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sábado, 20 de abril de 2013

#FAO: La historia de la #Minería en #México


Por: Mario Martinez Ramos, Frente Amplio Opositor a MSX (FAO)/Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

La historia de la minería en México a partir de su actividad a nivel industrial está marcada por el saqueo de nuestros recursos naturales no renovables hacia otros países, por la explotación humana y por una cadena de impactos de todo tipo causados por los diversos sistemas de explotación y beneficio de los valores metálicos.

Los avances tecnológicos y científicos han evolucionado y transformado estos sistemas, la minería subterránea tradicional quedó atrás y aparecen nuevos sistemas con características mucho más agresivas conocidos como tajos a cielo abierto, como en el caso de la canadiense New Gold - Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, y la actual minería subterránea por el sistema de tumbe y relleno de la también canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlan en San José del Progreso, Oaxaca. Dos casos muy sonados, el primero por el escándalo jurídico que dejó al descubierto las grandes redes de corrupción tejidas por las empresas mineras dentro del Poder Judicial, que van desde una simple mesa del ministerio público hasta los más altos tribunales del país, y el segundo por la gran cantidad de activistas opositores asesinados.

No podemos negar la importancia de la minería en el desarrollo tecnológico, económico y social del país. Pero es más importante la preservación de la biodiversidad, que es el sostén de la vida y el bienestar social. Las actuales empresas mineras no reconocen que hay realidades sociales, derechos laborales, ambientales y humanos; derechos de los pueblos indígenas, y otros aspectos que no se pueden soslayar ni legitimar como es la expulsión forzada de comunidades, su desaparición y el despojo de agua y tierra, indispensables para su supervivencia.

Con estos nuevos sistemas las únicas beneficiadas siguen siendo las grandes empresas mineras nacionales y transnacionales. Les permiten reducir en 80 por ciento la planta laboral y en menor tiempo duplicar la capacidad de producción comparada con los sistemas utilizados anteriormente. Basta ver las estadísticas de los diez años recientes en producción de oro y plata: duplican lo que se produjo en los 300 años anteriores, y no es mayor por la resistencia que decenas de comunidades oponen. A cambio, los costos sociales, ambientales, económicos y políticos que estos sistemas causan al país son incalculables, además de irreversibles pues dejan una irreparable deuda ecológica para las próximas generaciones.

Para introducir y aplicar estos nuevos sistemas de explotación minera en nuestro país, previo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias como son la de Aguas Nacionales, la Agraria, la de Inversión Extranjera, la Minera, entre otras, con el fin de allanar el paso a las grandes empresas nacionales y transnacionales a las tierras de régimen social, ejidales y comunales.

El marco “ilegal” de la ley minera diseñado en 1992 y sus modificaciones posteriores han fomentado en forma alarmante la impunidad jurídica de las empresas, y la pérdida de los más elementales derechos de la población. La ley minera es única, acusa una total discordancia constitucional y para con otras leyes también reglamentarias del artículo 27, lo cual genera conflictos jurídicos que entorpecen la instalación de estas empresas por la vía legal, situación que las ha obligado a crear extensas redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno. También han creado redes militares, religiosas y académicas, por lo cual el conflicto causado por la actividad minera se ha convertido en un asunto de gobernabilidad y seguridad nacional. Ante esta crítica situación, el Poder Legislativo está discutiendo la necesidad de una nueva ley minera. 

A estas alturas, ya es imposible ocultar y desestimar los graves daños ambientales, económicos, sociales y políticos que la actividad minera está causando al país, muy en especial al campo. La diversidad biológica de nuestro país tiene la capacidad de producir en forma sustentable y perene una gran gama de productos indispensables no únicamente para el crecimiento económico, sino también para el bienestar de millones de mexicanos.

La actividad minera está prácticamente exenta de impuestos, tampoco genera actividades transformativas, o sea se limita al extractivismo de minerales y no a su aprovechamiento industrial.  La mayor parte de esta actividad se dedica a la explotación de minerales con contenidos de oro y plata, cientos de toneladas de estos productos minerales salen de nuestro país anualmente incluso sin afinar, en lingotes de doré, por lo cual no generan cadenas productivas y tampoco empleos. A cambio, nos dejan aire, agua y tierras contaminadas, improductivas de forma irreversible; montañas de desechos tóxicos, corrosivos, productores de drenajes ácidos, cuya actividad contaminante afecta por cientos de años nuestras tierras y depósitos de agua  subterránea y superficial.

El impacto que sufren las fuentes de agua superficiales o subterráneas a causa de los sistemas minero metalúrgicos es realmente criminal, no sólo por las grandes cantidades de agua que utilizan, sino también por el uso que le dan. 

Por ejemplo, en Mazapil, Zacatecas, para el proceso de lixiviación, la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio. Esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico. En el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, New Gold Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso. En los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar a 300 mil personas con cien litros diarios, cuando en la ciudad carecen cientos de miles de personas de este vital líquido.

No es posible que por el desarrollo de un proyecto minero con una capacidad de actividad-tiempo limitado, que lo único que produce es saqueo, contaminación, desestabilidad social, se sacrifique el consumo humano y se cancelen de por vida actividades perenes, sustentables y de incuestionable utilidad pública como son las agrícolas y ganaderas.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Como podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente? 

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como es el caso de los que aprovecha la actividad minera, requiere concepciones de visión de largo plazo y de responsabilidad generacional. 

Hoy la responsabilidad de la explotación de los recursos naturales se enfrenta a nuevos desafíos, están avanzando en forma secreta y acelerada las negociaciones para el acuerdo estratégico transpacífico al que se incorporó nuestro país en junio de 2012, y el cual entre otros leoninos artículos destaca el que los gobiernos parte de este acuerdo, no aprueben leyes en materia de medio ambiente, salud y trabajo que afecten los intereses de las corporaciones multinacionales. Este pretendido acuerdo es aún más antisocial y lesivo que el TLCAN. El acuerdo transpacífico no es sólo con nuestro país, tiene influencia regional y su finalidad es asegurar los mercados necesarios para la  reproducción capitalista. 

En ese contexto y en estos momentos, las iniciativas de ley son retos de conciencia y de responsabilidad para con nuestro país, tarea que ya no puede ser exclusiva del Poder Legislativo con casi nula credibilidad en estas tareas. Ya está operando la sociedad por medio de los grupos organizados y de los justos reclamos de las  comunidades afectadas por el despojo de su patrimonio territorial.

Publicado en La jornada del Campo No. 67, edición impresa.

miércoles, 27 de marzo de 2013

#Minería: Mineras canadienses arrasan con oro de #Oaxaca



Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social.



San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente de la CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados


 

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.
  
Sin consulta previa

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.




San José del Progreso, explotación y miseria


San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

 


San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.

Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.

Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.

Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción  de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.

Incertidumbre en la salud



Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.

Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.

Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.

La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.


Minería, oscuro panorama

Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.

Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.

Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”.

—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.

—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.

“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”

Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana

La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.

De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.

La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.


Las desigualdades

En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.

El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.

“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”


Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

 

San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.

Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.


La defensa empresarial

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.

El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.

—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?

—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.

Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.

Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

INFOGRAFÍA:


lunes, 28 de enero de 2013

La resistencia contra la #minería en Mesoamérica


Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.


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Por: Iracema Gavilan

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomuselo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría.  En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional  y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas.  Los panelistas señalaron  los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Letizia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.  De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna  en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción  acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero  (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que  hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Almendares denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios  y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

jueves, 15 de noviembre de 2012

Sangre en la Plata: El alto costo de las concesiones mineras en Oaxaca.


Traducción 


12 de noviembre 2012
Por David Bacon

El autor agradece a Jorge Hernández por su ayuda en la investigación para este artículo.

SAN JOSE DEL PROGRESO, OAXACA-En la sala principal de la casa Avigahil Vásquez Sánchez en San José del Progreso, ha instalado una docena de cabinas telefónicas poco utilizada por residentes de la ciudad que no tienen teléfono propio. Fuera de las ventanas por encima de los teléfonos, la calle bordeada de árboles conduce a los campos, a los pies de las colinas coronadas de nubes. San José, en el borde de un valle una hora al sur de la capital de Oaxaca, es una ciudad bonita.

Pero este ambiente aparentemente pacífico es engañoso. Desde que una mina comenzó a operar en la zona, los residentes que pasan en la carretera se ven unos a otros con desconfianza. El miedo es palpable en la casa de Vásquez también. Y una noche en marzo pasado sus temores se hicieron realidad. Recuerda esperando en casa de su hermano Bernardo que regresaba desde el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca:

Él nos llamó a las seis de la tarde. Le pedí que nos espera en el aeropuerto, porque había gente en buscandolo. El día antes un desconocido había estado preguntando por él, y esa noche llegó una mujer pidiendo que haga una llamada telefónica. No nos dimos cuenta de lo que iba a pasar, que no era más que averiguar el tiempo en que estaría dejando Oaxaca.

En todos los cruces de la carretera había gente mirando para ver cuando iba a pasar. Después de parar en una gasolinera vio que había un coche tras él. Luego había otro coche junto a él. Pensó que podría ser uno de los conductores de taxis de nuestra ciudad, pero no fue así. Cuando el coche se detuvo junto a él comenzaron a disparar. Los disparos le dieron en la espalda, y lo obligó a salir de la carretera en el cruce de Santa Lucía, donde cayó sobre el volante. Mi primo estaba sentado junto a él, y recibió un disparo en la pierna -. Avigahil Vasquez

Jaime Vásquez Valencia, un conductor de taxi que pasaba, se detuvo a ayudar. Puso Vásquez y su hermano herido y un primo en su taxi y se dirigió a la ciudad más cercana. En el momento en que llegaron, Bernardo Vásquez ya estaba muerto. Los paramédicos llevaron a sus dos compañeros heridos al Hospital de Especialidades en San Bartolo Coyotepec.

El asesinato fue planeado. Sabíamos que estaba molestando a la mina, porque estaba recibiendo una gran cantidad de amenazas. Era muy tranquilo al respecto, pero él me dijo: "Sé que voy a morir, porque a la mina no le gusta lo que estoy haciendo." "La mayoría de las amenazas fueron por teléfono. Me decían: "Tu sabes, Bernardo, vas a morir". "Había una amenaza escrita en la pared del vertedero debajo de la presa, diciendo:" Tu fin ha llegado. " Folletos aparecieron en la ciudad, diciendo: "El fin de Bernardo Vásquez ha llegado". Cuando le decía que tuviera cuidado, él me decía: "Tengo que quedarme aquí. Si mi muerte se acerca, lo acepto." Él vino a ayudar a la gente despierta, y debido a su valentía, mucha gente lo siguió -. Avigahil Vásquez.

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Avigahil Vásquez Sánchez, hermana de Bernardo Vásquez, asesinado en marzo, en su casa y la oficina de la resistencia.

La guerra civil en el interior de San José del Progreso comenzó cuando Fortuna Silver Mines, una empresa dirigida por ingenieros de minas del Perú y respaldado por inversionistas canadienses, decidió abrir una mina moderna en una zona donde la pequeña prospección había tenido lugar durante muchos años. Lo que la compañía y su subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, preveía estaba lejos de ser una operación pequeña. En 2006 el gobierno federal otorgó a la empresa una concesión que abarca 223 millas cuadradas de tierra. En su página web, la empresa se refiere a esta área como "brownfields". Hoy se excava y aplasta 1.500 toneladas de roca por día, la extracción de oro y plata en los procesos de lixiviación de químicos.

Residentes de San José son los agricultores zapotecos que hablan una lengua indígena que tiene siglos de antigüedad. La comunidad agrícola constituye un ejido, una asociación formada por las leyes de México desde la reforma agraria. El proyecto minero abrió una brecha profunda entre los residentes de la ciudad en un momento en que muchas comunidades de Oaxaca fueron divididas entre los diferentes partidos políticos.

Las autoridades políticas de la ciudad son partidarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido gobernado Oaxaca durante setenta años. Su último gobernador, Ulises Ruiz, dejó un levantamiento que surgió a partir de una huelga de maestros en 2006 con la violencia masiva. Cuando los residentes de la ciudad empezaron a cuestionar el proyecto minero, el presidente municipal Venancio Oscar Martínez Rivera se refirió a ellos despectivamente como "simpatizantes de la APPO", en referencia a la organización que luchó contra el gobernador en las calles de la ciudad de Oaxaca.

Christina Pagano, una portavoz de Fortuna Silver Mines, dice: "La empresa obtuvo la autorización para utilizar las tierras de San José del Progreso Ejido a través de dos reuniones públicas celebradas por los miembros del ejido en 2006 y 2007". Pero Avigahil Vásquez dice que tomó un tiempo para la ciudad de despertar a lo que se está planificando.

En reuniones de la ciudad nunca el anterior presidente municipal, Amadeo Alejo Vásquez Rosario dijo a la gente lo que estaba haciendo. Sólo dijo que estaba dando permiso para que un vertedero de basura. Finalmente nos dimos cuenta el vertedero era en realidad una concesión minera. En ese momento algunas personas ya habían accedido a vender sus tierras ejidales. Avigahil-Vasquez.

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En una pared por un aliviadero de la presa, una amenaza se pinta con spray antes del asesinato: "Bernardo Vásquez, Your Time Has Come - Dog"

Su hermano Bernardo, que había estado trabajando en Petaluma, California, cuando se enteró de la creciente disputa regresó a San José para ayudar a luchar contra la mina. Los opositores a la mina organizaron la Coordinación de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). El 14 de marzo de 2009, que bloquearon la carretera que va a la minera, exigiendo que el gobierno cancele la concesión, ya que podrían contaminar el medio ambiente con metales de cianuro, mercurio y metales pesados.

Avigahil Vásquez recuerda una reunión de los miembros del ejido 5 de abril, durante el bloqueo.

Los ejidatarios fueron convocados a la reunión por Quintín Vásquez Rosario, el comisionado de la tierra. Cuando llegaron las puertas estaban cerradas, y se les dijo a firmar hojas de papel en blanco. Cuando los ejidatarios empezaron a protestar, simplemente les dijo a firmar. En la puerta se recogieron las hojas con las firmas e inspeccionó sus documentos de afiliación.

La gente creía que las autoridades ya habían llegado a un acuerdo, cediendo sus derechos a la mina. Cuando se pidió una explicación, el presidente municipal sacó su arma. La gente empezó a correr hacia la escuela y comenzó a disparar. Afortunadamente, él no hirió a nadie, pero algunos fueron golpeados por miembros de la familia del comisionado y el presidente municipal. Al final, el comisario tuvo que renunciar a su puesto, pero después nos encontramos todavía estaba firmando acuerdos. Avigahil-Vasquez

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Una parte del ejido de San José del Progreso, cerca de la presa y embalse.

Fortuna Silver pudo comenzar la minería en San José debido a cambios en la política de desarrollo económico de México que datan de la década de 1980, cuando su gobierno comenzó la apertura a las inversiones extranjeras en la extracción de recursos, incluso a costa de la destrucción del medio ambiente y la represión de los movimientos populares. Es una política compartida en la que viejo partido gobernante de México, el PRI, y su partido de gobierno de los últimos 12 años, el Partido Acción Nacional (PAN), tienen un compromiso similar.

En 1992, el presidente del PRI Carlos Salinas de Gortari modificó la ley minera del país. La nueva ley de minería, dijo que cualquier recurso potencial debe ser utilizada, privilegiando la extracción de minerales por encima de cualquier otro uso. Un año más tarde, justo antes de que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio entró en vigor, el límite máximo de la cantidad de inversión extranjera que se puede permitir en industrias "estratégicas" (como la minería) fue eliminado. Sucesores de Salinas, ambos del PRI, Ernesto Zedillo y Fox, del PAN, Vicente, aumentó el número de concesiones mineras, mientras que la eliminación de los impuestos a las operaciones mineras.

Según La Jornada, el columnista Carlos Fernández-Vega, la tierra dada en concesiones alcanzan 25 millones de hectáreas para el final del mandato de Fox en 2006, y más del doble, a 51 millones en los primeros cuatro años de la administración de su sucesor Felipe Calderón. A cambio de cuatro millones de hectáreas de las concesiones, el gobierno mexicano recibió sólo US $ 20 millones.

"Los concesionarios pueden exigir que las tierras ocupadas por un pueblo desocupación del inmueble, para que puedan llevar a cabo sus actividades", escriben los académicos mexicano Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia en un estudio denominado "Minerales o la vida." "Si la tierra se utiliza para el cultivo de alimentos, que tiene que terminar para que una mina puede ser desarrollado. Bosques o desiertos están en el mismo riesgo." Las minas pueden tomar las tierras utilizadas por los pueblos indígenas, al igual que los residentes de San José, en violación del Convenio Internacional del Trabajo (OIT) 169 protección de los derechos indígenas. Los municipios no pueden incluso cobrar para compensar el uso o la destrucción de sus recursos.

Este modelo económico podría haber cambiado en las elecciones nacionales de México en julio pasado, de haber tenido un partido  ganador con el compromiso de proteger los derechos sociales, incluso a costa de la inversión extranjera. En cambio, las campañas electorales mexicanas de los dos partidos conservadores fueron alimentadas por enormes contribuciones de las empresas, y, al final, el PRI fue devuelto al poder. La política de desarrollo económico que ha compartido con su rival PAN no va a cambiar, y debido a la minería y el desarrollo económico se rigen por las leyes federales y las políticas, los conflictos en las comunidades rurales como San José del Progreso, será cada vez más generalizada.

La historia del PRI de suprimir el disenso se hizo evidente en mayo de 2009, cuando el gobernador Ulises Ruiz ordenó a la policía estatal para terminar con el bloqueo de la mina de plata de Fortuna Silver Mines, utilizando perros, armas de fuego, gases lacrimógenos, y un helicóptero. Bernardo Vásquez y otras 18 personas fueron arrestadas.

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Una mujer y su hija de llevar a su bebé en una carretilla.

Para entonces, la campaña electoral para gobernador del estado se estaba calentando. Gabino Cue, el ex alcalde de la ciudad de Oaxaca, corría en contra del PRI. Opositores mina San José lo apoyaron. El 18 de junio, un grupo regresaba de un mitin electoral se encontró al presidente municipal, Oscar Venancio Martínez Rivera, cargando grava del ejido en camiones de carga, se supone que la vendia para la construcción de carreteras. Estalló una pelea, en la que Martínez y Félix Misael director de salud Hernández fueron baleados y asesinados.

Bernardo Vásquez fue detenido, junto con otros ocho. Priístas secuestraron, golpearon y torturaron a un sacerdote local y rival de la mina, Martín Octavio García Ortiz, antes de entregarlo a la policía. Finalmente, García se vio obligado a salir de San José. El sacerdote dijo que sus atacantes pertenecían a una organización formada para apoyar la mina "San José, Defendiendo Nuestros Derechos". Cuatro días después, Compañía Minera Cuzcatlán anunció que había ganado siete concesiones adicionales por un total de 34.010 hectáreas, algunas duran cincuenta años.

El 1 de julio de 2010, Gabino Cué fue elegido gobernador, derrotando al PRI. Vásquez fue liberado en septiembre, cuando el fiscal anunció que no había pruebas contra él. Luego llamó a elecciones municipales en San José, diciendo: "Hemos pasado por la etapa de la confrontación, y ahora debemos construir un puente para la reconciliación". En diciembre, sin embargo, el candidato del PRI, Alberto Mauro Sánchez lo derrotó 1.359 votos contra 1.216.

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Un paño de borda residente, una forma tradicional de artesanía en San José, y lleva una camiseta de apoyo al candidato de la lama.

Al año siguiente, 2010, se inició la construcción de la mina, el gasto de $ 55 millones (USD). En 2011, su primer año de producción produjo 490.555 oz de plata y 4,622 oz de oro, a un costo por onza de plata de $ 4.51. En el precio de mercado de la plata hoy en día, alrededor de 30,85 dólares por onza (de oro y $ 1.660,00 por onza), la producción de plata del primer año valía $ 15,13 millones. Según el sitio web de Fortuna Silver Mines: "En 2012, San José se espera que produzca 1,7 millones oz de plata y 15.000 onzas de oro."

El sitio web dice Fortuna Silver Mines que patrocina proyectos que incluyen un centro de salud, polideportivo y guarderías, becas escolares, y "mejoras para cocinas y construcción de baños ecológicos". Bernardo Vásquez dijo a la periodista canadiense Dawn Paley, sin embargo, "sólo les dio a comprar a la gente, pero también, nunca funcionó, por lo que las personas siguen cocinando en la forma tradicional ... es como un paquete que se aplican en cada país y piensan que la gente en todos los países van a responder de la misma manera. "

En mayo de 2011 los representantes de los diez municipios solicitaron al gobierno para cancelar las concesiones, diciendo que estaban descargando cianuro y mercurio. "Estos proyectos mineros no representan el desarrollo", denunció Vásquez ", y en su lugar han causar daños graves al medio ambiente y nuestro tejido social". El conflicto se hizo tan intenso que los taxistas oficiales con los permisos, que están aliados con el PRI, se negaron a recoger pasajeros pertenecientes a CPUVO. Cuando los oponentes a la mina organizaron sus propios taxis colectivos, el Estado se negó a dar los permisos. La policía vino a detener los taxis para que no operaran, en la lucha cuerpo a cuerpo dos patrullas de la policía y dos taxis de la comunidad fueron destruidas. Hoy, en el centro de San José del Progreso, funcionan los taxis rojos y negros enfrente de la iglesia, mientras que en el mercado de los no oficiales estacionan sus diminutos taxis azules con tres ruedas.

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Los taxis azules pertenecen a los conductores que se oponen a la mina.

Al recoger los clientes al gobierno los llama "piratas".

Por último, el 18 de enero de 2012, la violencia se convirtió en terror. Opositores a la mina acusaron al presidente municipal, Alberto Mauro, de la colocación de una tubería desde la presa y embalse que contiene el agua para beber y para riego, de desvirla hacia la mina. Fortuna Silver Mines lo niega y dice que su agua proviene de la lluvia recogida y recuperación de agua de una planta de tratamiento de aguas residuales en la vecina ciudad de Ocotlán.

Yo estaba trabajando en la casa cuando oí a alguien que nos llama a ir a la iglesia para apoyar a nuestros compañeros. Estábamos preocupados de que si dejan pasar la tubería, se dejará a todos sin nada de agua. Nos preocupaba también que incluso se enviara hombres armados o asesinos. Cuando llegamos allí, el hermano de Alberto Mauro, dijo que quería hablar con Bernardo [Vázquez] y Rosalinda, que no estaban allí. Estos hombres habían tirado sus armas cuando una mujer gritó de no disparar porque Bernardo iba a venir. Pero ese fue Bernardo Bernardo Méndez no, Bernardo Vásquez. El vive en un pequeño callejón, y ahí es donde le dieron. Ni siquiera le dio la oportunidad de caminar por la calle. Ellos le dispararon ocho balas a él.

La persona que le disparó, Albindo, no es de nuestra ciudad. Pero una vez que comenzaron a disparar, todo el resto de ellos lo hicieron también, uno de los miembros del consejo, el hermano de  Mauro, hijos del fiduciario ciudad, incluso el jefe de policía de la ciudad en ese tiempo, un chico que tenía 18 años. Me fue alcanzado por una bala disparada por una mujer que vive en la ciudad. La bala todavía está en mi pierna derecha, cerca de la rodilla. El médico no quiere sacarlo porque él dice que si lo hace voy a perder mi pierna entera.

No estabamos armados. No teníamos nada. Llevamos a Bernardo Méndez para el Hospital de Especialidades, pero no quisieron admitirlo hasta que mi hermano habló con el secretario de Gobierno. Sin embargo, Bernardo Méndez sólo duró dos días, y luego murió -. Avigahil Vasquez

Bernardo Vásquez exigió que el gobierno local se disolviera y que Alberto Mauro Sánchez se retirara como presidente municipal, diciendo que "él ordenó a la policía municipal a disparar contra el pueblo." Unos días más tarde, el fiscal estatal acuso a Gabriel Martínez Vásquez de homicidio. Albindo Gómez Rodríguez fue arrestado hasta abril, un mes después de que el propio Bernardo Vásquez fue asesinado cuando se dirigía a casa de un viaje a la ciudad de México para pedir apoyo internacional.

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En un puente sobre la carretera de la ciudad, donde Bernardo Vasquez fue asesinado, alguien grafiteo "El 15 de marzo no se olvida", la fecha del asesinato de Vasquez y "Cuscatlán [el nombre de la empresa minera] te tenemos en la mira, RATA ", con un dibujo de una rata. Otro eslogan pintado cerca dice "¡Fuera Mina!"

Representantes de la CPUVO Jorge Sánchez y Eustasio Vásquez dijeron que el asesinato fue obra de "guardias blancas" o paramilitares, con el apoyo de la empresa. "Hemos visto darles dinero a las personas de la comunidad que están en contra de nosotros, un grupo llamado" defensa de nuestros derechos. "Se trata de personas que ahora tienen coches nuevos, cuando antes no tenían nada". El CEO de Fortuna Silver Mines, Jorge Ganoza dijo a los medios canadienses, "Nosotros, como empresa, y nuestro equipo en Oaxaca, están entristecidos por estos actos sin sentido y continuidad de la violencia en la ciudad de San José, en relación con la lucha política de larga data por el poder local. No es de ninguna manera relacionada con nuestras actividades o involucra personal de la empresa."

Pagano, portavoz público Fortuna Silver Mines, añade: "La empresa ha venido apoyando diversas iniciativas de desarrollo presentados por la Asociación Civil San José Protegiendo Nuestros Derechos". Este grupo de la comunidad se compone de una amplia gama de miembros de la comunidad que se han unido para organizar diversos proyectos de desarrollo ". Dice Fortuna Silver Mines no suministra el grupo con financiación directa, sólo los materiales y la asistencia técnica.

Pero también agrega que "la empresa firma acuerdos anuales con el municipio de San José del Progreso para financiar varios proyectos de infraestructura que se presentan para su aprobación a la comunidad en una asamblea popular abierta cada año". Independientemente del grado de apertura de la asamblea, los oponentes a la mina consideran que el propio municipio está controlado por Alberto Mauro Sánchez y la jerarquía del PRI.

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Rufina Sánchez, madre de Bernardo Vásquez, en la oficina de la resistencia y el hogar que comparte con Vásquez.

Tras el asesinato de Bernardo Vásquez, un artículo en un diario de Oaxaca denunciaron que el había firmado un acuerdo en febrero, alegando que había recibido 16 millones de pesos para el empleo, la educación y proyectos de salud. También presuntamente firmó Alberto Mauro Sánchez Muñoz. Avigahil Vásquez llamó a este informe: desinformación. "Ocho días después de su asesinato, decían que había sido asesinado por su propia gente, porque los había vendido a la mina por 20 millones de dólares. Era ridículo. No es cierto que lo mataron sólo por una pelea dentro de la ciudad. Estábamos viviendo una vida normal antes de que la mina viniera ".

La violencia no se detuvo, sin embargo. Un miembro de la CPUVO,  Leovigildo Vázquez Sánchez dijo que policías armados y guardias de la mina manejan por las calles de San José en la noche para intimidar a los habitantes. La empresa, acusa, "son los que están financiando este, los que suministran el dinero que compra las camionetas y las armas que normalmente sólo el ejército tiene."

Después de un breve bloqueo de la entrada de la mina de nuevo en mayo, en la tarde del 16 de julio dos oponentes a la mina, Guadalupe Ruiz y Bertín Vásquez Ruiz, fueron atacados por hombres armados fuera de la Iglesia. Guadalupe Vásquez Ruiz fue herido en la pierna, y Bertín Vásquez Ruiz recibió un disparo en el estómago. Fueron llevados al hospital de Oaxaca, donde Bertin Vasquez Ruiz permaneció hospitalizado durante semanas. Se identificó como uno de sus atacantes un asistente del director de obras públicas, Aarón Pérez Vásquez. Un comunicado de prensa posterior emitido por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y los funcionarios de la ciudad de Capulalpam de Méndez [que también está resistiendo a una mina] identificaron a dos personas más responsables de los disparos, un empleado de ka mina y otro asociado de la presidente municipal. Finalmente, en octubre, dos personas fueron arrestadas por matar a Bernardo Vásquez.

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Una mujer y sus hijas en sus uniformes escolares, por el puesto donde vende comida en el mercado de la ciudad.

Sin embargo Avigahil Vasquez no cree que incluso si la mina terminó la producción, las divisiones serían fácilmente curado: Lo primero que tiene que ocurrir es que la mina tiene que irse. Pero eso por sí solo no va a resolver las cosas, porque las personas que la defienden quieren que permanezca, y nosotros queremos que se vaya. Todos vivan uno al lado del otro. Al lado de alguien que quiere que la mina se quede vive alguien que es enemigo de la mina. Toda la ciudad está dividida por esto. El grupo de la escuela primaria de los padres no ha sido capaz de cumplir. Los padres han evaluado una tarifa para mantener la escuela funcionando durante todo el año, pero este año los padres de familia en el otro lado presentó una demanda para detener la carga de la tarifa. La escuela ha sido capaz de seguir adelante, pero se puede ver los conflictos incluso entre los niños ahora. Se miran el uno al otro como enemigos, dependiendo de qué lado de sus padres están. Ellos atacan unos a otros con palabras, pero ya empiezan a hablar de armas y pistolas. Estamos viviendo con este conflicto dentro de todas nuestras instituciones. Las balas y los tiros todos los días, cada hora del día.

Sólo queremos que nuestros derechos sean respetados, y vivir una vida normal. Estamos aterrorizados por las personas que están conduciendo coches nuevos y de llevar armas de alto poder. Y nuestras manos están vacías, no tenemos ninguna manera de defendernos. Es todo por culpa de la mina. Queremos que la mina se vaya. Avigahil-Vasquez.

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David Bacon es un fotoperiodista en California. Su último libro, Illegal People-Cómo la Globalización Crea la Migración y criminaliza a los inmigrantes, y su próximo libro, El derecho a permanecer en el hogar-Ending Migraciones Forzadas y la criminalización de los inmigrantes, están ambos publicados por Beacon Press. Su dirección de correo electrónico es dbacon@igc.org 

lunes, 8 de octubre de 2012

Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlán y su falsa campaña mediática

La compañia trasnacional con sede en Canadá, Fortuna Silver Mines (FSM), [TSX: FVI] ha venido usando a los medios locales, tergiversando visitas de académicos y de estudiantes, y a través del presidente municipal de San José del Progreso (quién esta siendo investigado por asesinato, amenazas y ataques a miembros de la CPUVO) ha manifestado que su operación en dicha comunidad beneficia más que los daños sociales, culturales y ambientales que genera su actividad.

Hemos recibido comunicaciones por parte de investigadores dónde aclaran las versiones publicadas en medio locales en Oaxaca por parte de FSM por la noticia publicadas en:


En la REMA publicamos la nota en nuestra sección de noticias (http://www.remamx.org/?p=13032), sin embargo, nos ha sido enviada información aclaratoria por parte de los investigadores del Colegio de Michoacán (COLMICH).

Es sabido que las empresas mineras en nuestro país muchas veces distorsionan la información para su beneficio, creando escenarios favorables para mejorar su imagen publica, lo hecho por Fortuna Silver Mines-Minera Cuzcatlán lo demuestra una vez más.

En las notas de prensa, la minera anuncia que sus métodos no impactan el medio ambiente por ser el de flotación con espumantes, sin embargo, cómo se ha mencionado desde hace mucho, la técnica de explotación subterránea (qué es la que emplea FSM) en la modalidad de tumbre/corte y relleno,  y que consiste en rellenar los túneles con los desechos de la explotación y los desechos tóxicos de la flotación (provenientes de las presa de jales) ponen en grave riesgo el sistema hídrico regional, al ser fuentes de contaminación con metales pesados y generadores de drenajes ácidos, y estos al ser usados para rellenar los túneles subterráneos de la mina, entran en contacto directo con afluentes subterráneos de agua, arriesgando los cuerpos de agua freáticos o acuíferos y el suministro de agua de miles de personas.

Los investigadores enfatizan y citamos su comunicación con fecha 31 de agosto del presente año:

"En la carta de solicitud de visita, enviada por los Doctores Sergio Zendejas y Pablo Laguna, manifestamos nuestro interés pedagógicvo por conocer la mina, sus operaciones y algubnos de sus posibles efectos económicos a fin de nutrir con casos específicos el contenido de alguno de nuestros cursos para nuestros estudiantes. Las referencias que en esa carta hicimos a las especificidades de sus operaciones mineras no constituyen evaluación alguna. Además de que las redactamos antes de visitar sus ionstalaciones, duichas referencias están directa y exclusivamente basadas en la información publicada por la misma Compañía Minera Cuzcatlán en su sitio Web, como lo manifestamos en la citada carta.  
Con el conocimiento que a la fecha tenemos sobre la Compañia Minera Cuzcatlán, basado exclusivamewnte en una visita de unas cuantas horas y de una lectura de su propio portal de Internet, no estamos en condiciones de avalarla o descalificarla.
En suma, nos deslindamos de cualquier comunicado de su empresa que dé a entender que, a partir de la mencionada visita y nuestra referida carta, el Colegio de Michoacán apoya a la Compañía Minera Cuzcatlán o que, en particular, el Dr. Pablo Laguna ha realizado una apreciación o evaluación del impacto ambiental de las operaciones mineras de la empresa."
 La situación en San José del Progreso es crítica, la división social creada por la empresa minera en una comunidad, que antes de su llegada estaba unida y que la compra de voluntades por la Minera Cuzcatlán, han generado una ola de violencia desde hace años, con saldo de personas asesinadas, torturadas, encarceladas, baleadas, golpeadas.

Hacemos un enérgico llamado al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones de garantizar el respeto a la vida y los derechos humanos de los involucrados en tan lamentable situación.

Les compartimos las cartas de visita y aclaratoria que enviaron los investigadores_

Carta de solicitud de visita a Minera Cuzcatlán

Carta aclaratoria sobre declaraciones de Minera Cuzcatlán