#Minería: Lejos de El Dorado

Tras cuatro años de litigio, los ejidatarios de un pueblo zacatecano aún claman justicia. La empresa Goldcorp, de la mayor mina de oro de América Latina se niega a restituirles sus tierras

POR GEORGINA HOWARD

• Sin apoyos del gobierno y sin escrituras, 29 familias presentaron una demanda contra la minera 
• Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó el engaño para quedarse con el terreno. 
• Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país

En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que la empresa canadiense Goldcorp se adueñara de los ejidos El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros, en Zacatecas, para construir el complejo minero Peñasquito que se inauguró en 2010, y es hoy la mina de oro más grande de América Latina.

Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó presuntamente el engaño, mediante contratos de ocupación temporal y falsificación de títulos agrarios, para reubicar a 29 familias de los ejidatarios, dueños de esas tierras.

Hasta la fecha, la mayoría, obligados a dejar sus tierras sin el menor apoyo del gobierno, no cuentan con escrituras y carecen de los servicios básicos en las zonas donde fueron reubicados.

Algunos ya presentaron una demanda en contra de la compañía canadiense ante el Tribunal Unitario Agrario para que les devuelva las 600 hectáreas que les quitaron.

Pero el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco les dijo que si querían recuperar sus tierras, tendrían que restituir la inversión que la empresa realizó en la mina, y decidió aplazar la resolución.

El pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto presentó su Plan Nacional de Desarrollo y en lo que toca a la contribución de la minería al desarrollo económico del país, señaló que su explotación “debe beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas”.

Inicia el juicio

Tras cuatro años de esperar una resolución a su demanda, los ejidatarios Manuel Ordóñez Saucedo, Héctor Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza Barbosa obtuvieron el 12 de enero de 2013 una sentencia a su favor.

El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de Zacatecas, determinó que Goldcorp tiene que devolver las 600 hectáreas que ocuparon de manera ilegal, ya que nunca se compraron las tierras.

De acuerdo con la sentencia 528/2012 a la que tuvo acceso Reporte Indigo, la minera Peñasquito tendrá que restituir a los ejidatarios sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México.

Contubernio 

Pero en la primera junta realizada después de ratificar la sentencia, el 16 de abril de este año, el magistrado Lara Orozco, del Tribunal Unitario Agrario, primero llamó a los campesinos a conciliar con la empresa y luego los convocó a devolver la inversión que la canadiense había hecho en la mina.

Julieta Kuri Zaguayo, abogada de la minera, ratificó que la empresa canadiense Goldcorp no desea tener conciliación alguna con los ejidatarios, a menos que sea sin la presencia de los abogados que los representan.

En el diputado Gregorio Macías Zúñiga, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la 60 legislatura, dijo que se tienen que restituir las hectáreas de los ejidatarios, ya que “es un juicio que marca precedente en México y a nivel mundial”.

Alfonso Herrera, abogado de los ejidatarios de Cerro Gordo, acusó a los funcionarios del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, encabezados por el magistrado presidente Juan Rodolfo Lara, de proteger los intereses de la minera Goldcorp.

Denunció que ha impedido en tres ocasiones el pago de los 2 millones 966 mil 832 pesos como último trámite que los campesinos deben realizar para la devolución de sus 600 hectáreas.

Los abogados de los ejidatarios presentarán una queja ante el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en contra de Lara Orozco y su secretaria de acuerdos, Sol Ferreira, por obstaculización de acceso a la justicia en perjuicio de los ejidatarios.

Incluso, el notario público 42 de Zacatecas, Jaime Casas Madero, dio fe de la negativa del Tribunal de recibirles el pago a los ejidatarios: 

“Al negarles el pago, ustedes los están dejando en un estado de indefensión jurídica; estoy certificando que los ejidatarios traen el recurso completo solicitado por este Tribunal”.

Por si fuera poco, el gobernador de la entidad, Miguel Alonso Reyes, inició desde hace varias semanas una fuerte campaña en los medios locales de comunicación para defender las inversiones de la empresa canadiense en la entidad.

Sólo hay que tener memoria histórica para recordar que en marzo pasado Alonso Reyes asistió en representación de la Conago a la Convención Anual de Mineras Canadienses.

La minera, de capital totalmente canadiense, explota los minerales violando, desde hace cinco años, el régimen jurídico mexicano. 

Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país.

En la mina trabajan más de 3 mil 400 trabajadores, mineros, albañiles, administrativos y ganan salarios inferiores a los 300 pesos diarios. Fue inaugurada el 23 de marzo de 2010 por el entonces presidente Calderón y en la gubernatura estaba la perredista Amalia García.

Un monstruo mundial

Goldcorp, que trabaja en los municipios de Zacatecas desde 2005 e inauguró el complejo Peñasquito en 2010, es líder en el mercado de metales en el  ámbito mundial.

Como productor de oro de alto nivel, su estrategia de inversión se basa en mantener bajos costos de producción y ubicarse en lugares de bajo riesgo político.

Pero tiene fama de “depredadora” del medio ambiente al lugar que llega a establecerse.

Goldcorp, que preside Kevin McArthur, sabía que Peñasquito tiene 22 años de vida útil y la conocen como “El Dorado mexicano” porque es la mina más grande de metales preciosos y de más bajo costo.

La empresa cotiza en la bolsa de valores de New York y Toronto y deberá informar a sus accionistas que tendrá que devolver la mina mexicana Peñasquito.

En sus informes a los accionistas, que son públicos, se documentan más de 2 mil millones de dólares de utilidades entre 2010 y 2013. 

Tiene reservas probadas de oro plata, cobre y zinc por un monto que rebasa los 20 mil millones de dólares, y emplea a más  de 3 mil 500 trabajadores.

Las empresas extranjeras

A la fecha se reportan en el país 286 empresas con capital extranjero, con 757 proyectos, de los cuales 615 están en proceso de exploración.

Del total de empresas foráneas, 210 son del sector minero metalúrgico con inversión extranjera directa principalmente canadiense.

En 2011, Goldcorp invirtió 400 millones de dólares para aumentar la explotación de sus minas ubicadas en Zacatecas.

Esta industria que aporta el 4.9 por ciento del PIB y lo ubica como el tercer rubro productivo después de los sectores automotriz y del petróleo, cuenta con 23 yacimientos gigantes y seis súper gigantes.

Entre ellos se encuentran Fresnillo, Cananea, Las Cuevas, Guerrero Negro, Tayoltita, Molando y Peñasquito. 

México ocupa el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto en plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y cobre.

Las concesiones

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50.

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100 por ciento de capital extranjero, teniendo además como ventaja el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales.

Hasta la fecha existen 26 mil concesiones mineras vigentes que sólo corresponden al 13.8 por ciento del territorio nacional.

Un negocio valioso

Los principales Estados productores del sector son:

- Sonora: 23%        - Zacatecas: 23%          - Chihuahua: 14%

- Coahuila: 11%     - San Luis Potosí: 6%    - Durango: 6%

Vía: Reporte Índigo

#Minería en la Sierra Sur, #Oaxaca

BOLETIN DE PRENSA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES

AL PUEBLO DE OAXACA:

 Desde 1998 a través de los medios locales de comunicación  nos enteramos del  proyecto Minero “Tehuantepec”, complejo minero  muy importante del país y que contempla la explotación de minerales en  Santa Maria Zaniza, Santiago Textitlan, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan y Santa María Lachixio, es decir, en toda la región de la Sierra Sur.

La Sierra Sur del Estado de Oaxaca es habitada principalmente por pueblos Zapotecos, Mixtecos, Chatinos, Chontales, Amuzgos, Triquis y Mestizos;  cuenta  con una extensión aproximada de 12,970 kilómetros  cuadrados.  La propiedad de la tierra es predominantemente  la comunal, debido al gran número de comunidades y ejidos, en menor medida la propiedad privada.

En términos administrativos y políticos, la región de la Sierra Sur comprende 73 municipios ubicados en los distritos de Putla, Sola de Vega, Miahuatlan y Yautepec. 

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) cuenta con concesiones que estan localizadas en el territorio de la comunidad de Santa María Zaniza, y en la comunidad de Río Humo, perteneciente al Municipio de Santiago Textitlan. El proyecto “Tehuantepec” abarca estas concesiones en su conjunto y considera la explotación de una reserva de 457 millones de toneladas, por lo que el proyecto durará por lo menos 45 años.

El proyecto comprende la apertura de una mina, la construcción de una planta de molienda y una planta de concentración magnética tanto en Santa María Zaniza, como en la comunidad de Río Humo. El concentrado de la separación magnética será bombeado a través de un ferroducto hasta una planta de flotación y filtrado, dicho ferroducto tendra una longitud de mas de 290 kilometros, en el cual viajara el material minero arrastrado por grandes cantidades de agua que obtendran de los rios, arrollos y manatiales de la region.

El proyecto minero de Santa María Zaniza, plantea la extracción del mineral a cielo abierto, removiendo la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los yacimientos del mineral. Bajo esta técnica se puede hoy día remover montañas enteras en cuestión de horas, para hacer rentable la extracción de los minerales; estor por lógica se contempla el desplazamiento total de las comunidades que habitan estos cerros.

Existen comunidades enteras de otros lugares que demuestran que la  actividad industrial a cielo abierto es muy  agresiva ambiental, social y culturalmente. El Proyecto Minero de Santa María Zaniza se encuentra en la etapa inicial aun, por los permisos que las comunidades aun no han otorgado.

 Ante esta situación el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” BARCA-DH, junto con los habitantes de los Municipios de  Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza y San Lorenzo Texmelucan han realizado el video que hoy presentamos: “POR LA TIERRA VIVIMOS” en el que se recaba testimonios de personas que habitan en la región que serán los más afectados por el proyecto minero. Con este Video expresamos nuestra forma de vivir y le decimos al  Gobierno Federal y Estatal que:

1.- Los pueblos indígenas somos los únicos dueños de nuestros territorios, tierras y recursos  naturales. Por lo tanto exigimos respeto a nuestros derechos.

2.- Todo proyecto o mega proyecto que atente contra nuestros derechos o se pretenda implementar en nuestro territorio debe someterse a consulta, a la participación y al principio del consentimiento libre e informado.

3.- Nosotros, como pueblos indígenas nos articulamos y establecemos alianzas para defender y hacer respetar nuestros derechos hasta lograrlo.

4.- Reafirmamos el valor y la importancia de nuestros Sistemas Normativos propios, que se expresan y se cumplen en las asambleas comunitarias.

5.- Como Pueblo indígenas no nos oponemos al Desarrollo pero siempre que se respete nuestro entorno, nuestros ríos, nuestro bosque, nuestro lugar donde vivimos como hijos de Dios quien nos dio esta riqueza natural para nuestra convivencia y cuidado.

6.- Estaremos siempre  alertas para que quien nos llegue a vender el desarrollo con mentira, corrupción, destrucción de nuestros recursos naturales,  solo buscando sus propios intereses, sea expulsado de la comunidad.

 LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE:

SANTA MARIA ZANIZA,

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO,

SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO A.C. (BARCA-DH)

30 de abril  de 2013

#CerrodeSanPedro: breve historia de sus luchas

Por: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) / REMA

[FOTO: MAJLOC. Visita a CSP de otros pueblos.]

Un pueblo como muchos otros fundado por la avaricia del oro, víctima de la despiadada explotación humana, de sus riquezas y recursos naturales. La diferencia de este poblado con los muchos otros radica en su eterna rebeldía que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a este territorio.

Después de haber doblegado y ocupado la gran Tenochtitlan, el año 1550 cuando las avanzadas españolas llegaron a este valle, al que algunos historiadores dicen que llamaron Valle del Tangamanga, habitado por tribus nómadas guachichiles, que conformaban la nación Chichimeca. Este valle también era conocido como El Tunal Grande por el hecho de que su cuenca, con un área de casi dos mil kilómetros, estaba cubierta de todo tipo de cactáceas.

Lo cerrado y la altura de las cactáceas y la destreza con que sus habitantes manejaban el arco y la flecha propiciaron la lucha de resistencia de los guachichiles, la cual se prolongó por más de 40 años. Los españoles se vieron obligados a continuar su avance conquistador hacia el norte de lo que hoy llamamos México por los flancos oriente y poniente del valle. A este acontecimiento, los historiadores le llamaron “La guerra de los 40 años”. Fue hasta 1590, con un desgaste enorme de ambos lados y la diplomática intervención del capitán “mestizo” Miguel de Caldera, que se firmó la paz entre los bandos en pugna.

El 4 de marzo de 1592 un natural de la zona mostró a los españoles la ubicación de la rica montaña mineralizada conocida posteriormente como Cerro de San Pedro y simbolizada como emblema del Escudo de Armas de la Ciudad de San Luis Potosí (SLP) y de su estado. Así se fundó el poblado también conocido como Cerro de San Pedro y posteriormente el municipio que lleva el mismo nombre.

La llegada de miles de mineros a San Pedro de diferentes lugares, atraídos por la riqueza del Cerro, obligó a fundar en el valle lo que hoy es la ciudad capital de SLP. El agregado de “Potosí” se le dio por considerar que las minas de San Pedro eran tan ricas como las más ricas del mundo en ese entonces, las minas de la ciudad del “Potosí” en Bolivia.

Así se inició un calvario de saqueo y explotación humana y de nuestras riquezas naturales, en las labores mineras. Se acabó la etnia guachichil, los bosques de encinos, pinos y otras especies maderables que cubrían los cerros fueron arrasados, utilizados para la fundición de los metales. El Tunal Grande desapareció para dar paso a la urbanización.

[FOTO: Marcos Guevara Rivera. Guardia privado en Minera San Xavier]

La actividad minera es intermitente, se agota la veta y se suspenden las actividades hasta que se encuentra otra veta; esto puede durar meses o muchos años, mientras tanto, mucha gente abandona la zona en busca de empleo desplazándose hacia otro centro minero en explotación.

En una de esas recurrentes crisis, en 1762 –cuando todavía la economía de la ciudad capital en buena medida dependía de la minería–, la hacienda pública se vio afectada por la inactividad minera; como medida, las autoridades impusieron nuevos impuestos y medidas represivas contra los que por falta de empleo deambulaban por las calles, no pocos de ellos fueron apresados y enviados a otras ciudades a trabajos forzados, incluso a Cuba.

La reacción social no se hizo esperar, los mineros de Cerro de San Pedro se organizaron liderados por Patricio Alanís, minero y habitante del poblado del mismo nombre; hicieron una manifestación a la que se unieron gente de los municipios de Armadillo y de Soledad, de los ranchos y de los siete barrios que conformaba la ciudad capital. Dialogaron con las autoridades y se retiraron con la promesa de que cambiaría la situación. Ya entonces las promesas eran sólo eso, pero la gente era otra, se reagruparon y en ese tiempo más de cuatro mil manifestantes asaltaron la cárcel y liberaron a los presos, asaltaron las casas reales y al grito de “¡Nuevo rey, nueva ley!” y “¡Abajo los gachupines!”, se desataron lo que la historia registra como los “tumultos”.

El descontento social crecía, el ejemplo de rebeldía de los mineros de Cerro de San Pedro amenazaba con extenderse a otros estados, el gobierno local se vio rebasado y tuvo que pedir refuerzos a México. Aquí el conde de la hacienda de Peñasco con sus fuerzas especiales atacó a los sublevados, por otro lado llegó el visitador José de Gálvez y se hizo cargo de la represión. Finalmente los insurgentes se fueron replegando y sus líderes, como Patricio Alanís, que utilizaban una mina como cuartel general, fueron capturados, decapitados y sus cabezas expuestas públicamente, sus familias desterradas y sus casas quemadas.

Después de la guerra de Independencia, se quedó la explotación en manos de los gringos hasta 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dada la depreciación de los valores de los metales, la American Smelting and Refening Company suspendió sus actividades de explotación, y mediante artimañas y corrupción de los lideres obreros, echó a la calle a cientos de trabajadores con un mes de salario como indemnización. Es el destino de los pueblos mineros: su sustento está sujeto a la oferta y la demanda de los metales y al agotamiento de sus recursos minerales.

Los casi seis mil habitantes con que contaba en 1947 el poblado (cabecera municipal de Cerro de San Pedro) lo abandonaron en busca de sustento y el lugar se volvió pueblo fantasma. Sus escasos habitantes, un ciento, aferrados a su tierra, sobrevivían buscando hilos o venas de mineral y de rascarle en forma artesanal su contenido; dos o tres vivales se enriquecieron con el sacrificio de esta gente a las que le “regateaban”: compraban a precios irrisorios el metal, para luego venderlo caro.

Fue en 1995 cuando aparecieron las mafias mineras canadienses, alentadas por las políticas entreguistas de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, a fin de entregar nuestro país a las trasnacionales, modificó el artículo 27 constitucional y todas las leyes que de ella emanan –lo hizo como condición para la firma del leonino Tratado de Libe Comercio de América del Norte (TLCAN)–. Fue así como de un plumazo inició la desaparición del régimen social de la tierra (ejidal y comunal), el agua y todos nuestros recursos naturales que habían sido conquistados a sangre y fuego en el movimiento revolucionario de 1910.

En ese contexto, en 1995 llegó la empresa canadiense Metallica Resources, Inc, Minera San Xavier a Cerro de San Pedro; inició trabajos de exploración, y en septiembre de 1996 convocó a los pocos habitantes del lugar y, con promesas de empleo y de reacomodarlos en una reservación fuera del área de peligro, los invitó a evacuar el poblado porque éste quedaba dentro del proyecto minero y era indispensable su desaparición.

Ese día, el 10 de septiembre de 1996, en la reunión convocada en el Templo de San Nicolás Tolentino, ante la furia de los asistentes, que con palabras soeces rechazaron el proyecto, inconformes por la pretendida destrucción del poblado pero en especial de sus templos que datan del siglo XVII, se inició una nueva lucha por la preservación del patrimonio cultural e histórico propiedad de los potosinos, por el medio ambiente, y la dignidad del pueblo.

Fue aquí en Cerro de San Pedro donde se inició la primera lucha a nivel nacional contra las mafias industriales del crimen organizado, las mineras canadienses, lucha que ha sido ejemplo y estímulo de las decenas de luchas similares que hoy se libran en todo el país contra la minería contaminante y depredadora. En los 16 años de resistencia, el movimiento conocido como Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) ha asimilado una amplia experiencia en formas y estrategias de lucha contra este novedoso pero criminal sistema de explotación minera y humana.

Así, después de años de resistencia civil pacífica y en ocasiones no tanto, en 1999 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para que Minera San Xavier operara. Estas arbitrarias autorizaciones fueron impugnadas, dado que la zona del proyecto está protegida por decreto del 24 de septiembre de 1993 como “zona de preservación de la vida silvestre”. El decreto deja claro que en esa zona no se podrá instalar ningún tipo de industria. También existe otro decreto de 1962 que prohíbe la extracción de agua del acuífero 2411, o sea el del valle de San Luis que surte de este vital líquido al 45 por ciento de la población de todo el estado de SLP. Además el poblado de Cerro de San Pedro por ley está considerado Zona de Monumentos.

Otro argumento contra la mina es que, por ley, no se permite el depósito de residuos peligrosos en una distancia menor un kilómetro de un río perene o intermitente, de 25 kilómetros de una zona de recarga de un acuífero o de una poblado mayor de cinco mil habitantes. Resulta que a 30 metros de los patios de lixiviación –donde la empresa minera utiliza 16 toneladas diarias de cianuro de sodio disueltas con 32 millones de litros de agua– pasa un río; precisamente ese lugar es zona de recarga del acuífero 2411, y la ciudad de SLP se encuentra a ocho kilómetros del proyecto minero. Todos estos argumentos y muchos más no fueron escuchados por la Semarnat, y sin dar respuesta, ratificó las autorizaciones.

Por lo anterior interpusimos un juicio de nulidad, que recayó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en la Ciudad de México. El uno de septiembre de 2004 la Sala Superior de este Tribunal emitió la sentencia, en que resuelve la nulidad lisa y llana de la autorización de cambio de uso de suelo y la ambiental. O sea, fue una resolución definitiva en la cual el caso quedaba como cosa juzgada.

Por desgracia para todos –dada la extrema vulnerabilidad de nuestro país a la corrupción y la ingobernabilidad, la nula aplicación del Estado de derecho y la complicidad de las autoridades de los diferentes niveles– la empresa minera está operando en la etapa de explotación desde 2007, sin contar con un solo permiso licencia o autorización.

Para este año 2013, ya desapareció la famosa montaña conocida como el Cerro de San Pedro, emblema del Escudo de Armas de nuestra ciudad y Estado. Ni un solo habitante aceptó la reubicación, permanecen en sus hogares, pero eso no fue impedimento para las criminales ambiciones de la empresa. Detona 25 toneladas de explosivos diariamente a 30 metros de la zona habitada, poniendo en peligro la vida de sus habitantes ante el posible derrumbe de sus fincas a causa de la intensidad sísmica causada por las explosiones. Todo esto ante la complacencia e in$en$ibilidad de las autoridades militares que otorgan en esas condiciones las autorizaciones para el uso de explosivos.

Nuestra lucha sigue, el objetivo es diferente, el enemigo a vencer ya no es la empresa minera, ahora es el sistema de gobierno cuyas políticas antisociales se basan en la impunidad, la corrupción y la entrega de nuestro país a las trasnacionales, que con sus criminales proyectos mineros nos dejan un país incapacitado para producir; aire, agua y tierra contaminados, enfermedades incurables, y un futuro escalofriante para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Políticas gubernamentales incestuosas de violación a su madre, La Madre Tierra.

Diez y seis años de lucha contra la adversidad, contra la corrupción y la impunidad que ha invadido a todo el aparato oficial y sus poderes, de represión del gobierno que amenaza y encarcela a los opositores al proyecto minero, y los paramilitares de la empresa Minera San Xavier que nos golpean, amenazan y han tratado no en pocas ocasiones de asesinarnos, pero lo más triste y traumático, en cierta forma entendible, es la insensibilidad de buena parte de la sociedad que se resiste a participar en una lucha que es su lucha, en la que está de por medio su bienestar y la de los suyos.

Vía: La Jornada del Campo

#Minería: Gol de Minera San Xavier en #SLP

Ante la grave situación que enfrentan las empresas mineras en nuestro país, y en muchos más por el cada vez más creciente rechazo social a sus criminales proyectos, estas tienen que estar constantemente diseñando nuevas formas de congraciarse con la población, cambiando de look , el clásico lobo con piel de oveja,  y en este caso que mejor que aprovechar el fervor distractivo de nuestro pueblo por el  fútbol.

La estrategia de Minera San Xavier de rescatar y patrocinar el equipo local sería un golazo, por un lado porque mantendría a una buena parte de la sociedad distraída de la grave situación por la que atraviesa nuestro país, pero lo más importante, como forma de legitimar socialmente su proyecto minero que ha venido operando en la total ilegalidad desde su llegada a San Luis Potosí hace 17 años.

Las redes de corrupción que desde ese entonces Minera San Xavier ha venido tejiendo dentro de los tres poderes de gobierno están llegando a un nivel crítico, escandaloso, sobre todo en el poder judicial donde jueces y magistrados se ven obligados a dictar anticonstitucionales  sentencias a fin de mantener la ilegalidad de las actividades de la citada empresa minera situación que por su trascendencia jurídica va a ser ventilada ante instancias judiciales superiores con la intervención de otros actores de otras instancias de poder cuyos resultados podrían no ser muy buenos para la empresa minera y menos para los juzgadores.  

La estrategia “deportiva” es muy oportuna para Minera San Xavier, más en estos momentos en que sus mismos grupos de choque están divididos, inconformes por los estragos que la contaminación está causando en la salud de los habitantes de las comunidades más cercanas al proyecto minero y los constantes decesos de sus familiares.  Ante esta situación, para calmar los ánimos, la empresa minera tuvo que desembolsar y repartirles una buena cantidad de dinero, así logró por lo pronto calmar los ánimos y que el problema no trascendiera socialmente.  

San Luis Potosí Febrero de 2013.

FAO 

#Minería Carta abierta, Mina Esperanza Tetlama, Temixco, Morelos.

[Imagen: FAO - Google Maps. Zona de exploración de la mina Esperanza Resources Corp.]

"Ellos saben que no están solos". #Minería

Por: Liam Barrington-Bush

[Foto: Escultura del sindicato minero en Capulálpam de Méndez. 

Por: Liam Barrington-Bush]

Entre el 17 y 20 de enero, cerca de 500 activistas de todo México, América Central y más allá, se reunieron en la serrana ciudad mexicana de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, para apoyar una marea creciente de resistencia contra los impactos humanos y ambientales de las industrias extractivas en el región.

El "Encuentro de pueblos de Mesoamérica ¡Sí a la vida! No a la minería!", organizado por el la comunidad de Capulálpam de Méndez y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, fue una de las más grandes reuniones contra las minas anti que la región ha visto, así como la oposición local a algunos de los miles proyectos extractivos en Mesoamérica ha crecido de forma espectacular en los últimos años.

Canadá en el banquillo de los acusados.

La perpetuación de la violencia contra los activistas, los patrones de contaminación del agua y el suelo alrededor de los sitios de extracción, y el total desprecio por la autonomía de las comunidades indígenas, son tan familiares a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, como lo son los activistas presentes en México. John Cutfeet, un invitado de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario que participa activamente en el movimiento Idle No More, trajo las historias paralelas de su propia comunidad.

Cuando se le preguntó cómo la experiencia de una comunidad en el norte de Canadá está relacionada con las de los pueblos de Mesoamérica, explicó que los pueblos indígenas del Norte y del Sur "enfrentan experiencias similares y tácticas similares", en las qué "las empresas y el gobierno ... tratan de acceder a las tierras y nos privarnos de nuestros ritos de nacimiento y nuestras tierras. "

Y mientras que las contribuciones Cutfeet fueron recibidas con gran entusiasmo, las empresas canadienses recibieron una reprimenda fuerte y consistente a lo largo de los eventos del fin de semana. Los delegados y oradores también criticaron al gobierno de Canadá, y el Embajador de Canadá en México, específicamente, por jugar un papel activo en la promoción de políticas en el extranjero que favorecen los intereses de mineras canadienses a expensas de las comunidades indígenas, los derechos humanos y el medio ambiente.

Según el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT, por sus siglas en inglés), más del 75 por ciento de las empresas mineras del mundo tienen sede en Canadá. William Sacher y Deneault Alain, en su exposición en 2012 sobre la minería canadiense, Imperial Canada, Inc., argumentan que las empresas extractivas optan por hacer de Canadá su casa debido a una combinación de lagunas fiscales preferenciales, el recurso mínimo legal en contra de las acciones de las empresas canadienses en el extranjero y el apoyo incondicional del gobierno para la industria en el ámbito internacional.

El costo sangriento de plata.

Los asistentes al evento también escucharon a los residentes de otro pueblo oaxaqueño, San José del Progreso, donde dos activistas críticos de las prácticas de la canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlán fueron asesinados en 2012.

Rosalinda Dionicio de San José del Progreso, asistió al evento en Capulálpam.

Dionicio recibió heridas de bala en la pierna en marzo del año pasado y todavía camina con un bastón como resultado del ataque. Ella es también prima de Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los dos miembros de la comunidad asesinados en 2012.

Hubo muchos testigos presenciales del tiroteo más reciente contra los activistas contra la minería en el pueblo en junio pasado. Estos testigos identificaron a dos de los tiradores que participaron como empleado de Fortuna Silver y el hijo del ex presidente municipal (un fuerte defensor de la mina), respectivamente. La empresa y el municipio han negado cualquier participación en el ataque, descartando la violencia como resultado de un conflicto antiguo.

Para el pueblo de San José del Progreso y otras comunidades afectadas por la minería, el sitio de la conferencia fue importante, ya que Capulálpam de Méndez es uno de sólo unos pocos pueblos de la región que ha logrado suspender todas las actividades mineras locales. Debido a la contaminación del agua, la operación minera cercana es la Natividad y es de oro y plata (a cargo de otra empresa canadiense, Continuum Resources Ltd.) y fue suspendida de sus operaciones indefinidamente por la Procuraduría federal de protección al ambiente en 2007.

Tras la clausura, Continuum Resources Ltd. se convirtió en una filial de Fortuna Silver Mines. La compañía todavía está presionando activamente para reabrir la mina, en tanto, el pueblo y el municipio de Capulálpam de Méndez continuará luchando contra su imposición.

Un creciente sentimiento de solidaridad.

El evento se centró en la búsqueda de formas en que las comunidades afectadas en todo el hemisferio podrían trabajar en solidaridad unos con otros para desafiar a la industria minera y sus aliados políticos. A través de redes más fuertes, los participantes se sintieron más seguros de que sus luchas locales no eran casos aislados, por lo que podría ser impugnada por una serie de otras comunidades con conexiones a los agresores pertinentes.

John Cutfeet describe cómo este enfoque estaba siendo utilizado por las comunidades de las Naciones Originarias en Canadá. Cuando una comunidad se enfrenta a conflictos territoriales, otros vienen a la acción en todo el país, aumentando la presión sobre las empresas privadas e instituciones del gobierno desde muchos ángulos diferentes.

Fuertes redes, muchos participantes sintieron que sus pequeñas pero significativas luchas por la tierra, el agua y los derechos humanos, tienen el potencial de desafiar el poder de las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que los apoyan, ya que tanto la Nación Originaria KI en Ontario y el pueblo de Capulálpam en Oaxaca han sido capaces de demostrarlo en los últimos años.

Si bien las historias del fin de semana fueron a menudo desgarradoras, la energía fue alta, con un sentido del poder colectivo que viene de saber que hay muchos otros que enfrentan desafíos similares, y algunos que incluso han logrado ganar, contra todos los pronósticos significativos.

"Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dijo Rurik Hernández, uno de los organizadores con el Frente Amplio Opositor (FAO) de Cerro de San Pedro, una de las primeras comunidades en México que desafiaron a la minería en su comunidad.

"Ahora, muchas comunidades tienen esta fuerza ... Ellos saben que no están solos".

Vía: Rabble

*Liam Barrington-Bush Actualmente vive en Oaxaca, México y mensajes de twitter como @hackofalltrades

La resistencia contra la #minería en Mesoamérica

Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.

Por: Iracema Gavilan

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomuselo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría.  En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional  y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas.  Los panelistas señalaron  los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Letizia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.  De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna  en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción  acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero  (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que  hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Almendares denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios  y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

Vía: desInformémonos.

El conflicto minero en #CerrodeSanPedro. #minería #mineríatóxica

Por: Mario Martínez Ramos, Héctor David Covarrubias Rendón, 

Carlos Covarrubias Rendón y Tonatiuh Hernández Correa

[FOTO: FAO, mina de oro a tajo a cielo abierto en Cerro de San Pedro, S.L.P.]

La construcción del territorio y del desarrollo, por parte del capital y los pueblos en la zona conocida como Cerro de San Pedro, área metropolitana de la capital de San Luis Potosí, se podría comprender bajo una serie de tensiones y disputas entre el espacio lineal, universalizante y el lugar, compenetrado de diversidad, de localidad, atravesados por la corta y larga duración histórica.

Estas tensiones –que pudieran partir desde el descubrimiento del mineral en el Cerro de San Pedro en 1592, o incluso antes- son subyacentes a las geografías semidesérticas y están inscritas en la Gran Chichimeca, la Tierra Nómada en términos de Fábregas Puig. Frontera entre cultivadores y cazadores complejos, que obligó a formular tecnologías especiales de colonización, disímiles a las hechas en el centro y sur del país. Formas que fraguan preguntas clave para comprender la actual región, entre otras, la presencia tlaxcalteca, el rancho, la hacienda, la villa, el presidio y la misión.

La presencia del poder colonial en esta zona se dio a raíz de los hallazgos de la riqueza mineral. Dicha explotación está plagada por la discontinuidad, bajo periodos de bonanza y declive, que provocaron el abandono del lugar hacia 1622. En 1699 resurge por la extracción de plata sosteniéndose hasta 1736. En 1767, en un periodo de declive minero, se gestaron “los tumultos”, originados por el intento de regular la explotación minera artesanal. Dichas rebeliones llegaron a la capital potosina, en barrios ocupados por los indígenas nativos, a excepción de aquellos habitados por tlaxcaltecas.

En 1816 renace el lugar con la instalación de la mina Victoria. En 1925 con la política agraria atada a la norma fundante de 1917, se dota de ejido a Cerro de San Pedro. Se intentó hacer la reconversión de la actividad minera a una de producción agrícola, sin embargo, el proceso se estancó con la llegada de la compañía minera estadounidense ASARCO en 1928, que duró hasta 1948. Ante ello, la mayoría de sus habitantes y ejidatarios, se trasladaron a otros territorios, principalmente al municipio potosino de Charcas, y a Parral, Chihuahua. Con la reforma a leyes agrarias y mineras de finales del siglo XX, se propició la llegada al país de empresas mineras, en el caso que nos ocupa la Minera San Xavier (MSX).

Casi paralelamente, a finales del siglo XX, se da el regreso de antiguos habitantes de Cerro de San Pedro, los cuales son los fundadores del movimiento de resistencia al actual proyecto minero. Una de sus primeras acciones fue la constitución del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro. Estos sujetos han resignificado su territorio, presente en su memoria colectiva; en consonancia con la movilización social han tejido audiencias dentro y fuera del país y lazos con diversos sujetos emergentes. Posteriormente formaron un frente compuesto de ambientalistas, académicos, artistas, sindicalistas y estudiantes enriquecidos con la precisión de los argumentos históricos, culturales, ambientales y jurídicos.

Entre sus herramientas de lucha destaca el uso alternativo del derecho; de internet, y la implementación de alternativas económicas y culturales, que van desde la organización de festivales, protección de naturaleza endémica, pequeños proyectos productivos e incluso restauración de casas con valor histórico.

Se podría advertir que la creación del territorio y de otras nociones del desarrollo desde el lugar, por parte de estos actores, se ha dado en un marco de resistencia multivariada histórica y coyuntural, abierta y carente de dogmatismos, en tanto a formas diversas de resignificar el pensamiento y la acción colectiva, presente en sus distintas escalas, enclaves para futuros proyectos societales que lo hacen parte de nuevos actores en resistencia sobre el actual territorio conocido como Latinoamérica.

Acciones colectivas contra-hegemónicas, en tensión y disputa con la crudeza del actual capitalismo neocolonial, junto a sus síntomas más evidentes de crisis civilizatoria, la construcción hegemónica del territorio y del desarrollo y su nueva tecnología expoliadora tanto del ser humano como de la naturaleza, representada entre otras, en grandes proyectos mineros a cielo abierto.

Desde: La Jornada del campo

Comunicado desde Cerro de San Pedro, Dic 2012.

A la comunidad de Cerro de San Pedro

A la sociedad civil nacional e internacional

A las personas, organizaciones, comunidades, escuelas, universidades, redes, movimientos, asambleas que simpatizan con nuestra lucha en todo el mundo

A los medios de comunicación

Hacemos de su conocimiento el fallecimiento de Don Armando Mendoza Ponce, el más férreo defensor de Cerro de San Pedro, quien falleció el pasado 08 de diciembre de 2012 debido a complicaciones graves en su salud, todo esto por la contaminación y la presión psicológica que New Gold - Minera San Xavier y sus personeros ejercieron sobre Don Armando durante más de una década.  En varias ocasiones Don Armando sufrió atentados directos contra su vida, desde agresiones a golpes y disparos hasta intentos de linchamiento, siendo éste último, un evento sumamente preocupante por la violencia con la que New Gold - Minera San Xavier actuó contra la comunidad de Cerro de San Pedro que no está de acuerdo con su mortal proyecto minero de tajo a cielo abierto, uso de cianuro y liberación de metales pesados, ya que todos estos factores tendrán impactos mortales en la vida de la comunidad.

También hacemos de su conocimiento que desde hace varios meses han llegado rumores a Cerro de San Pedro y a San Luis Potosí de que existe una campaña para solicitar dinero en apoyo a Don Armando.

Ante esto comunicamos lo siguiente:

• Las personas, colectivos u organizaciones que hayan o estén solicitando dinero para Don Armando o su familia NO representan los intereses de la Familia Mendoza, la Comunidad de Cerro de San Pedro o del Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier.
• NO conocemos el fin para el cual se pudiera estar solicitando dinero en tal campaña.
• La solidaridad sincera y el apoyo leal a la comunidad siempre serán bienvenidos en Cerro de San Pedro.

Si desean apoyar a la Familia Mendoza en estos tiempos difíciles, se pueden comunicar con Tonantzin Mendoza (hija de Don Armando) al correo: museoeltemplete@gmail.com para más información.

Don Armando -en quien respiraba Cerro de San Pedro- nos enseñó que la dignidad no tiene precio, que hay que defender la vida y que “¡O acabamos con la minera o ella acaba con nosotros!”. Somos muchos los que continuaremos con la defensa del agua y la vida en Cerro de San Pedro y en México, recordando siempre los ideales de lucha de Don Armando y de otros valientes defensores de Cerro de San Pedro que mantienen un compromiso de lucha permanente.

Atentamente

Familia Mendoza y comunidad de Cerro de San Pedro

Frente Amplio Opositor (FAO) a MSX

Via: http://faoantimsx.blogspot.mx/2012/12/comunicado.html

Don Armando Mendoza Ponce

[Foto: FAO. Don Armando Mendoza Ponce en el Museo El Templete en Cerro de San Pedro]

#CerrodeSanPedro está de luto.

Declaración y marcha de Comalapa, Chiapas. #mineria

DECLARACIÓN DE COMALAPA

ENCUENTRO CHIAPANECO EN UNIDAD CONTRA

EL MODELO EXTRACTIVO MINERO 2012

En torno al tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca, asesinado hace tres años (el 27 de Noviembre de 2009), y reunidos en el municipio de Comalapa, Chiapas, del 26 al 28 de Noviembre de 2012, nos encontramos cientos de delegados y delegadas de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios de la entidad, con el apoyo y acompañamiento solidario de resistencias contra la minería de Veracruz y Guerrero, así como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá. También contamos con la solidaridad proveniente de Suecia y Alemania.

Intercambiamos experiencias, análisis, información, formación y búsqueda de estrategias, así como una movilización con la que culminamos este encuentro.

El gobierno de Chiapas y el gobierno federal siguen vendiendo nuestro país a las empresas mineras, sobre todo extranjeras. En Chiapas, más de 120 concesiones mineras desde el año 2000 se han entregado comprometiendo más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades. Pretenden extraer barita, oro, plata, magnetita, titanio, mercurio, plomo, uranio, grava, entre otros minerales.

Las empresas han llegado a nuestras tierras y han sembrado la división y la mentira; corrompen a presidentes municipales, autoridades ejidales y funcionarios públicos. Han deforestado, contaminado aguas y suelos. Se han muerto animales y desaparecido flora y fauna de todo tipo por sus proyectos mineros. Han afectado viviendas, caminos y la salud de la población. Se ha instalado en la Reserva de la Biósfera El Triunfo con el apoyo de las mismas autoridades ambientales estatales y federales. Han provocado la violencia con amenazas, intimidaciones, hostigamiento, represión; han justificado la militarización, la criminalización y hasta la muerte de compañeros y compañeras. No han cumplido con las promesas como el empleo e infraestructura como caminos, escuelas, pavimentación de calles, clínicas de salud, entre otros.

Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo. Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espíritu de lucha por la defensa de la Tierra y el Territorio por todo Chiapas. Continuaremos sus pasos articulando esfuerzos para resistir a la minería y otros megaproyectos que atentan contra la Tierra y el Territorio y nuestras comunidades como son las represas, monocultivos como palma africana, soja, piñón, entre otros.

Ante todo ello declaramos:

1. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas de lucha de Guerrero y Veracruz, pero también con todos los pueblos y organizaciones que luchan contra la minería en todo México.
2. Enviamos un saludo a nuestros hermanos y hermanas de lucha y resistencia contra la minería en Guatemala y todo Centroamérica. Mandamos un saludo solidario al Pueblo de Barillas y Totonicapán.
3. Enviamos un saludo a las organizaciones canadienses solidarias y al sindicato de trabajadores metalúrgicos y de metales (SWU) que nos acompañan y se solidarizan con nuestras luchas.
4. Llamamos a fortalecer la unidad entre los movimientos y organizaciones contra el Modelo Extractivo Minero. La minería es un problema que nos afecta a todos los pueblos, sobre consideraciones partidistas, ideológicas, de organización o religiosas.
5. Convocamos a generar procesos de prevención por medio de encuentros, consultas, talleres, procesos de formación, movilización, educación, acuerdos comunitarios para impedir el paso de las empresas mineras. Tenemos que fortalecer nuestros vínculos y luchas contra el Modelo Extractivo Minero de este capitalismo depredador.
6. Exigimos la cancelación definitiva de la mina la Revancha y del ejido Santa María en Chicomuselo. Así como las concesiones de toda la región Sierra y Soconusco.
7. Enviamos un saludo solidario a los trabajadores y ejidatarios que luchan contra la minera canadiense Excellon en el estado de Durango, y exigimos la salida de esta empresa minera.
8. Exigimos justicia por los asesinatos de Mariano Abarca, Bety Cariño, Bernardo Vásquez, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solis y Eustacio Vásquez, luchadores y luchadoras contra las mineras canadienses Fortuna Silver, Blackfire y Mag Silver.
9. Alertamos la situación de violencia en el estado donde hay presencia de concesiones y grandes intereses mineros como en Venustiano Carranza. Rechazamos los actos de violencia, hostigamiento y represión de la policía estatal, municipal, judicial, sectorial y AFI contra el pueblo de Venustiano Carranza.
   
   

¡NO A LA MINERIA, SI A LA VIDA!

¡QUEREMOS FRIJOL, QUEREMOS MAIZ, FUERA LAS MINERAS DE NUESTRO PAÍS!

¡Chiapanecos en unidad, la minería no permitirán!

¡MARIANO VIVE!

28 de Noviembre de 2012

COMALAPA, CHIAPAS, MÉXICO

Firman representantes de los 20 municipios de Chiapas: Ixtapa, Chamula, San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo, Osumacinta, Chicomuselo, Teopisca, Huixtán, Chilón, Amatenango del Valle, Amatenango de la Frontera, Acala, Socoltenango, Tila, Venustiano Carranza, Motozintla, La Trinitaria, Tapachula, y Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo). Además organizaciones de Veracruz como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la Alianza Internacional de Habitantes; Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) de Guerrero, Guatemala, Colombia y observadores de Canadá.

---------------------

MARCHA DEL ENCUENTRO CHIAPANECO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO EN COMALAPA, CHIAPAS.

Los que marcharon esta tarde por el camino de la comunidad Tres Maravillas a Frontera Comalapa son parte del pueblo consciente y afectado por el modelo extractivo minero, que han impuesto los gobiernos de Chiapas y el gobierno federal entre ellas más de 120 concesiones del 2000 a la fecha, han entregado más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades en las que extraerán barita, oro, plata, titanio, mercurio, plomo, uranio, grava entre otros minerales.

En tres días de jornadas informativas, de formación e intercambio de experiencias, distintos grupos interesados por su tierra y sus recursos buscaron estrategias para organizarse y crear lazos de unidad.

Al final de estas actividades dieron cierre con una marcha de más de 2000 personas en la cabecera municipal de Frontera Comalapa, Chiapas.

En torno al tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca, asesinado hacer tres años (27 de Noviembre de 2009), y reunidos en el municipio de Comalapa del 26 al 28 de Noviembre de 2012, se encontraron cientos de delegados de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios en la entidad, con el apoyo y acompañamiento solidario de resistencia contra la minería de Veracruz y Guerrero, así como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá, Suecia y Alemania.

En denuncia constantes por integrantes de la sociedad civil hacia las empresas que han llegado a sus territorios y sembrado la división, la mentira, la corrupción a presidentes municipales, autoridades ejidales y funcionarios públicos. 

Deforestando, contaminando las aguas y suelos, afectando caminos y la salud de la población.

Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo. 

Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espìritu de lucha por la defensa de la Tierra y el Territorio por todo Chiapas.

Fotos: Luz de Alba Belasko