#Minería: Mineras canadienses arrasan con oro de #Oaxaca

Por Érika Ramírez

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social.

San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente de la CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

 

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.

  

Sin consulta previa

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

 

San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal. Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que conforman la nación.

Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.

Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha padecido las condiciones de pobreza.

Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad, es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.

Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines –representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción  de millones de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.

Incertidumbre en la salud

Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz López, quien desde hace algunos meses siente un continuo ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad en sus piernas.

Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se le quieren quitar”.

Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto, pues no cuentan con información clara del impacto ambiental que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.

La organización internacional Hesperian, en su Guía comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería “la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud. Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire, proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”, entre otros aspectos.

Minería, oscuro panorama

Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.

Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.

Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para despojar a los pueblos de sus territorios”.

—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.

—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.

“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”

Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana

La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.

De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.

La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.

Las desigualdades

En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses, australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.

El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.

“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de regalías.”

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

 

San José del Progreso, Oaxaca. El documento Empresas con proyectos mineros en México, elaborado por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, muestra que además de Fortuna Silver Mines, otras firmas con capital de origen canadiense son Almaden Minerals, Aztec Metals Corp, Canada Gold Corporation, Silver Dragon Resources Inc, Ross River Minerals Inc, por mencionar algunas.

Del Sistema Integral sobre Economía de Minerales se desprende que Oaxaca es el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país.

Del listado –elaborado por la Secretaría encargada de ejecutar políticas económicas para el desarrollo del país– se desprende que en este estado, el 79 por ciento de los proyectos pertenecen a empresas canadienses, el resto con origen en Estados Unidos. Fortuna Silver Mines opera en San José del Progreso, en fase de producción, y en Tlacolula, en exploración, ambas de oro y plata.

La defensa empresarial

Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, asegura en entrevista que ésta es una empresa comprometida socialmente, y que sus políticas tienen un perfil social y de cuidado del medio ambiente.

Comenta que la presencia de la minera en la localidad indígena zapoteca emplea a 750 personas, de las cuales el 66 por ciento pertenece a la zona y el resto, a San José del Progreso. Todos los empleados, en todos los niveles, se encuentran contratados bajo el mecanismo de subcontratación (conocido como outsourcing). Esta situación los desvincula directamente de la trasnacional y no genera obligaciones directas entre el obrero y el patrón.

El ejecutivo dice que en 2012 la minera dotó de recursos por 8 millones de pesos al municipio donde se encuentran sus instalaciones y otros 7 millones de pesos en 2011, con el fin de llevar a cabo obras de infraestructura para los pobladores.

Alberto Mauro Sánchez Muñoz, presidente municipal de San José del Progreso, defiende la presencia de la minera en la zona. En entrevista con Contralínea y con integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, acepta que “este pueblo era muy tranquilo, no había pleitos. Ahorita estamos en la voz de todo el mundo por las muertes que ha habido”.

El hombre que administra el tercer municipio más pobre del estado porta gruesas cadenas de oro en cuello y muñecas. Dice que “las minas no son nuevas: había mucha gente que venía a explotar los recursos a San José del Progreso, y antes sí eran esclavos los que tenían trabajando ahí. Mi abuelo y mi papá trabajaron en la mina y los obligaban a trabajar por una paga que no alcanzaba ni para comer”.

—¿Qué ha significado la presencia de la compañía minera Fortuna Silver Mines para la comunidad?

—San José de Progreso tiene 89 años; es un pueblo nuevo, minero. Se fundó de toda la gente que venía a trabajar a las minas desde hace 150 años. En 2006, llega Cuzcatlán [filial de la canadiense Fortuna Silver Mines] y empiezan a trabajar. Vienen a comprar las tierras a 30 mil pesos la hectárea, aquí había gente campesina que nunca en su vida había visto 10 mil [pesos]; menos, 30 mil, y así fueron adquiriendo terrenos. Empezamos a exigirle a la empresa minera que dejara un beneficio, que no fuera nada más el saqueo sino que dejara un beneficio a la comunidad. Hacía donaciones con becas escolares, lo mínimo.

Discrepa de las cantidades que dice la empresa haber entregado al municipio, pero asegura: “Fuimos la primera autoridad en realizar un convenio con la minera para que deje bonificaciones. En 2011 dio al municipio 6.5 millones [de pesos] en obras; en 2012 fueron 7 millones de pesos”.

Contrario a la inconformidad de los pobladores y a la aceptación de las autoridades estatales de que se han violentado los derechos humanos en este territorio, el presidente municipal asegura que la empresa trabaja cabalmente, y “como autoridades le exigimos todos los estudios correspondientes: impacto ambiental, sismográfico, de no contaminación del viento; la empresa no genera polvo, se les hizo que a los molinos se les pusieran silenciadores”.

INFOGRAFÍA:

"Ellos saben que no están solos". #Minería

Por: Liam Barrington-Bush

[Foto: Escultura del sindicato minero en Capulálpam de Méndez. 

Por: Liam Barrington-Bush]

Entre el 17 y 20 de enero, cerca de 500 activistas de todo México, América Central y más allá, se reunieron en la serrana ciudad mexicana de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, para apoyar una marea creciente de resistencia contra los impactos humanos y ambientales de las industrias extractivas en el región.

El "Encuentro de pueblos de Mesoamérica ¡Sí a la vida! No a la minería!", organizado por el la comunidad de Capulálpam de Méndez y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, fue una de las más grandes reuniones contra las minas anti que la región ha visto, así como la oposición local a algunos de los miles proyectos extractivos en Mesoamérica ha crecido de forma espectacular en los últimos años.

Canadá en el banquillo de los acusados.

La perpetuación de la violencia contra los activistas, los patrones de contaminación del agua y el suelo alrededor de los sitios de extracción, y el total desprecio por la autonomía de las comunidades indígenas, son tan familiares a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, como lo son los activistas presentes en México. John Cutfeet, un invitado de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario que participa activamente en el movimiento Idle No More, trajo las historias paralelas de su propia comunidad.

Cuando se le preguntó cómo la experiencia de una comunidad en el norte de Canadá está relacionada con las de los pueblos de Mesoamérica, explicó que los pueblos indígenas del Norte y del Sur "enfrentan experiencias similares y tácticas similares", en las qué "las empresas y el gobierno ... tratan de acceder a las tierras y nos privarnos de nuestros ritos de nacimiento y nuestras tierras. "

Y mientras que las contribuciones Cutfeet fueron recibidas con gran entusiasmo, las empresas canadienses recibieron una reprimenda fuerte y consistente a lo largo de los eventos del fin de semana. Los delegados y oradores también criticaron al gobierno de Canadá, y el Embajador de Canadá en México, específicamente, por jugar un papel activo en la promoción de políticas en el extranjero que favorecen los intereses de mineras canadienses a expensas de las comunidades indígenas, los derechos humanos y el medio ambiente.

Según el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT, por sus siglas en inglés), más del 75 por ciento de las empresas mineras del mundo tienen sede en Canadá. William Sacher y Deneault Alain, en su exposición en 2012 sobre la minería canadiense, Imperial Canada, Inc., argumentan que las empresas extractivas optan por hacer de Canadá su casa debido a una combinación de lagunas fiscales preferenciales, el recurso mínimo legal en contra de las acciones de las empresas canadienses en el extranjero y el apoyo incondicional del gobierno para la industria en el ámbito internacional.

El costo sangriento de plata.

Los asistentes al evento también escucharon a los residentes de otro pueblo oaxaqueño, San José del Progreso, donde dos activistas críticos de las prácticas de la canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlán fueron asesinados en 2012.

Rosalinda Dionicio de San José del Progreso, asistió al evento en Capulálpam.

Dionicio recibió heridas de bala en la pierna en marzo del año pasado y todavía camina con un bastón como resultado del ataque. Ella es también prima de Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los dos miembros de la comunidad asesinados en 2012.

Hubo muchos testigos presenciales del tiroteo más reciente contra los activistas contra la minería en el pueblo en junio pasado. Estos testigos identificaron a dos de los tiradores que participaron como empleado de Fortuna Silver y el hijo del ex presidente municipal (un fuerte defensor de la mina), respectivamente. La empresa y el municipio han negado cualquier participación en el ataque, descartando la violencia como resultado de un conflicto antiguo.

Para el pueblo de San José del Progreso y otras comunidades afectadas por la minería, el sitio de la conferencia fue importante, ya que Capulálpam de Méndez es uno de sólo unos pocos pueblos de la región que ha logrado suspender todas las actividades mineras locales. Debido a la contaminación del agua, la operación minera cercana es la Natividad y es de oro y plata (a cargo de otra empresa canadiense, Continuum Resources Ltd.) y fue suspendida de sus operaciones indefinidamente por la Procuraduría federal de protección al ambiente en 2007.

Tras la clausura, Continuum Resources Ltd. se convirtió en una filial de Fortuna Silver Mines. La compañía todavía está presionando activamente para reabrir la mina, en tanto, el pueblo y el municipio de Capulálpam de Méndez continuará luchando contra su imposición.

Un creciente sentimiento de solidaridad.

El evento se centró en la búsqueda de formas en que las comunidades afectadas en todo el hemisferio podrían trabajar en solidaridad unos con otros para desafiar a la industria minera y sus aliados políticos. A través de redes más fuertes, los participantes se sintieron más seguros de que sus luchas locales no eran casos aislados, por lo que podría ser impugnada por una serie de otras comunidades con conexiones a los agresores pertinentes.

John Cutfeet describe cómo este enfoque estaba siendo utilizado por las comunidades de las Naciones Originarias en Canadá. Cuando una comunidad se enfrenta a conflictos territoriales, otros vienen a la acción en todo el país, aumentando la presión sobre las empresas privadas e instituciones del gobierno desde muchos ángulos diferentes.

Fuertes redes, muchos participantes sintieron que sus pequeñas pero significativas luchas por la tierra, el agua y los derechos humanos, tienen el potencial de desafiar el poder de las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que los apoyan, ya que tanto la Nación Originaria KI en Ontario y el pueblo de Capulálpam en Oaxaca han sido capaces de demostrarlo en los últimos años.

Si bien las historias del fin de semana fueron a menudo desgarradoras, la energía fue alta, con un sentido del poder colectivo que viene de saber que hay muchos otros que enfrentan desafíos similares, y algunos que incluso han logrado ganar, contra todos los pronósticos significativos.

"Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dijo Rurik Hernández, uno de los organizadores con el Frente Amplio Opositor (FAO) de Cerro de San Pedro, una de las primeras comunidades en México que desafiaron a la minería en su comunidad.

"Ahora, muchas comunidades tienen esta fuerza ... Ellos saben que no están solos".

Vía: Rabble

*Liam Barrington-Bush Actualmente vive en Oaxaca, México y mensajes de twitter como @hackofalltrades

La resistencia contra la #minería en Mesoamérica

Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.

Por: Iracema Gavilan

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomuselo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría.  En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional  y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas.  Los panelistas señalaron  los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Letizia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.  De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna  en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción  acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero  (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que  hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Almendares denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios  y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

Vía: desInformémonos.

Foro internacional: el derecho humano al agua y al saneamiento en la constituciones.

FORO INTERNACIONAL EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES: AVANCES Y RETOS EN AMERICA LATINA.

17 octubre 2012

Organizado por: COMDA

Comunicado del #M4 sobre el Tribunal de Salud

Comunicado del #M4 sobre el Tribunal de Salud

Consulta el veredicto del Tribunal dando clic en la imagen.

Ni por TODO el ORO. Caballo Blanco en Veracruz.

Reportaje sobre Caballo Blanco, del programa Punto de Partida.

#Goldcorp’s “true story” of corporate neglect #mining

Goldcorp’s “true story” of corporate neglect displayed at Dundas and Yonge intersection

Press release

April 26, 2012

“Goldcorp is Canada’s shame,” states a young participant, Valerie Croft, and member of Amnesty International. “We are all complicit so long as Goldcorp continues to operate with impunity in Guatemala.”

 Brandishing large caricature-size newspapers and hand-crafted headlines, 30 or so protestors marched from Goldcorp’s headquarters in Toronto to Dundas and Yonge intersection where they intermittently posed at the intersection holding out headlines pointing to Goldcorp’s poor environmental and human rights records throughout Mesoamerica, and the recent insider trading scandal involving chairman Ian Telfer.

 This event is one of many actions throughout Latin America being organized in light of the annual Goldcorp shareholders meeting in South Porcupine, Ontario where affected community members will appeal to shareholders to demand increased corporate accountability. There is growing concern that Goldcorp will cease operations at its site in San Marcos, Guatemala without establishing adequate measures for clean-up and compensation.

“It’s a disgrace that after stealing land and resources from the people of San Miguel,  Goldcorp adds insult to injury by refusing to clean up after themselves,” says Mining Injustice Solidarity Network member, Rebecca Bartel.

For more background info, check out: Gold flows as wells run dry

For more information about the event: Mining Injustice Solidarity Network call-out

Co-organized by Amnesty International, Breaking the Silence and Mining Injustice Solidarity Network

Fuente: http://www.solidarityresponse.net/goldcorps-true-story-of-corporate-neglect-displayed-at-dundas-and-yonge-intersection/

CAMPAÑA CONTRA LA GOLDCORP #M4 #mineria

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4): http://www.movimientom4.org/

Como parte de su campaña contra la GoldCorp, en coordinación con aliados en Canadá y Estados Unidos, queremos difundir la denuncia contra esta trasnacional minera para juntar los más votos posibles antes del 26 de abril, día de la reunión de accionistas de la Goldcorp en Canadá, para exigir condiciones de cierre de la Mina Marlin en Guatemala. Rogamos la solidaridad firmando electrónicamente esta carta desde Amnistía Internacional: 

http://www.amnesty.ca/iwriteforjustice/take_action.php?actionid=864&type=Internal 

Les rogamos difundirla lo más posible. Pronto estará un link a la version en español. Les rogamos si pueden poner un link en sus paginas webs.

Gracias por la solidaridad!

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

Un fraude llamado “locomotora minera”

Por Freddy Cante*


El Estado se está convirtiendo en cómplice de los nuevos conquistadores ante un país que ve crecer rápidamente sus exportaciones, pero no percibe avances en la distribución de esos enormes ingresos: las regalías sólo han sido un factor de distracción.


Nada más que el combustible

Foto: EAFIT.

“Los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10.  

De lo que estamos muy contentos”.

Juan Carlos Echeverry, Ministro de Hacienda

 “Con criterios objetivos se asignarán títulos mineros a quienes realmente tengan la idoneidad y la capacidad técnica y económica para explotar los recursos, bajo estándares de responsabilidad social y ambiental”.

Mauricio Cárdenas, Ministro de Minas y Energía

“Hacer minería con responsabilidad ambiental es posible y no se debe caer en el falso dilema de minería o medio ambiente…”

Claudia Jiménez, Directora Ejecutiva, Minería a Gran Escala

Gracias a los buenos oficios de funcionarios como los citados, estamos pasando rápidamente de la extracción gota a gota — la minería artesanal, ínfimamente productiva— a la avalancha de minerales hacia los mercados internacionales: la extracción en el menor tiempo posible de nuestro potencial energético agotable.


La metáfora de la locomotora aplica al sector transformador o secundario y se asocia con la revolución industrial. Las locomotoras se mueven por conversión de energía térmica en movimiento mecánico. Esto no sería posible sin el combustible que se deriva de recursos naturales como la madera, el agua o los minerales.


Como cinco siglos atrás, gran parte de nuestra economía está hoy anclada en actividades extractivas. La misma lógica aplica a otras fuentes energéticas, como el uso del agua para producir electricidad y el uso de vegetales para alimentar motores.


El país se está convirtiendo en una enorme despensa o cantera para proveer minerales que —transformados por otros más vivos en combustibles— serán usados para mover las verdaderas locomotoras del mundo industrializado.


Recursos que se agotan


El proceso económico no es circular: más bien implica el desgaste creciente de los recursos naturales. Estamos abocados a una transformación continuada e irrevocable de baja en alta entropía. Para Roegen [Roegen, N. G. 1996. La ley de la entropía y el proceso económico. Madrid: Fundación Argentaria], por ejemplo, existen límites al desarrollo económico que deben guiar las decisiones sobre la intensidad de la explotación de recursos minerales agotables. Antes de tomar tales decisiones se necesita discutir seriamente acerca de problemas como los siguientes:

• Aunque “… la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma... En el universo hay una degradación cualitativa continua e irrevocable de energía libre en energía independiente (o desordenada y caótica). Esta degradación abarca todo lo existente, incluso aquello que no ha sido alterado por el trabajo humano”.
• Existe un límite cierto e inexorable de las reservas de recursos de baja entropía. La energía libre no puede utilizarse más de una vez. Entonces, la dotación de energía de la humanidad se extinguirá inexorablemente – y aun suponiendo una población constante (sin la abrumadora explosión demográfica) y un flujo constante per cápita de recursos mineros extraídos.
• El progreso tecnológico —la continua revolución industrial— ha significado un largo proceso de intensificación en el uso de la energía del Planeta: desde la fuente de baja entropía más abundante —la radiación solar que hace posible la agricultura — a la menos abundante —recursos minerales que más tarde se queman en la industria—.
• Sin los flujos de la agricultura y la minería no habría producción industrial (y viceversa). No obstante el ritmo al que llegan los recursos agrícolas y minerales a la industria limita la producción humana.
• La industrialización y la minería causan perjuicios ambientales inevitables:

1. la contaminación: el proceso económico transforma la baja entropía en desechos, muchos de ellos nocivos, y causa el sobrecalentamiento global mediante la combustión de maderas y de petróleo;
2. el despliegue de energías destructivas como la energía nuclear, ya sea para fines bélicos o para generar energía supuestamente limpia;
3. la extracción de recursos minerales y los usos del agua para hidroeléctricas alteran la naturaleza, como la extirpación de un órgano afecta el desempeño de un organismo vivo.

Un fraude doble


Los fundadores de la teoría económica —Smith, Ricardo, Malthus y Marx— establecieron la existencia de tres fuentes de ingresos, correspondientes a tres clases sociales distintas: el trabajo, el capital y la renta. La economía y las empresas requieren trabajadores, maquinarias y recursos naturales.

El país se está convirtiendo en una enorme despensa o cantera 

para proveer minerales que serán usados para mover las verdaderas 

locomotoras del mundo industrializado. Foto: Ministerio de Minas.

El trabajo —ya sea simple o complejo, burdo o calificado— permite transformar el mundo: trasladar los materiales de unos espacios a otros o alterar su forma y composición para producir artículos terminados. También las transformaciones sociales, la política y la organización humana exigen trabajo. El trabajo intelectual, núcleo de una economía terciaria o del conocimiento, se traduce en servicios y en creaciones, en respuestas a interrogantes y solución de problemas que nos ayudan en la transformación del mundo.


El capital equivale a trabajo acumulado en un lapso de tiempo: i. si es capital físico consiste en un acervo de instrumentos (máquinas y herramientas) que surgieron de un trabajo pretérito;


ii. si es capital humano consiste en un conjunto de saber-hacer tecnológico, de habilidades y de conocimientos, y de imaginación que se pueden entender como un trabajo complejo.


El pago por recursos naturales -la “renta de la tierra”- por el contrario, no es producto del trabajo y por eso equivale a un doble robo social:


i. es un subproducto derivado de la propiedad del suelo, originalmente producido por la naturaleza, y pagado al terrateniente por permitir el acceso y el uso de los poderes o servicios o energías productivos del suelo;


ii. esta renta aumenta de manera sostenida, debido a la escasez de tierras de “alta calidad” para usos productivos (calidad que depende sobre todo de la localización y la fertilidad o potencial productivo). Así pues, los rentistas no trabajan; son parásitos que prosperan a medida que aumenta la población y crece la demanda por productos que utilizan recursos naturales.


Prosperidad no democrática

El progreso tecnológico  ha significado un largo proceso 

de intensificación en el uso de la energía del Planeta. 

Foto: Foro de Fotos.

En el contexto colombiano y en el caso de la renta de las minas, el Estado opera como un terrateniente sui generis. Por una parte y en teoría protege o administra la riqueza del subsuelo —que es propiedad de todos—. Por otra parte y en realidad la minería es una fábrica de rentas para explotadores —foráneos en su mayoría— con el respaldo del Estado, a cambio de un humillante goteo de regalías, que ni siquiera se atreve a cobrar en su totalidad (y así lo muestra, por ejemplo, Guillermo Rudas en Razón Pública):

• El título para explotar una mina se recibe de manera gratuita o tiene muy bajo costo, pero su dueño disfruta de una renta jugosa, que aumenta cuando suben los precios del mineral o a medida que éste se va volviendo más escaso.
• Los ingresos astronómicos (rentas exclusivas) de una firma que tiene derechos para explotar una mina, se derivan del “saber hacer”, de la tecnología que le permite explorar y extraer los recursos minerales. Las grandes compañías mineras manejan recursos “posicionales” (es decir, generadores de rentas) en términos de secretos industriales, de tecnología sofisticada y de capital humano.
• El dueño de aquel título puede usar y abusar de su derecho. Como hoy por hoy la minería genera más valor agregado que las demás “improductivas” faenas económicas, el minero puede vulnerar los derechos de otra gente y causar daños sobre bienes públicos como la preservación ambiental, la apacibilidad, el desarrollo agrícola, la preservación cultural y el simple deleite con el paisaje natural.
• No hay que olvidar que la queja y la protesta son derechos costosos, al igual que la acción colectiva de las víctimas.
• Existe tal asimetría de información que la compañía poseedora de una concesión sabe qué recursos contiene la mina y a qué ritmo los extrae… cosa que ignoran el Estado y el ciudadano de la calle.
• El recurso mineral está sujeto a rendimientos decrecientes y a un agotamiento inevitable. Los minerales no son expandibles ni reproducibles, mientras el suelo urbano se puede multiplicar debido a la densificación, la tierra agrícola se puede transformar para hacerla más fértil debido a los abonos, y la mano de obra se puede reproducir gracias a los salarios.
• Los recursos minerales líquidos, sólidos o gaseosos emanan de la tierra a manera de una donación. Quien los posee, los toma y los vende al mejor postor y se queda con la parte sustancial de la renta.
• Los pocos ingresos derivados del trabajo que implica la actividad extractiva se reparten entre unas pocas decenas de trabajadores muy calificados y bien remunerados (técnicos nacionales o extranjeros) y varios miles de obreros rasos (que extraen, limpian, empacan y transportan dichos materiales) a cambio de bajos salarios y poca seguridad.

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la misma universidad.

Repudian proyecto minero San Antonio en reunión de información pública.

Publicado por Raymundo Leon Verde 

Febrero 15, 2012

La Paz, BCS, 15 de febrero.- Con una mayoría de ponencias y manifestaciones de los asistentes en contra se llevó a cabo en esta ciudad la reunión pública de información del proyecto San Antonio de la minera La Pitalla, filial de la corporación estadunidense Argonaut, que pretende la explotación de una mina de oro a cielo abierto en el sureste de este municipio, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Tras la presentación de las 52 ponencias registradas, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, órgano de consulta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para facilitar la participación de la sociedad civil en la política ambiental, núcleo Baja California Sur, recomendó a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (Dgira), no autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero.

Francisco Javier Guzmán Roa, presidente del organismo, señaló que de acuerdo al análisis de la MIA existen inconsistencias y falta de información en el contenido de los capítulos, por lo que sugirió a la Dgira y a la propia Semarnat que el documento sea ampliado para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación.

El Consejo Consultivo pidió, asimismo, que se solicite a la minera La Pitalla que dentro de la MIA se incluya un capítulo específico que aclare y defina cómo está vinculado el proyecto como en programa del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz porque en éste las unidades de gestión ambiental no contemplan la actividad minera.

La reunión se desarrolló en el hotel Gran Plaza de esta ciudad, donde se tuvo que cambiar el salón programado porque la asistencia rebasó las expectativas de los organizadores.

La empresa acarreó a unos doscientos supuestos pobladores de la comunidad de San Antonio, lugar cercano a la mina proyectada, a los que vistió con camisetas de respaldo y pagó la comida en el restaurante del hotel que fue reservado en su totalidad.

Sus manifestaciones de apoyo, sin embargo, fueron silenciadas por una abrumadora mayoría de opositores al proyecto que con pancartas, gritos, abucheos y hasta mentadas de madre repudiaron a los representantes de la minera, por lo que el titular de transparencia y acceso a la información de la Semarnat, Mateo Castillo Ceja, coordinador de la reunión, en varias ocasiones amenazó con suspender el encuentro por falta de condiciones adecuadas.

El Consejo Consultivo, en su análisis de la MIA, consideró que el proyecto San Antonio no demuestra en forma suficiente que el acuífero no se afectará y existe poca información respecto el tratamiento de las aguas residuales.

Señaló que la minera propone un fondo de 4.6 millones de dólares para labores de restauración en los cuatro años siguientes al cierre de la mina, pero no expone los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las medidas de mitigación a largo plazo ni tampoco en caso de un accidente ambiental o abandono del proyecto.

Advirtió que la MIA no explora la concatenación entre el proyecto San Antonio y las actividades económicas, consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad como el turismo y la agricultura.

En la MIA no hay información con respecto al comportamiento estacional de la flora y fauna del área del proyecto; no presenta evidencias de éxito en el trasplante de especies vegetales; no hace mención a la preservación del hábitat para la fauna que se localiza en el predio; no presenta un estudio que demuestre la afectación que habrá en el ecosistema; ni hace referencia a la ubicación de los corredores biológicos que se verán afectados.

Puntualizó que el documento además tendrá que demostrar que cumple con leyes y reglamentos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

En el evento fue notoria la ausencia de los legisladores federales y estatales, responsables de la regulación en materia minera, mientras mezclado entre el público el director de la minera Concordia, Héctor Araya, observó el repudio de estudiantes, profesores y ambientalistas contra la minera La Pitalla.

Las organizaciones civiles Medio Ambiente y Sociedad, Niparajá, Cemda e investigadores del Cibnor, Cicimar y la Universidad Autónoma de Baja California Sur coincidieron en señalar que el proyecto no es viable debido a que afectaría el paisaje, el ecosistema, contaminaría los acuíferos de la zona y no cumple con las leyes y reglamentos en materia ambiental federales y locales.

La reunión concluyó con airados gritos de “fuera, fuera, fuera” hacia los empresarios de La Pitalla que se vieron obligados a salir por una puerta lateral del salón que fue resguardada por elementos de seguridad a fin de que los opositores al proyecto no los siguieran.

Castillo Ceja informó, al final, que la reunión no fue suspendida por falta de garantías de seguridad, sino porque terminó el tiempo programado en la convocatoria (18:00 horas), de manera que las respuestas que faltaron a las 42 preguntas pendientes serían contestadas por los promoventes por correo electrónico.

El director de la minera Pitalla, Jorge Alberto Díaz Avalos, en su oportunidad, informó que el proyecto consiste en la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de 756 hectáreas, ubicado en la cuenca de Los Planes, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Explicó que en 2007 se iniciaron los trabajos de exploración en la zona, en la que se detectaron 1.6 millones de onzas de oro contenida en 38 millones de toneladas de roca.

Puntualizó que en 2011 llevaron a cabo labores de caracterización de sitios para entender el entorno, por lo que el 15 de diciembre presentaron ante las autoridades ambientales la Manifestación de Impacto Ambiental.

La Pitalla obtuvo 15 concesiones del gobierno federal con una superficie de 46 mil 328 hectáreas con vigencia de 50 años para la extracción de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz, pero el proyecto San Antonio se limita a 756 hectáreas.

Según lo ambientalistas, de aprobarse este proyecto abriría la puerta para que en el futuro pudieran ser explotados otros predios dentro de las mismas concesiones, todo a cambio del pago de 5 pesos por hectárea y la destrucción del entorno.

Desde:http://ejecutivosbcs.webs.com/apps/blog/show/12421766-repudian-proyecto-minero-san-antonio-en-reunion-de-informacion-publica