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sábado, 20 de abril de 2013

#CerrodeSanPedro: breve historia de sus luchas

Por: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) / REMA

[FOTO: MAJLOC. Visita a CSP de otros pueblos.]

Un pueblo como muchos otros fundado por la avaricia del oro, víctima de la despiadada explotación humana, de sus riquezas y recursos naturales. La diferencia de este poblado con los muchos otros radica en su eterna rebeldía que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a este territorio.

Después de haber doblegado y ocupado la gran Tenochtitlan, el año 1550 cuando las avanzadas españolas llegaron a este valle, al que algunos historiadores dicen que llamaron Valle del Tangamanga, habitado por tribus nómadas guachichiles, que conformaban la nación Chichimeca. Este valle también era conocido como El Tunal Grande por el hecho de que su cuenca, con un área de casi dos mil kilómetros, estaba cubierta de todo tipo de cactáceas.

Lo cerrado y la altura de las cactáceas y la destreza con que sus habitantes manejaban el arco y la flecha propiciaron la lucha de resistencia de los guachichiles, la cual se prolongó por más de 40 años. Los españoles se vieron obligados a continuar su avance conquistador hacia el norte de lo que hoy llamamos México por los flancos oriente y poniente del valle. A este acontecimiento, los historiadores le llamaron “La guerra de los 40 años”. Fue hasta 1590, con un desgaste enorme de ambos lados y la diplomática intervención del capitán “mestizo” Miguel de Caldera, que se firmó la paz entre los bandos en pugna.

El 4 de marzo de 1592 un natural de la zona mostró a los españoles la ubicación de la rica montaña mineralizada conocida posteriormente como Cerro de San Pedro y simbolizada como emblema del Escudo de Armas de la Ciudad de San Luis Potosí (SLP) y de su estado. Así se fundó el poblado también conocido como Cerro de San Pedro y posteriormente el municipio que lleva el mismo nombre.

La llegada de miles de mineros a San Pedro de diferentes lugares, atraídos por la riqueza del Cerro, obligó a fundar en el valle lo que hoy es la ciudad capital de SLP. El agregado de “Potosí” se le dio por considerar que las minas de San Pedro eran tan ricas como las más ricas del mundo en ese entonces, las minas de la ciudad del “Potosí” en Bolivia.

Así se inició un calvario de saqueo y explotación humana y de nuestras riquezas naturales, en las labores mineras. Se acabó la etnia guachichil, los bosques de encinos, pinos y otras especies maderables que cubrían los cerros fueron arrasados, utilizados para la fundición de los metales. El Tunal Grande desapareció para dar paso a la urbanización.

[FOTO: Marcos Guevara Rivera. Guardia privado en Minera San Xavier]

La actividad minera es intermitente, se agota la veta y se suspenden las actividades hasta que se encuentra otra veta; esto puede durar meses o muchos años, mientras tanto, mucha gente abandona la zona en busca de empleo desplazándose hacia otro centro minero en explotación.

En una de esas recurrentes crisis, en 1762 –cuando todavía la economía de la ciudad capital en buena medida dependía de la minería–, la hacienda pública se vio afectada por la inactividad minera; como medida, las autoridades impusieron nuevos impuestos y medidas represivas contra los que por falta de empleo deambulaban por las calles, no pocos de ellos fueron apresados y enviados a otras ciudades a trabajos forzados, incluso a Cuba.

La reacción social no se hizo esperar, los mineros de Cerro de San Pedro se organizaron liderados por Patricio Alanís, minero y habitante del poblado del mismo nombre; hicieron una manifestación a la que se unieron gente de los municipios de Armadillo y de Soledad, de los ranchos y de los siete barrios que conformaba la ciudad capital. Dialogaron con las autoridades y se retiraron con la promesa de que cambiaría la situación. Ya entonces las promesas eran sólo eso, pero la gente era otra, se reagruparon y en ese tiempo más de cuatro mil manifestantes asaltaron la cárcel y liberaron a los presos, asaltaron las casas reales y al grito de “¡Nuevo rey, nueva ley!” y “¡Abajo los gachupines!”, se desataron lo que la historia registra como los “tumultos”.

El descontento social crecía, el ejemplo de rebeldía de los mineros de Cerro de San Pedro amenazaba con extenderse a otros estados, el gobierno local se vio rebasado y tuvo que pedir refuerzos a México. Aquí el conde de la hacienda de Peñasco con sus fuerzas especiales atacó a los sublevados, por otro lado llegó el visitador José de Gálvez y se hizo cargo de la represión. Finalmente los insurgentes se fueron replegando y sus líderes, como Patricio Alanís, que utilizaban una mina como cuartel general, fueron capturados, decapitados y sus cabezas expuestas públicamente, sus familias desterradas y sus casas quemadas.

Después de la guerra de Independencia, se quedó la explotación en manos de los gringos hasta 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dada la depreciación de los valores de los metales, la American Smelting and Refening Company suspendió sus actividades de explotación, y mediante artimañas y corrupción de los lideres obreros, echó a la calle a cientos de trabajadores con un mes de salario como indemnización. Es el destino de los pueblos mineros: su sustento está sujeto a la oferta y la demanda de los metales y al agotamiento de sus recursos minerales.

Los casi seis mil habitantes con que contaba en 1947 el poblado (cabecera municipal de Cerro de San Pedro) lo abandonaron en busca de sustento y el lugar se volvió pueblo fantasma. Sus escasos habitantes, un ciento, aferrados a su tierra, sobrevivían buscando hilos o venas de mineral y de rascarle en forma artesanal su contenido; dos o tres vivales se enriquecieron con el sacrificio de esta gente a las que le “regateaban”: compraban a precios irrisorios el metal, para luego venderlo caro.

Fue en 1995 cuando aparecieron las mafias mineras canadienses, alentadas por las políticas entreguistas de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, a fin de entregar nuestro país a las trasnacionales, modificó el artículo 27 constitucional y todas las leyes que de ella emanan –lo hizo como condición para la firma del leonino Tratado de Libe Comercio de América del Norte (TLCAN)–. Fue así como de un plumazo inició la desaparición del régimen social de la tierra (ejidal y comunal), el agua y todos nuestros recursos naturales que habían sido conquistados a sangre y fuego en el movimiento revolucionario de 1910.

En ese contexto, en 1995 llegó la empresa canadiense Metallica Resources, Inc, Minera San Xavier a Cerro de San Pedro; inició trabajos de exploración, y en septiembre de 1996 convocó a los pocos habitantes del lugar y, con promesas de empleo y de reacomodarlos en una reservación fuera del área de peligro, los invitó a evacuar el poblado porque éste quedaba dentro del proyecto minero y era indispensable su desaparición.

Ese día, el 10 de septiembre de 1996, en la reunión convocada en el Templo de San Nicolás Tolentino, ante la furia de los asistentes, que con palabras soeces rechazaron el proyecto, inconformes por la pretendida destrucción del poblado pero en especial de sus templos que datan del siglo XVII, se inició una nueva lucha por la preservación del patrimonio cultural e histórico propiedad de los potosinos, por el medio ambiente, y la dignidad del pueblo.

Fue aquí en Cerro de San Pedro donde se inició la primera lucha a nivel nacional contra las mafias industriales del crimen organizado, las mineras canadienses, lucha que ha sido ejemplo y estímulo de las decenas de luchas similares que hoy se libran en todo el país contra la minería contaminante y depredadora. En los 16 años de resistencia, el movimiento conocido como Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) ha asimilado una amplia experiencia en formas y estrategias de lucha contra este novedoso pero criminal sistema de explotación minera y humana.

Así, después de años de resistencia civil pacífica y en ocasiones no tanto, en 1999 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para que Minera San Xavier operara. Estas arbitrarias autorizaciones fueron impugnadas, dado que la zona del proyecto está protegida por decreto del 24 de septiembre de 1993 como “zona de preservación de la vida silvestre”. El decreto deja claro que en esa zona no se podrá instalar ningún tipo de industria. También existe otro decreto de 1962 que prohíbe la extracción de agua del acuífero 2411, o sea el del valle de San Luis que surte de este vital líquido al 45 por ciento de la población de todo el estado de SLP. Además el poblado de Cerro de San Pedro por ley está considerado Zona de Monumentos.

Otro argumento contra la mina es que, por ley, no se permite el depósito de residuos peligrosos en una distancia menor un kilómetro de un río perene o intermitente, de 25 kilómetros de una zona de recarga de un acuífero o de una poblado mayor de cinco mil habitantes. Resulta que a 30 metros de los patios de lixiviación –donde la empresa minera utiliza 16 toneladas diarias de cianuro de sodio disueltas con 32 millones de litros de agua– pasa un río; precisamente ese lugar es zona de recarga del acuífero 2411, y la ciudad de SLP se encuentra a ocho kilómetros del proyecto minero. Todos estos argumentos y muchos más no fueron escuchados por la Semarnat, y sin dar respuesta, ratificó las autorizaciones.

Por lo anterior interpusimos un juicio de nulidad, que recayó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en la Ciudad de México. El uno de septiembre de 2004 la Sala Superior de este Tribunal emitió la sentencia, en que resuelve la nulidad lisa y llana de la autorización de cambio de uso de suelo y la ambiental. O sea, fue una resolución definitiva en la cual el caso quedaba como cosa juzgada.

Por desgracia para todos –dada la extrema vulnerabilidad de nuestro país a la corrupción y la ingobernabilidad, la nula aplicación del Estado de derecho y la complicidad de las autoridades de los diferentes niveles– la empresa minera está operando en la etapa de explotación desde 2007, sin contar con un solo permiso licencia o autorización.

Para este año 2013, ya desapareció la famosa montaña conocida como el Cerro de San Pedro, emblema del Escudo de Armas de nuestra ciudad y Estado. Ni un solo habitante aceptó la reubicación, permanecen en sus hogares, pero eso no fue impedimento para las criminales ambiciones de la empresa. Detona 25 toneladas de explosivos diariamente a 30 metros de la zona habitada, poniendo en peligro la vida de sus habitantes ante el posible derrumbe de sus fincas a causa de la intensidad sísmica causada por las explosiones. Todo esto ante la complacencia e in$en$ibilidad de las autoridades militares que otorgan en esas condiciones las autorizaciones para el uso de explosivos.

Nuestra lucha sigue, el objetivo es diferente, el enemigo a vencer ya no es la empresa minera, ahora es el sistema de gobierno cuyas políticas antisociales se basan en la impunidad, la corrupción y la entrega de nuestro país a las trasnacionales, que con sus criminales proyectos mineros nos dejan un país incapacitado para producir; aire, agua y tierra contaminados, enfermedades incurables, y un futuro escalofriante para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Políticas gubernamentales incestuosas de violación a su madre, La Madre Tierra.

Diez y seis años de lucha contra la adversidad, contra la corrupción y la impunidad que ha invadido a todo el aparato oficial y sus poderes, de represión del gobierno que amenaza y encarcela a los opositores al proyecto minero, y los paramilitares de la empresa Minera San Xavier que nos golpean, amenazan y han tratado no en pocas ocasiones de asesinarnos, pero lo más triste y traumático, en cierta forma entendible, es la insensibilidad de buena parte de la sociedad que se resiste a participar en una lucha que es su lucha, en la que está de por medio su bienestar y la de los suyos.

lunes, 4 de febrero de 2013

"Ellos saben que no están solos". #Minería


Por: Liam Barrington-Bush

[Foto: Escultura del sindicato minero en Capulálpam de Méndez. 
Por: Liam Barrington-Bush]

Entre el 17 y 20 de enero, cerca de 500 activistas de todo México, América Central y más allá, se reunieron en la serrana ciudad mexicana de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, para apoyar una marea creciente de resistencia contra los impactos humanos y ambientales de las industrias extractivas en el región.

El "Encuentro de pueblos de Mesoamérica ¡Sí a la vida! No a la minería!", organizado por el la comunidad de Capulálpam de Méndez y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, fue una de las más grandes reuniones contra las minas anti que la región ha visto, así como la oposición local a algunos de los miles proyectos extractivos en Mesoamérica ha crecido de forma espectacular en los últimos años.

Canadá en el banquillo de los acusados.

La perpetuación de la violencia contra los activistas, los patrones de contaminación del agua y el suelo alrededor de los sitios de extracción, y el total desprecio por la autonomía de las comunidades indígenas, son tan familiares a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, como lo son los activistas presentes en México. John Cutfeet, un invitado de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario que participa activamente en el movimiento Idle No More, trajo las historias paralelas de su propia comunidad.

Cuando se le preguntó cómo la experiencia de una comunidad en el norte de Canadá está relacionada con las de los pueblos de Mesoamérica, explicó que los pueblos indígenas del Norte y del Sur "enfrentan experiencias similares y tácticas similares", en las qué "las empresas y el gobierno ... tratan de acceder a las tierras y nos privarnos de nuestros ritos de nacimiento y nuestras tierras. "

Y mientras que las contribuciones Cutfeet fueron recibidas con gran entusiasmo, las empresas canadienses recibieron una reprimenda fuerte y consistente a lo largo de los eventos del fin de semana. Los delegados y oradores también criticaron al gobierno de Canadá, y el Embajador de Canadá en México, específicamente, por jugar un papel activo en la promoción de políticas en el extranjero que favorecen los intereses de mineras canadienses a expensas de las comunidades indígenas, los derechos humanos y el medio ambiente.

Según el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT, por sus siglas en inglés), más del 75 por ciento de las empresas mineras del mundo tienen sede en Canadá. William Sacher y Deneault Alain, en su exposición en 2012 sobre la minería canadiense, Imperial Canada, Inc., argumentan que las empresas extractivas optan por hacer de Canadá su casa debido a una combinación de lagunas fiscales preferenciales, el recurso mínimo legal en contra de las acciones de las empresas canadienses en el extranjero y el apoyo incondicional del gobierno para la industria en el ámbito internacional.

El costo sangriento de plata.

Los asistentes al evento también escucharon a los residentes de otro pueblo oaxaqueño, San José del Progreso, donde dos activistas críticos de las prácticas de la canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlán fueron asesinados en 2012.

Rosalinda Dionicio de San José del Progreso, asistió al evento en Capulálpam.

Dionicio recibió heridas de bala en la pierna en marzo del año pasado y todavía camina con un bastón como resultado del ataque. Ella es también prima de Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los dos miembros de la comunidad asesinados en 2012.

Hubo muchos testigos presenciales del tiroteo más reciente contra los activistas contra la minería en el pueblo en junio pasado. Estos testigos identificaron a dos de los tiradores que participaron como empleado de Fortuna Silver y el hijo del ex presidente municipal (un fuerte defensor de la mina), respectivamente. La empresa y el municipio han negado cualquier participación en el ataque, descartando la violencia como resultado de un conflicto antiguo.

Para el pueblo de San José del Progreso y otras comunidades afectadas por la minería, el sitio de la conferencia fue importante, ya que Capulálpam de Méndez es uno de sólo unos pocos pueblos de la región que ha logrado suspender todas las actividades mineras locales. Debido a la contaminación del agua, la operación minera cercana es la Natividad y es de oro y plata (a cargo de otra empresa canadiense, Continuum Resources Ltd.) y fue suspendida de sus operaciones indefinidamente por la Procuraduría federal de protección al ambiente en 2007.

Tras la clausura, Continuum Resources Ltd. se convirtió en una filial de Fortuna Silver Mines. La compañía todavía está presionando activamente para reabrir la mina, en tanto, el pueblo y el municipio de Capulálpam de Méndez continuará luchando contra su imposición.

Un creciente sentimiento de solidaridad.

El evento se centró en la búsqueda de formas en que las comunidades afectadas en todo el hemisferio podrían trabajar en solidaridad unos con otros para desafiar a la industria minera y sus aliados políticos. A través de redes más fuertes, los participantes se sintieron más seguros de que sus luchas locales no eran casos aislados, por lo que podría ser impugnada por una serie de otras comunidades con conexiones a los agresores pertinentes.

John Cutfeet describe cómo este enfoque estaba siendo utilizado por las comunidades de las Naciones Originarias en Canadá. Cuando una comunidad se enfrenta a conflictos territoriales, otros vienen a la acción en todo el país, aumentando la presión sobre las empresas privadas e instituciones del gobierno desde muchos ángulos diferentes.

Fuertes redes, muchos participantes sintieron que sus pequeñas pero significativas luchas por la tierra, el agua y los derechos humanos, tienen el potencial de desafiar el poder de las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que los apoyan, ya que tanto la Nación Originaria KI en Ontario y el pueblo de Capulálpam en Oaxaca han sido capaces de demostrarlo en los últimos años.

Si bien las historias del fin de semana fueron a menudo desgarradoras, la energía fue alta, con un sentido del poder colectivo que viene de saber que hay muchos otros que enfrentan desafíos similares, y algunos que incluso han logrado ganar, contra todos los pronósticos significativos.

"Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dijo Rurik Hernández, uno de los organizadores con el Frente Amplio Opositor (FAO) de Cerro de San Pedro, una de las primeras comunidades en México que desafiaron a la minería en su comunidad.

"Ahora, muchas comunidades tienen esta fuerza ... Ellos saben que no están solos".


Vía: Rabble

*Liam Barrington-Bush Actualmente vive en Oaxaca, México y mensajes de twitter como @hackofalltrades

lunes, 28 de enero de 2013

La resistencia contra la #minería en Mesoamérica


Asesinatos, persecución a líderes, criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.


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Por: Iracema Gavilan

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomuselo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría.  En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional  y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas.  Los panelistas señalaron  los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Letizia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales.  De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna  en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción  acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la  Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero  (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que  hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Almendares denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios  y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

miércoles, 16 de enero de 2013

La ILEGAL Minera San Xavier, un Tribunal, el PDUCSP y sus autores.


BOLETÍN DE PRENSA

Caso Minera San Xavier  y el Plan de Desarrollo Urbano de Cerro de San Pedro y Centro de Población. (PDUCSP)


  • Minera San Xavier defiende sus ilegales permisos
  • La inconstitucionalidad del PDUCSP y sus autores
  • Tribunal colegiado busca argumentos favorables a MSX


Después de varios desafortunados intentos de Minera San Xavier mediante amparos por desaparecer el Decreto publicado en el periódico oficial del 24 de septiembre de 1993 “Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada” que declara la zona del municipio de Cerro de San Pedro como Zona de Preservación de la Vida Silvestre y prohíbe la instalación de actividades industriales, y que es precisamente donde se asienta el criminal proyecto a tajo a cielo abierto de esta transnacional canadiense,  esta empresa en complicidad con los gobiernos del citado municipio y del estado, así como de la UASLP cuyo Rector es ahora flamante Presidente Municipal del municipio de San Luis Potosí, diseñaron otra forma de desactivar el mencionado decreto que fue el principal sustento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para sentenciar en 2004 y ratificar en 2005 la anulación  lisa y llana del proyecto de la mencionada empresa minera, sentencia que por cierto las autoridades correspondientes se han negado a dar cumplimiento.

Para el perverso plan, desde junio del 2011 los arriba señalados iniciaron reuniones los lunes en la Secretaría de Economía del estado a fin de diseñar un Plan de Desarrollo Municipal mediante el cual se pretendía anular el Decreto de 1993 en el que están inmersos los cinco municipios conurbados a la ciudad capital, así en marzo de 2012 fue publicado el dichoso plan en el periódico oficial del estado y posteriormente en un diario local.

Fue tan jurídicamente artesanal como arbitrario el diseño de este Plan conocido luego como el PDUCSP que sin el consentimiento de los municipios que lo integran, sin el dictamen de congruencia que por ley tiene que dar la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y en total incongruencia jurídica con las normatividades estatales y federales, fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal. Esto motivó su impugnación mediante amparo por parte de Pro San Luis Ecológico A.C, y tocó al -desde hace años cooptado por la empresa minera- Juzgado Primero de Distrito resolver el juicio, no encontró como sobreseerlo y argumentó dolosamente que se interpuso fuera de tiempo, más no pudo evidenciar la argumentación de fondo.

Obviamente inconforme con el resolutivo del juez Primero de Distrito, Pro San Luis Ecológico interpuso un recurso de revisión que toco resolver al también semi-cooptado Segundo tribunal Colegiado del noveno Circuito, lo de semi cooptado es porque en la resolución que este dio al recurso, dos de los tres magistrados también en forma dolosa con argumentos carentes de motivos y fundamentos legales ratificaron la resolución del Juez Primero de Distrito.

Resulta que el restante magistrado Pedro Elías Soto -que originalmente había elaborado el proyecto resolutivo que venía a favor de Pro San Luis Ecológico- no se sumó a la corrupta resolución a la que agregó su voto particular en el cual con fundamentos de plena consistencia jurídica cuestiona y exhibe los falsos argumentos de sus dos compañeros magistrados y su arbitraria resolución, incluso denuncia que las jurisprudencias por estos invocadas ni siquiera encuadran con el asunto a resolver.

Posteriormente, un habitante del poblado afectado interpone un amparo similar contra el mencionado PDUCSP agregando el argumento de que SEMARNAT otorgó una tercera autorización para la operación del proyecto de Minera San Xavier justificándola con el hecho de que ahora ya no tenía motivos para negarla porque ya el uso de suelo de Preservación de la vida silvestre que impedía la actividad minera, el PDUCSP la había cambiado a uso minero. Este amparo se interpuso invocando el artículo 114 de la Ley de Amparo como primer acto de aplicación.

Este amparo toco resolverlo al Juzgado Auxiliar Cuarto de Distrito con sede en Guadalajara, Jal. La Juez encargada de resolverlo haciendo un análisis minucioso de los agravantes expuestos por el quejoso resuelve la nulidad del PDUCSP demostrando su inconstitucionalidad y por consiguiente de la autorización que en base a este Plan otorgó SEMARNAT a Minera San Xavier para el desarrollo de su proyecto.

Resulta que Minera San Xavier interpone un recurso de revisión contra la citada resolución; aun cuando la fundamentación de la nulidad es prácticamente inatacable, la empresa tiene la ventaja de contar con el control del ya mencionado Segundo Tribunal Colegiado, que es el que va a resolver la revisión.

Si hubiera honestidad y este Tribunal Colegiado resuelve conforme a derecho, New Gold-Minera San Xavier se quedaría sin justificaciones leguleyas y dejaría de manifiesto y sin lugar a dudas que desde su llegada ha estado operando en la total ilegalidad por operar en una zona prohibida para este tipo de actividades, y así lo reconoce  SEMARNAT al aclarar que dio su autorización porque ya el uso de suelo no es de preservación de la vida silvestre sino minero, aceptando en forma tácita que las anteriores autorizaciones las otorgó premeditadamente en forma ilegal.

Esta autoridad ambiental desde hace tiempo preparó su coartada y trata de lavarse las manos, en un informe justificado que le solicitó un juzgado de Distrito declaró que las autorizaciones que le ha otorgado a la empresa minera en cuestión, son solo una aceptación ambiental que de ninguna manera implican permiso para que opere, que estas autorizaciones se  dan sin perjuicio de la decisión de las autoridades municipales ya que son ellas las únicas facultadas para negar o aceptar este tipo de proyectos, pero claro, omite decir que fue ella la que desde un principio, para ser exactos, el 8 de agosto del año 2000 otorgó el cambio de uso de suelo a Minera San Xavier a sabiendas de que existía el decreto de septiembre de 1993. También se olvida que en su momento, cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le ordena comunicar por oficio a Minera San Xavier la nulidad lisa y llana de la autorización ambiental y cambio de uso de suelo que ilegalmente le concedió el 26 de febrero de 1999, en pleno desacato lo que hizo fue otorgarle otra autorización.

13 años de lucha jurídica en la que desde 2004 los más altos tribunales del país nos dieron la razón declarando la nulidad definitiva del proyecto de Minera San Xavier y ratificada dos veces más, en el 2005 y 2009, por razones muy obvias, resulta que esos mismos tribunales fueron tejiendo una estrategia pseudo jurídica mediante la cual poco a poco fueron revirtiendo una resolución que ellos mismos habían resuelto como cosa juzgada hasta ordenar en diciembre del 2012  que fuera archivada por carecer de materia. Caso increíble pero cierto…

El papel que han jugado las autoridades municipales en este caso es crítico, ya que con todo conocimiento de causa,  han estado concediendo durante 12 años permisos y licencias para el desarrollo ilegal de la actividad minera, como son la de uso de suelo, de construcción y  de operación, además de influir como en este caso en el cambio de uso de suelo, violando un decreto que como ya anotamos anteriormente prohíbe la actividad minera en esa zona.

Cerro de San Pedro, S.L.P. Enero 16 de 2013
“FAO”

í

jueves, 10 de enero de 2013

Idle No More/Basta de Pasividad - La lucha en Canadá

  • ¿Qué buscamos y hacia dónde nos dirigimos?


[Imagen: IdleNoMore.ca]


Por: Pamela Palmater
Enero de 2013 - Traducido del inglés por Olimpia Boido
Artículo original: Rabble.ca

La Dra. Pamela D. Palmater es abogada, del Pueblo Mi’kmaw, y miembro de la comunidad Eel River Band First Nation en la provincia de New Brunswick, al oriente de Canadá. Da cátedra sobre derecho, política y gobernabilidad indígena en la Universidad de Ryerson y dirige el Centro para Gobernabilidad Indígena que allí se sitúa.

Me honra la invitación de las fundadoras de Idle No More/Basta de Pasividad a ser una de sus organizadoras y voceras. La labor con este movimiento es una extensión natural del trabajo que ya realizamos con dirigentes y ciudadanos/as de los Pueblos Originarios.

En estas semanas, los medios ansiaban saber cómo comenzó el movimiento, qué buscamos, y hacia dónde nos dirigimos. En mi calidad de vocera, he intentado responder partiendo de lo que me compartieron algunos/as participantes del movimiento:


En esta oportunidad, querría hablar sobre estos temas partiendo de mi perspectiva personal. A continuación presento mis opiniones, puntos de vista, y deseos personales en relación al movimiento Idle No More/Basta de Pasividad.

El movimiento Idle No More/Basta de Pasividad forma parte de un movimiento indígena más amplio que se viene gestando desde hace años. Militantes indígenas en todo el país han estado observando la situación política y legislativa en Canadá tanto a nivel federal como provincial, y coordinando esfuerzos para compartir esta información con miembros y dirigentes de las comunidades indígenas en relación a cualquier tipo de posible amenaza. Hicimos notar una clara agenda de asimilación que emergió dentro del gobierno conservador y comenzamos a planificar cómo abordar este asunto si el Primer Ministro Stephen Harper  insistía en la implementación de este plan.

Por supuesto que intentamos repetidas veces utilizar las avenidas más comunes para abordar nuestras cada vez mayores preocupaciones incluyendo el cabildeo, campañas de cartas, atestiguar ante el Senado y Parlamento, y reuniones interminables con diputados/as, senadores/as, ministros/as y otros/as – sin resultado alguno. Al gobierno de Harper no le interesa platicar con nosotros/as, y menos le interesa consultarnos u obtener nuestro consentimiento. En vez, Harper decidió utilizar la Asamblea de Pueblos Originarios (Assembly of First Nations) como su principal medio para tomar decisiones. El gobierno de Harper armaba la agenda, creaba los planes de acción conjunta, y por su propia cuenta decidía lo que se discutía y no se discutía. En otras palabras, Harper logró imponer a fuerza de intimidación su plan de asimilación en la agenda del tema “Pueblos Originarios” sin casi ningún chillido de oposición a nivel político.

En la Reunión Estado-Pueblos Originarios (Crown-First Nation Gathering – CFNG) en enero del 2012, Harper prometió a los Pueblos Originarios que su gobierno no modificaría ni revocaría de manera unilateral la Ley India (Indian Act). Luego de la CFNG, rompió esa promesa y emprendió un agresivo plan legislativo incluyendo más de 14 propuestas de ley que devastarán a los Pueblos Indígenas de varias maneras. Es la nueva versión del Libro Blanco 2012 – en vez de ser una política, como el Libro Blanco de 1969 que buscaba la asimilación de los indios, el plan de Harper será una ley. Esta es la chispa que puso en marcha al movimiento Idle No More/Basta de Pasividad.

Siempre supimos que en algún momento se requeriría una acción, pero la legislación presentaba una amenaza inminente y requería una movilización inmediata. Así fue que se creó un movimiento. En los primeros días, había quienes lo llamaban movimiento Idle No More/Basta de Pasividad,  o quienes lo identificaban como movimiento de derechos indígenas, pero todos y todas estábamos de acuerdo en que debíamos oponernos inmediatamente al plan legislativo de asimilación de Harper. Muchas de las actividades en los primeros días incluyeron talleres para ayudar a explicar los efectos posibles de la legislación para los Pueblos Indígenas y, lo que es más importante, qué podíamos hacer para oponernos.

Las primeras protestas comenzaron en oposición masiva al proyecto de ley polifacética C-45, pero más tarde incorporaron también las demás.

[artículos en inglés]

-'First Nations Fiasco' – Legislación para Pueblos Indígenas creará un lío social y legal 

-'When Legislators Make Bad Law: Bill C-3's Assault on Democracy'

- Presentación de la legislación (Part 1, Part 2, Part 3, Part 4) 

El movimiento Idle No More/Basta de Pasividad fue creado por mujeres y es un movimiento popular que empodera a las Pueblos Indígenas para defender sus Pueblos, territorios, tratados y soberanía. Se destaca porque expresamente se distancia de la influencia política y corporativa. No tiene líderes electas/os, ni Director/a Ejecutivo/a, ni burocracia o jerarquía que determine qué es lo que puede o no puede hacer ninguna persona ni Pueblo Indígena. No cuenta con lineamientos impuestos del legado colonial sobre quién se une al movimiento. Por ende, temas referentes a estar dentro o fuera de las reservaciones indígenas, identidad indígena reconocida o no por el Estado, estar relacionado o no a los tratados, ser hombre o mujer, joven o abuelo/a, jefe o ciudadano/a no entran en juego. Este movimiento es incluyente de todos nuestros pueblos.

En mi opinión, el verdadero poder de gobernación de nuestros Pueblos Indígenas siempre se ha ejercido mediante la voz de nuestros pueblos. Nuestros/as dirigentes generalmente eran más voceros/as que representaban los puntos de vista y decisiones del pueblo. De esta manera, el movimiento Idle No More/Basta de Pasividad, liderado por gente de base, se vincula estrechamente con nuestros valores indígenas tradicionales. Pero no es un movimiento en que el pueblo está aislado – sus abuelos y abuelas, líderes electos y tradicionales se unen a él. Este movimiento no compite con ninguna organización política de los Pueblos Indígenas o líderes electos. Este movimiento se avoca a los temas urgentes, no a las peleas de poder, juegos políticos, o competencias por financiamiento del gobierno. Hasta ahora cada cual ha donado su tiempo, dinero, fuerzas, habilidades para hacerlo funcionar, a pesar de las inevitables críticas, rechazos e información errónea.

Sin embargo, lo que destaca a este movimiento popular, también lo vuelve dificultoso de entender para muchos/as canadienses y para los medios. En términos generales, la gente entiende que cada gobierno, grupo u organización tiene un líder, una jerarquía claramente definida, y reglas sobre quién dice y hace cada cosa. Este movimiento, por el contrario, es muy orgánico y primordialmente respeta la soberanía de cada Pueblo Indígena, el cual participa de la manera y en el momento que le parezca, si es que le parece. Así es que algunos/as dirigentes de Pueblos Indígenas optarán no participar, pero algunos de los/as miembros sí. También puede implicar que una comunidad indígena organice talleres mientras que otras personas indígenas en zonas urbanas se unan para organizar una manifestación repentina de danzas tradicionales en ronda.

Pensemos en la multiplicidad de maneras en que este movimiento viene ocurriendo. Hemos realizado talleres en Louis Bull, Saddle Lake y otras Pueblos. Hemos subido información, publicaciones, y videos en la internet para acceso general. Hemos colaborado con los medios para ayudar a educar al público sobre cómo esto le impacta también. Los/as Jefes/as han organizado protestas durante la asamblea de la Asociación de Pueblos Indígenas (Association of Indigenous Peoples, AFN) en oposición a la legislación (incluyendo la Ley C-45). La Jefa Spence está en huelga de hambre en defensa de todos los Pueblos Indígenas y las relaciones pautadas por los tratados con el Estado, que Canadá ha olvidado. Los/as jóvenes en la escuela han organizado plantones de Idle No More/Basta de Pasividad, y ha habido marchas, protestas, y cortes temporarios y parciales de tránsito y ferrocarriles. El tema más importante que unifica todo esto es que son actividades pacíficas que buscan educar a la población canadiense sobre cómo esto afecta a la totalidad de la población. 

Efectivamente tenemos estructura, estamos organizados/as, trabajamos estrechamente entre todos los grupos a lo largo y ancho del país para actuar de manera estratégica, y cada vez somos más. Hemos colaborado con dirigentes de base de los Pueblos Indígenas desde el mero principio y muchos/as de nosotros/as continuamos haciéndolo. Cada vez nos apoyan más personas y grupos conforme más organizaciones se unen al movimiento. Ya tenemos apoyo internacional extendido, que también aumenta día a día. Pronto veremos más y más figuras prominentes presionar a Canadá a que entable un diálogo real y significativo.

Para mí, Idle No More/Basta de Pasividad es una responsabilidad – la responsabilidad de hacerle justicia a los sacrificios de nuestros ancestros, al deber que tenemos como guardianes de la tierra, y a las expectativas que tienen nuestros hijos/as y nietos/as de protegerlos/as. Cada uno/a de nosotros/as tiene esa responsabilidad aunque, en cada momento, cada cual tiene diferentes habilidades, capacidades y oportunidades para cumplirla. Más allá de nuestra situación, creo que todos y todas tenemos esta responsabilidad desde el momento mismo en que se nos bendice con el primer aliento, hasta el último.

Esta responsabilidad implica que no alcanza con trabajar duro, formarse, encontrar empleo y mantener a nuestra familia. Estas cosas son importantes, y nuestros ancestros hicieron todo lo posible para que tengamos un futuro próspero. Muchos incluso negociaron estas provisiones en algunos de los tratados. Pero no alcanza con que simplemente estemos cómodos/as, por lo menos no mientras tengamos hermanos, hermanas y miembros de la comunidad que no tienen qué comer, agua o vivienda. Actualmente, muchos de nuestros Pueblos se encuentran en situaciones de crisis múltiples y superpuestas que requieren atención urgente. Justamente la gente de base que está al frente de este movimiento está ahí porque son quienes carecen de agua potable, vivienda, e instalaciones sanitarias, y los políticos no han hecho mucho al respecto.

Este movimiento es diferente de cualquier otro anterior. A diferencia del movimiento “Occupy”, este movimiento es de personas con historias, objetivos, experiencias y deseos compartidos. En tanto Pueblos Indígenas, estamos todos/as vinculados/as, a todos/as nos importan los futuros de los demás y compartimos la misma responsabilidad de proteger nuestros derechos, culturas, e identidades para las próximas siete generaciones. Este movimiento también es especial en el sentido que fue profetizado – que la séptima generación se levantaría y restituiría la fortaleza de nuestros Pueblos, re-establecería el equilibrio y se aseguraría de que se restituya la justicia a nuestros Pueblos.

Este movimiento también es singular en el sentido en que incluye a la población canadiense como aliada. Al igual que en los primeros tiempos en que llegaron los europeos y necesitaban nuestra ayuda para sobrevivir los duros meses del invierno, e intentaban establecer una nueva vida aquí, los/as canadienses nos necesitan una vez más. Necesitan nuestra ayuda para detener el plan  de destrucción del medioambiente de Harper. Los Pueblos Indígenas representan la última oportunidad de frenar a Harper y la descontrolada destrucción masiva de las tierras, aguas, plantas y animales que compartimos, en nombre del desarrollo de recursos para exportar a países como China. ¿Por qué? Porque sólo los Pueblos Indígenas tienen derechos constitucionales indígenas y por tratados que requieren que Canadá obtenga el consentimiento del los Pueblos Indígenas antes de actuar. Estos derechos también están protegidos a nivel internacional en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al organizarse los Pueblos Indígenas en Idle No More/Basta de Pasividad para oponer esta legislación, lo hacen para proteger los intereses de toda la población – Pueblos Indígenas y canadienses. Los recursos más preciosos en los próximos tiempos serán las tierras fértiles y el agua potable. La falta de agua limpia impacta a la totalidad de la población. Nos organizamos no sólo para defender nuestras tierras y aguas, sino también para restablecer justicia para los Pueblos Indígenas y democracia para los y las canadienses. Podemos trabajar en conjunto para derrotar esta amenaza a Canadá y encontrar una manera de compartir las tierras y los recursos como lo buscaban los tratados.

Cuando preguntan qué queremos, hay dos aspectos que considerar:

(1) A corto plazo, Canadá debe retractar las nuevas leyes que impactan a los Pueblos Indígenas, modificar las leyes polifacéticas que amenazan a nuestras tierras y aguas, y restituir el financiamiento que se le quitó a las organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas que reivindican sus derechos.

(2) A largo plazo, Canadá debe implementar un proceso de Nación a Nación mediante el cual los Pueblos Indígenas y Canadá puedan abordar muchos de los temas pendientes en relación a la implementación de los tratados y el uso compartido de  las tierras y recursos.

Lo que queremos es ser libres – libres de gobernarnos como nos parezca, libres de gozar de nuestras identidades, culturas, lenguas y tradiciones – por ej. vivir una buena vida como nos parezca. Esto implica que Canadá debe respetar nuestra soberanía y dejar de lado la idea de manejar nuestras vidas. Visto que Canadá se ha esmerado en ponernos en la situación en que nos encontramos, Harper deberá entrar al diálogo con un poco de buena fe y  brindar soluciones para abordar la crisis actual a la que se enfrentan muchas de nuestras comunidades en relación a las necesidades básicas – agua, instalaciones sanitarias, vivienda, y educación. Si lo único que Harper puede hacer es presentarse a una reunión el 24 de enero como lo solicitó la AFN, nuestros ciudadanos/as más vulnerables no tendrán justicia.

A mi maneara de ver, Idle No More/Basta de Pasividad representa el trabajo conjunto de Pueblos Indígenas de toda la Isla Tortuga para colaborar y restituir el amor propio de nuestros Pueblos, para defender nuestros derechos y cumplir con las responsabilidades que tenemos con cada uno/a de nosotros/as y la Madre Tierra.

Me da esperanza, cuando muchos/as habían perdido la esperanza de que nadie se mostraría de su lado.

Ha inspirado orgullo en nuestra identidad indígena porque nuestros Pueblos y nuestros estilos de vida son hermosos y deben ser valorados y defendidos.

Ha inspirado liderazgo en aquellos/as que pensaban ya no tener nada que brindarle a sus Pueblos.

Ha inspirado una reconexión de jóvenes con abuelos/as, de ciudadanos/as con líderes y de hombres con mujeres, a quienes muestran su apoyo.

Ha inspirado a los pueblos más oprimidos a levantarse y hacerse oír.

Estamos con vida nuevamente y los espíritus de nuestros ancestros caminan a nuestro lado en este viaje.

Tengo fe en el poder de nuestros Pueblos - ¡Podemos lograrlo!

También recomendamos leer éste artículo de Aljazeera: Canada's indigenous movement gains momentum


martes, 11 de diciembre de 2012

viernes, 7 de diciembre de 2012

Los derechos amenazados que defendieron #IsmaelSolorio y Manuelita Solis

CIP Américas - Programa de las Américas - Adital
Por Víctor M. Quintana*


Los tres derechos humanos más amenazados en el planeta, de hoy en adelante son el derecho al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación. En Chihuahua la amenaza es mayor y ya produjo las dos primeras víctimas en dos personas que se comprometieron hasta lo último en su defensa: Ismael Solorio y Manuelita Solís, su esposa, asesinados el 22 de octubre cerca de Ciudad Cuauhtémoc.

1. CUANDO LA SED NOS ALCANCE

El derecho al agua no es algo que sólo atañe a los productores campesinos en sus terrenos de regadío del río del Carmen. Acceder al agua, ya no digamos para irrigar sus siembras, sino para beber, cocinar y asearse es algo que se torna más y más difícil para creciente número de personas en nuestras ciudades. En Ciudad Juárez y en Ciudad Jiménez los pozos de agua potable se han tenido que ir a profundidades tales que empiezan a estar contaminados con arsénico. Cuauhtémoc, el granero del estado y la gran reserva nacional de maíz amarillo, está por colapsar el manto que da de beber a su población. La capital del estado ve como se han ido agotando las reservas acuíferas de los alrededores, la más reciente, muy disminuida, el acuífero de El Sauz- Encinillas está por ser agotado a pasos agigantados si se permite la perforación de 400 pozos en la Laguna El Cuervo, al norte de ciudad Aldama. La violencia puede ser reducida en nuestras ciudades, pero no así la sed si se continúa a este ritmo.

Los principales obstáculos para que el derecho al agua sea una realidad, en primer lugar, para consumidores domiciliarios y en segundo, para productores, es el uso para riego agrícola. En México el 79% de los recursos hídricos se dirigen a este tipo de uso, pero en Chihuahua, ese porcentaje se incrementa al 83%. Ahora bien, el problema es que no hay regulación ni para la perforación de los pozos en las llamadas "zonas de libre alumbramiento”, prácticamente todo el oriente del estado, ni tampoco hay una normatividad que impida la concentración de las aguas, como sí la hay para concentrar la tierra en pocas manos, ni mucho menos una reglamentación que exija que en los lugares donde el agua es más escasa, el riego se dirija a producir alimentos básicos-básicos y no tantos forrajes, por ejemplo. Si no se trabaja en estas líneas nos va a alcanzar el destino más rápido de lo que pensamos, pues nuestro estado es después del Distrito Federal y la península de Baja California , la región donde menos disponibilidad de agua por habitante hay en México.

2. EL MEDIO AMBIENTE TAMBIÉN PUEDE SER CANCERÍGENO

El derecho al medio ambiente sano pocas veces se valora, tal vez porque nos hemos ido acostumbrando a una mala calidad de vida con tal de tener acceso a ciertos satisfactores de la vida moderna. Sin embargo, para no ir tan lejos, dos ciudades ubicadas en zonas de agricultura intensiva, muy tecnificada, como son Delicias y Cuauhtémoc, presentan cifras en ascenso de alergias, leucemia y otros tipos de cáncer, muy vinculados al uso de agroquímicos.

Ya mucha gente no se acuerda de los miles de mineros chihuahuenses que fallecieron víctimas de la silicosis en las minas. Ni de aquella epidemia de las niñas desmayadas en San Francisco del Oro a mediados de los ochenta. Parecería ser que esos males están ligados a la minería "a la antigüita”, en oscuros e insalubres túneles, con métodos arcaicos de extracción de metales.

No es así: la minería "moderna”, la que ahora está predominando y expandiéndose a gran velocidad en todas las latitudes de nuestro estado, no es menos amenazante a la salud de las comunidades y al deterioro de los ecosistemas. Ya lo han denunciado los habitantes de los municipios de Madera y Ocampo que han visto como a las compañías mineras como la de Dolores se les agrietan o colapsan las albercas de lixiviación del metal y provocan considerables fugas de cianuro que van a dar a los arroyos que alimentan al río Yaqui. Y habría que hablar también de la destrucción de ecosistemas completos al arrasar literalmente montañas completas para sacarles los pocos kilos de oro que tengan en sus entrañas, por más que las compañías mineras extranjeras digan que luego se reforesta.

También atentan contra el medio ambiente y por ello contra el derecho de las personas y las comunidades a disfrutar de un entorno natural sano, los desmontes de miles de hectáreas, así sea en el desierto, para abrir nuevos terrenos al cultivo. Se arrasa una capa vegetal endémica, se rompe el círculo virtuoso natural para las nuevas siembras. Se cercan terrenos, evitando con ello el tránsito de animales buscando pastos y aguajes. Y luego de pocos años, se agotan los mantos acuíferos, la agricultura ya no es viable, la capa vegetal se ha reducido al mínimo, lo mismo que las especies animales, en un proceso perverso que podíamos llamar "desertificación del desierto”. Esto hace que haya menos captura de carbono, que los gases que provocan el efecto invernadero proliferen y se intensifique el calentamiento global.

3. EL HAMBRE, VERSIÓN SIGLO XXI


Agotamiento del agua y calentamiento global inciden poderosamente en la reducción de la disponibilidad global de alimentos. Nosotros tenemos muy cerca el terrible caso de la Sierra Tarahumara: el hambre que se denunció a principios de este año fue producida por la sequía del año pasado. Por más que buenas voluntades se esforzaran en mandar semillas para siembra a esta región, de poco servía porque las corrientes de agua, los aguajes, los charcos prácticamente desaparecieron. Y así sucede en latitudes similares del planeta: en el Sahel africano, en las zonas cercanas a los grandes desiertos del planeta.
El derecho humano a la alimentación no sólo tiene como enemigo al cambio climático, generado por el hombre indirectamente. También tiene en su origen otros procesos desencadenados directamente por el hombre: la especulación con los alimentos y el control mercantil de las zonas de reserva para producirlos. Para decirlo rápidamente: de pronto, fondos de inversión que antes se dirigían a empresas industriales o bienes raíces, se empezaron a orientar a los mercados de futuros de alimentos básicos: eso fue el ingreso del capital especulativo en la alimentación de la gente.

Terrible noticia. Ahora el precio de los principales granos no depende de la oferta y la demanda –cosa ya de por sí cuestionable- ni mucho menos de la necesidad de la gente, sino de las operaciones especulativas, es decir, sobre que "commodity” (mercancía que se cotiza en la bolsa) hay más inversiones, sobre el maíz, el trigo, el arroz, el soya, etc. Un dato: con la crisis financiera de 2008, que se expresó muy claramente en el mercado de alimentos el número de personas desnutridas en el mundo pasó de 860 a mil 200 millones.

También presiona fuerte sobre la disponibilidad de alimentos el control que ciertas corporaciones o países ejercen sobre nuevas zonas de cultivo, abiertas en países pobres, pero fértiles, específicamente para producir alimentos para países ricos que no cuentan con tierra o clima suficientes para generarlos. Así, Arabia Saudita, los Emiratos Arabes, Japón, Corea del Sur, China o incluso la India, además de un gran número de compañías trasnacionales han comprado grandes extensiones en África Ecuatorial "land grabs” para producir alimentos, no para las masas desnutridas de ese continente, sino para tener una reserva estratégica para los países de origen de la inversión. No sólo eso, el relator del derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Antón de Schutter, acaba de denunciar esta semana que los océanos del mundo, inmensa reserva de alimentos para la humanidad y para toda la comunidad de seres vivos, el Relator Especial advierte que diversas formas de ‘acaparamiento de océanos’ están agotando los recursos pesqueros y poniendo en peligro no sólo el sustento de las comunidades de pesca artesanal, sino también una importante fuente de proteínas en el régimen alimentario de muchas personas en situación de inseguridad alimentaria.

4. UN DESAFIO ETICO Y POLITICO PARA NOSOTROS

Estos tres derechos humanos, verdaderos derechos y fundamentales para la existencia: al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación están amenazados, pero no por un ciclo natural sin rostro. Sino por procesos desatados por el hombre que tienen muchos perjudicados y muy pocos beneficiarios. Las grandes compañías agrícolas y ganaderas, los agricultores acaparadores de pozos, las corporaciones mineras, los oligopolios productores de alimentos, los especuladores en los mercados de futuros. En pocas palabras, los grandes capitales especulativos, extractivos, industriales y comerciales, aunque esto suene a ortodoxia. Una muy reducida clase planetaria que por su afán incontenible de lucro y de poder, atropella estos tres derechos básicos de miles de millones de personas en el planeta.

Por lo tanto, así sea a nivel muy localista e inmediato, es necesario que la sociedad respalde de todas las formas las demandas de Ismael y Manuelita, y que sus compañeras y compañeros de El Barzón siguen blandiendo: cierre total de las operaciones de la minera El Cascabel en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, y Veda Completa (por eso pongo mayúsculas) a la perforación de pozos agrícolas en el estado de Chihuahua y clausura de pozos y aprovechamientos ilegales de agua, comenzando por el río del Carmen. También es de apoyarse la demanda enarbolada por los agricultores temporaleros del Frente Democrático Campesino: que el gobierno intervenga en el mercado del frijol para que este alimento básico se pague a precio justo a los productores y no se encarezca para los consumidores finales, es decir, que la leguminosa clave para nuestra comida no se deje en manos de los especuladores.

En estos términos puede traducirse estos días la defensa de estos tres derechos básicos. Respaldar a quienes luchan por defenderlos, es, como dice el teólogo Leonardo Boff, un desafío ético y político.

[*Víctor M. Quintana es Asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, investigador-docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaborador con el Programa de las Américas www.cipamericas.org/es].

lunes, 3 de diciembre de 2012

Declaración y marcha de Comalapa, Chiapas. #mineria


DECLARACIÓN DE COMALAPA

ENCUENTRO CHIAPANECO EN UNIDAD CONTRA
EL MODELO EXTRACTIVO MINERO 2012



En torno al tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca, asesinado hace tres años (el 27 de Noviembre de 2009), y reunidos en el municipio de Comalapa, Chiapas, del 26 al 28 de Noviembre de 2012, nos encontramos cientos de delegados y delegadas de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios de la entidad, con el apoyo y acompañamiento solidario de resistencias contra la minería de Veracruz y Guerrero, así como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá. También contamos con la solidaridad proveniente de Suecia y Alemania.

Intercambiamos experiencias, análisis, información, formación y búsqueda de estrategias, así como una movilización con la que culminamos este encuentro.

El gobierno de Chiapas y el gobierno federal siguen vendiendo nuestro país a las empresas mineras, sobre todo extranjeras. En Chiapas, más de 120 concesiones mineras desde el año 2000 se han entregado comprometiendo más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades. Pretenden extraer barita, oro, plata, magnetita, titanio, mercurio, plomo, uranio, grava, entre otros minerales.

Las empresas han llegado a nuestras tierras y han sembrado la división y la mentira; corrompen a presidentes municipales, autoridades ejidales y funcionarios públicos. Han deforestado, contaminado aguas y suelos. Se han muerto animales y desaparecido flora y fauna de todo tipo por sus proyectos mineros. Han afectado viviendas, caminos y la salud de la población. Se ha instalado en la Reserva de la Biósfera El Triunfo con el apoyo de las mismas autoridades ambientales estatales y federales. Han provocado la violencia con amenazas, intimidaciones, hostigamiento, represión; han justificado la militarización, la criminalización y hasta la muerte de compañeros y compañeras. No han cumplido con las promesas como el empleo e infraestructura como caminos, escuelas, pavimentación de calles, clínicas de salud, entre otros.

Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo. Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espíritu de lucha por la defensa de la Tierra y el Territorio por todo Chiapas. Continuaremos sus pasos articulando esfuerzos para resistir a la minería y otros megaproyectos que atentan contra la Tierra y el Territorio y nuestras comunidades como son las represas, monocultivos como palma africana, soja, piñón, entre otros.

Ante todo ello declaramos:
  1. Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas de lucha de Guerrero y Veracruz, pero también con todos los pueblos y organizaciones que luchan contra la minería en todo México.
  2. Enviamos un saludo a nuestros hermanos y hermanas de lucha y resistencia contra la minería en Guatemala y todo Centroamérica. Mandamos un saludo solidario al Pueblo de Barillas y Totonicapán.
  3. Enviamos un saludo a las organizaciones canadienses solidarias y al sindicato de trabajadores metalúrgicos y de metales (SWU) que nos acompañan y se solidarizan con nuestras luchas.
  4. Llamamos a fortalecer la unidad entre los movimientos y organizaciones contra el Modelo Extractivo Minero. La minería es un problema que nos afecta a todos los pueblos, sobre consideraciones partidistas, ideológicas, de organización o religiosas.
  5. Convocamos a generar procesos de prevención por medio de encuentros, consultas, talleres, procesos de formación, movilización, educación, acuerdos comunitarios para impedir el paso de las empresas mineras. Tenemos que fortalecer nuestros vínculos y luchas contra el Modelo Extractivo Minero de este capitalismo depredador.
  6. Exigimos la cancelación definitiva de la mina la Revancha y del ejido Santa María en Chicomuselo. Así como las concesiones de toda la región Sierra y Soconusco.
  7. Enviamos un saludo solidario a los trabajadores y ejidatarios que luchan contra la minera canadiense Excellon en el estado de Durango, y exigimos la salida de esta empresa minera.
  8. Exigimos justicia por los asesinatos de Mariano Abarca, Bety Cariño, Bernardo Vásquez, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solis y Eustacio Vásquez, luchadores y luchadoras contra las mineras canadienses Fortuna Silver, Blackfire y Mag Silver.
  9. Alertamos la situación de violencia en el estado donde hay presencia de concesiones y grandes intereses mineros como en Venustiano Carranza. Rechazamos los actos de violencia, hostigamiento y represión de la policía estatal, municipal, judicial, sectorial y AFI contra el pueblo de Venustiano Carranza.

¡NO A LA MINERIA, SI A LA VIDA!
¡QUEREMOS FRIJOL, QUEREMOS MAIZ, FUERA LAS MINERAS DE NUESTRO PAÍS!
¡Chiapanecos en unidad, la minería no permitirán!
¡MARIANO VIVE!
28 de Noviembre de 2012
COMALAPA, CHIAPAS, MÉXICO

Firman representantes de los 20 municipios de Chiapas: Ixtapa, Chamula, San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa, Chiapa de Corzo, Osumacinta, Chicomuselo, Teopisca, Huixtán, Chilón, Amatenango del Valle, Amatenango de la Frontera, Acala, Socoltenango, Tila, Venustiano Carranza, Motozintla, La Trinitaria, Tapachula, y Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo). Además organizaciones de Veracruz como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la Alianza Internacional de Habitantes; Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) de Guerrero, Guatemala, Colombia y observadores de Canadá.



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MARCHA DEL ENCUENTRO CHIAPANECO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO EN COMALAPA, CHIAPAS.


Los que marcharon esta tarde por el camino de la comunidad Tres Maravillas a Frontera Comalapa son parte del pueblo consciente y afectado por el modelo extractivo minero, que han impuesto los gobiernos de Chiapas y el gobierno federal entre ellas más de 120 concesiones del 2000 a la fecha, han entregado más de un millón y medio de hectáreas de bosques, montañas, ejidos y comunidades en las que extraerán barita, oro, plata, titanio, mercurio, plomo, uranio, grava entre otros minerales.

En tres días de jornadas informativas, de formación e intercambio de experiencias, distintos grupos interesados por su tierra y sus recursos buscaron estrategias para organizarse y crear lazos de unidad.
Al final de estas actividades dieron cierre con una marcha de más de 2000 personas en la cabecera municipal de Frontera Comalapa, Chiapas.


En torno al tercer aniversario luctuoso de Mariano Abarca, asesinado hacer tres años (27 de Noviembre de 2009), y reunidos en el municipio de Comalapa del 26 al 28 de Noviembre de 2012, se encontraron cientos de delegados de organizaciones sociales y campesinas, iglesias, redes y movimientos, representantes de 20 municipios en la entidad, con el apoyo y acompañamiento solidario de resistencia contra la minería de Veracruz y Guerrero, así como de Guatemala, Colombia y observadores de Canadá, Suecia y Alemania.


En denuncia constantes por integrantes de la sociedad civil hacia las empresas que han llegado a sus territorios y sembrado la división, la mentira, la corrupción a presidentes municipales, autoridades ejidales y funcionarios públicos. 
Deforestando, contaminando las aguas y suelos, afectando caminos y la salud de la población.


Hace tres años Mariano Abarca fue asesinado por su lucha contra la empresa canadiense Blackfire que devastaba la región y violaba los derechos humanos de la población en Chicomuselo. 
Desde entonces, la resistencia sigue y se fortalece con su presencia que mantiene vivo el espìritu de lucha por la defensa de la Tierra y el Territorio por todo Chiapas.








Fotos: Luz de Alba Belasko