el principio de interdependencia, pues la zona sagrada se debe tomar de forma integral, debido a la necesidad de remediación de la zona que se desprendió de la consulta (aunque deficiente) de 2007.


No esta por demás aclarar que es deseable no llegar hasta estas instancias, pues el desgaste natural del movimiento y la corrupción que envuelve al Poder Judicial Federal en San Luis Potosí, contaminaría la substanciación y el resultado, basta decir que la resolución que declara anticonstitucional el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P, no lo hizo un juzgado federal en San Luis, sino uno del Estado de Jalisco, el cual evidentemente actuó independiente e imparcial.

domingo, 22 de julio de 2012

#Mineria trasnacional, gran destructora del medio ambiente

La Jornada
Fernando Camacho Servín
21 julio 2012

  • Opositores a la explotación a cielo abierto analizan los daños causados por este modelo
  • Estas empresas ocacionan el rompimiento del tejido social donde se asientan
  • Urge encontrar alternativas sustentables acordes a las necesidades de los pueblos afectados, dicen


[Foto: REMA | Conferencia de prensa en el Centro PRODH | Diplomado REMA]

Las actividades de las grandes empresas mineras trasnacionales se han convertido en uno de los mayores polos de destrucción del medio ambiente y del rompimiento del tejido social de las comunidades donde se asientan, por lo que es urgente encontrar alternativas económicas sustentables desde la óptica y las necesidades de los pueblos afectados.

Así lo afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales durante la inauguración del Diplomado REMA "Alternativas al modelo extractivo minero", organizado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en donde se analizaron las implicaciones negativas de dicha actividad económica.

En 11 años han extraído más de 250 toneladas de oro

Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), subrayó que en los recientes 11 años, las compañías mineras han extraído del país más de 250 toneladas de oro, 2.5 veces más que el obtenido durante los 300 años de dominio colonial, y en la actualidad tienen en concesión un tercio del territorio nacional, equivalente a la superficie de España.

Eso les puede dar una idea de la velocidad, intensidad y magnitud de cómo han destruido y dividido pueblos, y en muchos casos también envenenado y condenado el futuro de varias generaciones, sin que el gobierno lo impida, por lo cual es necesario diseñar nuevos modelos de desarrollo a partir de las necesidades de la gente, y no de las trasnacionales.

El activista indicó que el 95 por ciento de los 2 mil 735 yacimientos mineros del país son de pequeña escala –de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010– y no producen daños ambientales graves, el problema es la minería de alta contaminación y alta destrucción que no es regulada por el gobierno.

Una muestra del poder de dichas entidades, subrayó, es el hecho de que en el golpe de Estado contra el ex presidente hondureño Manuel Zelaya, en junio de 2009, las empresas mineras hayan aportado recursos y personal para fortalecer la asonada de los militares insurrectos.

Gustavo Lozano, del Centro Mexicano de Justicia Ambiental, detalló por su parte que los pasados 14 y 15 de julio se realizó en Guatemala el llamado Tribunal Popular Internacional de Salud, iniciativa promovida por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), en donde se realizó un juicio simbólico contra la empresa canadiense Goldcorp.

Dicha compañía, explicó, ha sido una de las que mayores afectaciones ha causado en diversos países del continente americano, como lo demuestran los casos de las minas en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala; Carrizalillo, México, y Valle de Siria, en Honduras.

En todas ellas, ha habido registro de daños brutales tanto para la población como para el medio ambiente, entre ellos la aparición de múltiples enfermedades respiratorias y gastrointestinales, además de partos prematuros o con malformaciones, y muertes ocasionadas por inhalación del cianuro que se utiliza en la minería a cielo abierto para separar el oro u otros metales preciosos de la roca.

La llegada de las mineras, dijo, rompe el tejido social de las comunidades al ofrecer un modelo de empleo y desarrollo económico insustentable que divide a quienes lo rechazan de quienes lo apoyan por necesidad o ignorancia; atenta contra la estabilidad alimentaria de los pueblos, y da pie a fenómenos como el aumento del alcoholismo y la drogadicción, por lo que llamó a organizarse para repudiar la entrada de esas compañías.

Rurik Hernández, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO), aseveró que en años recientes Goldcorp ha tenido un crecimiento rápido y agresivo en el mercado internacional, en gran medida por los megaproyectos de la mina Los Filos, en Carrizalillo, Guerrero, y Peñasquito, en Zacatecas, además de otra decena de yacimientos de menor tamaño, entre ellos el de Camino Rojo, cercano a la zona sagrada huichola de Wirikuta.

Medidas cautelares en favor de guatemaltecos

La peligrosidad de Goldcorp es tal, advirtió, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de varias personas en Guatemala, luego de que agentes de seguridad de la compañía y militares cercanos a ella fueran acusados de violar a mujeres en las comunidades donde se asentaban las minas.

Por todo ello, indicó, es lamentable que la Universidad Nacional Autónoma de México haya aceptado un donativo de dicha empresa canadiense, supuestamente para apoyar un programa de becas para la Fundación UNAM.

Nos extraña que la máxima casa de estudios acepte dinero sucio de Goldcorp, por eso hacemos un llamado enérgico para que lo devuelva, como hicieron en su momento diversos académicos de la Universidad de Córdoba, Argentina.

martes, 26 de junio de 2012

REMA: Había un País, Hay un País, Hay una Regeneración en Marcha

Había un país que se decía era un cuerno de la abundancia, pues ni la larga historia de saqueo colonial y neocolonial de casi 500 años, se lo acabó; pero llego la llamada modernidad neoliberal y en poco más del último cuarto de siglo acumuló una deuda (un pasivo) ambiental del tamaño una vez y medio el valor de toda la riqueza producida en un año (el PIB).

De continuar esta política estaremos heredándole al pueblo que ya nació, una de las deudas más altas del planeta, creada por un modelo basado en dogmas fracasados que benefician a un puñado de empresas ambiciosas en complicidad con funcionarios corruptos o irresponsables.

Una destacadísima parte de ese modelito ha sido la política minera que ha entregado más de un tercio del territorio nacional en concesiones mineras. Concesiones que una vez bajo el control privado, se venden, compran, transfieren o unifican bajo mecanismos especulativos de las bolsas de valores, y se interpretan y ejercen como patentes de corso con protección de funcionarios a su servicio o complicidad. La minera en Cerro de San Pedro, SLP es el ejemplo mas descarado, aunque no único, de funcionar sin permisos,  contra las leyes y la vida de la comunidad.  

[Foto: Lilia Avalos; Explotación minera en Cerro de San Pedro, S.L.P. por New Gold-Minera San Xavier].

El gran López Velarde, refiriéndose al petróleo, hablo de los veneros del diablo; para nuestro tiempo la escala de la tecnología minera, sobre todo de la minería metálica, y su gran capacidad destructiva,  esta arrasando con veneros y dejando cráteres lunares y páramos como cicatrices sobre la Suave Matria Mexicana. 

Y si el poeta resucitara ahora se moriría de ver su querida Zacatecas entregada y gobernada por el capital trasnacional. Porque donde el modelo extractivo minero trasnacional o trasnacionalizado se asienta, se convierte en Poder dentro del Estado, las instituciones quedan a su servicio y sociedad y medio ambiente son un insumo desechable.

“Es  un proceso agresor, depredador y  manipulador que posiciona los intereses económicos por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural. Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el “maquillaje  verde”,  la  responsabilidad  social  empresarial y se autodefine como  “minería verde, sustentable y responsable”, que promueve en nuestros países el falso mito del “desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios” (Declaración Política del M4).

Los actuales actos de propaganda gubernamental y trasnacional sobre los supuestos beneficios económicos de la gran minería, se deben poner en la balanza real con los daños y los costos de la deuda socio-ambiental y política para el país. Ya no se puede seguir escondiendo los daños bajo el tapete de la retorica de la responsabilidad empresarial voluntaria. El modelo extractivo minero de alto impacto responde a la lógica implacable de la ganancia especulativa y poco le importa la Suave Matria Mexicana del futuro.  

Por esos daños y amenazas ha surgido un creciente movimiento comunitario de escala nacional que resiste y lucha por impedir que se expanda la metástasis minera y destruya el territorio y lo que todavía queda del imaginado cuerno de la abundancia.

Como el tratamiento al cáncer, exigimos políticas públicas del tamaño del daño actual y potencial. Aquí ni los placebos, ni las aspirinas funcionan. Se requiere recuperar soberanía sobre los bienes naturales de la Nación y el patrimonio de las comunidades. 

El verdadero realismo y pragmatismo, con visión de futuro para las comunidades, requiere construir políticas de transición que nos garantice salir del modelo extractivo minero destructor. Y como  etapa preventiva se requiere la prohibición expresa de la minería con uso del paquete tóxico altamente peligroso.

Aún sin reforma legal, bastaría detener el entierro neoliberal del Derecho Agrario y ejercerlo con firmeza junto a las facultades municipales, el derecho ambiental y los compromisos del derecho internacional, para ponerle un primer alto a la metástasis generalizada minera. Al anacronismo y corrupción institucional, como a los vampiros, los espanta la luz, la transparencia y la firme rendición de cuentas.  La firme  exigencia fiscal y el pago de adeudos le darían al Estado Republicano poder para detener la grave erosión de la soberanía nacional, los asesinatos y la criminalización de la protesta social que promueven las mineras y respaldan sus embajadas. 

Los movimientos sociales comunitarios afectados por la minería se han puesto en marcha para exigir y ejercer sus derechos, pero también para contribuir a regenerar las condiciones locales y nacionales que nos garanticen una Matria donde tengan prioridad y congruencia los valores sociales y de la naturaleza.

Gracias
Ing. Mario Martínez Ramos y Dr. Alejandro Villamar,
Miembros de la Coordinación Nacional de REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería)
La Paz, B.C.S. Febrero 06 de 2012