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sábado, 1 de junio de 2013

#Minería: Lejos de El Dorado





Tras cuatro años de litigio, los ejidatarios de un pueblo zacatecano aún claman justicia. La empresa Goldcorp, de la mayor mina de oro de América Latina se niega a restituirles sus tierras

POR GEORGINA HOWARD

  • Sin apoyos del gobierno y sin escrituras, 29 familias presentaron una demanda contra la minera 
  • Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó el engaño para quedarse con el terreno. 
  • Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país


En las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que la empresa canadiense Goldcorp se adueñara de los ejidos El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros, en Zacatecas, para construir el complejo minero Peñasquito que se inauguró en 2010, y es hoy la mina de oro más grande de América Latina.

Goldcorp invirtió mil 500 millones de dólares en Peñasquito y utilizó presuntamente el engaño, mediante contratos de ocupación temporal y falsificación de títulos agrarios, para reubicar a 29 familias de los ejidatarios, dueños de esas tierras.

Hasta la fecha, la mayoría, obligados a dejar sus tierras sin el menor apoyo del gobierno, no cuentan con escrituras y carecen de los servicios básicos en las zonas donde fueron reubicados.

Algunos ya presentaron una demanda en contra de la compañía canadiense ante el Tribunal Unitario Agrario para que les devuelva las 600 hectáreas que les quitaron.

Pero el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco les dijo que si querían recuperar sus tierras, tendrían que restituir la inversión que la empresa realizó en la mina, y decidió aplazar la resolución.

El pasado lunes el presidente Enrique Peña Nieto presentó su Plan Nacional de Desarrollo y en lo que toca a la contribución de la minería al desarrollo económico del país, señaló que su explotación “debe beneficiar y respetar los derechos de las comunidades o municipios donde se encuentran las minas”.

Inicia el juicio

Tras cuatro años de esperar una resolución a su demanda, los ejidatarios Manuel Ordóñez Saucedo, Héctor Manuel Ordóñez y Daniel Mendoza Barbosa obtuvieron el 12 de enero de 2013 una sentencia a su favor.

El magistrado Serafín Salazar Jiménez, del segundo tribunal colegiado de Zacatecas, determinó que Goldcorp tiene que devolver las 600 hectáreas que ocuparon de manera ilegal, ya que nunca se compraron las tierras.

De acuerdo con la sentencia 528/2012 a la que tuvo acceso Reporte Indigo, la minera Peñasquito tendrá que restituir a los ejidatarios sus tierras, el terreno en el que se aloja el tajo más grande a cielo abierto de oro y plata de México.

Contubernio 

Pero en la primera junta realizada después de ratificar la sentencia, el 16 de abril de este año, el magistrado Lara Orozco, del Tribunal Unitario Agrario, primero llamó a los campesinos a conciliar con la empresa y luego los convocó a devolver la inversión que la canadiense había hecho en la mina.

Julieta Kuri Zaguayo, abogada de la minera, ratificó que la empresa canadiense Goldcorp no desea tener conciliación alguna con los ejidatarios, a menos que sea sin la presencia de los abogados que los representan.

En el diputado Gregorio Macías Zúñiga, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la 60 legislatura, dijo que se tienen que restituir las hectáreas de los ejidatarios, ya que “es un juicio que marca precedente en México y a nivel mundial”.

Alfonso Herrera, abogado de los ejidatarios de Cerro Gordo, acusó a los funcionarios del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, encabezados por el magistrado presidente Juan Rodolfo Lara, de proteger los intereses de la minera Goldcorp.

Denunció que ha impedido en tres ocasiones el pago de los 2 millones 966 mil 832 pesos como último trámite que los campesinos deben realizar para la devolución de sus 600 hectáreas.

Los abogados de los ejidatarios presentarán una queja ante el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en contra de Lara Orozco y su secretaria de acuerdos, Sol Ferreira, por obstaculización de acceso a la justicia en perjuicio de los ejidatarios.

Incluso, el notario público 42 de Zacatecas, Jaime Casas Madero, dio fe de la negativa del Tribunal de recibirles el pago a los ejidatarios: 

“Al negarles el pago, ustedes los están dejando en un estado de indefensión jurídica; estoy certificando que los ejidatarios traen el recurso completo solicitado por este Tribunal”.

Por si fuera poco, el gobernador de la entidad, Miguel Alonso Reyes, inició desde hace varias semanas una fuerte campaña en los medios locales de comunicación para defender las inversiones de la empresa canadiense en la entidad.

Sólo hay que tener memoria histórica para recordar que en marzo pasado Alonso Reyes asistió en representación de la Conago a la Convención Anual de Mineras Canadienses.

La minera, de capital totalmente canadiense, explota los minerales violando, desde hace cinco años, el régimen jurídico mexicano. 

Mientras eso sucedió durante cinco años ni la secretarías de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores o Trabajo hicieron algo contra la empresa canadiense que maneja el 70 por ciento del oro del país.

En la mina trabajan más de 3 mil 400 trabajadores, mineros, albañiles, administrativos y ganan salarios inferiores a los 300 pesos diarios. Fue inaugurada el 23 de marzo de 2010 por el entonces presidente Calderón y en la gubernatura estaba la perredista Amalia García.

Un monstruo mundial

Goldcorp, que trabaja en los municipios de Zacatecas desde 2005 e inauguró el complejo Peñasquito en 2010, es líder en el mercado de metales en el  ámbito mundial.

Como productor de oro de alto nivel, su estrategia de inversión se basa en mantener bajos costos de producción y ubicarse en lugares de bajo riesgo político.

Pero tiene fama de “depredadora” del medio ambiente al lugar que llega a establecerse.

Goldcorp, que preside Kevin McArthur, sabía que Peñasquito tiene 22 años de vida útil y la conocen como “El Dorado mexicano” porque es la mina más grande de metales preciosos y de más bajo costo.

La empresa cotiza en la bolsa de valores de New York y Toronto y deberá informar a sus accionistas que tendrá que devolver la mina mexicana Peñasquito.

En sus informes a los accionistas, que son públicos, se documentan más de 2 mil millones de dólares de utilidades entre 2010 y 2013. 

Tiene reservas probadas de oro plata, cobre y zinc por un monto que rebasa los 20 mil millones de dólares, y emplea a más  de 3 mil 500 trabajadores.

Las empresas extranjeras

A la fecha se reportan en el país 286 empresas con capital extranjero, con 757 proyectos, de los cuales 615 están en proceso de exploración.

Del total de empresas foráneas, 210 son del sector minero metalúrgico con inversión extranjera directa principalmente canadiense.

En 2011, Goldcorp invirtió 400 millones de dólares para aumentar la explotación de sus minas ubicadas en Zacatecas.

Esta industria que aporta el 4.9 por ciento del PIB y lo ubica como el tercer rubro productivo después de los sectores automotriz y del petróleo, cuenta con 23 yacimientos gigantes y seis súper gigantes.

Entre ellos se encuentran Fresnillo, Cananea, Las Cuevas, Guerrero Negro, Tayoltita, Molando y Peñasquito. 

México ocupa el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto en plomo, el séptimo en zinc y el décimo en oro y cobre.

Las concesiones

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50.

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100 por ciento de capital extranjero, teniendo además como ventaja el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales.

Hasta la fecha existen 26 mil concesiones mineras vigentes que sólo corresponden al 13.8 por ciento del territorio nacional.

Un negocio valioso

Los principales Estados productores del sector son:

- Sonora: 23%        - Zacatecas: 23%          - Chihuahua: 14%
- Coahuila: 11%     - San Luis Potosí: 6%    - Durango: 6%

viernes, 3 de mayo de 2013

#Minería en la Sierra Sur, #Oaxaca

BOLETIN DE PRENSA



A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES
AL PUEBLO DE OAXACA:

 Desde 1998 a través de los medios locales de comunicación  nos enteramos del  proyecto Minero “Tehuantepec”, complejo minero  muy importante del país y que contempla la explotación de minerales en  Santa Maria Zaniza, Santiago Textitlan, San Jacinto Tlacotepec, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan y Santa María Lachixio, es decir, en toda la región de la Sierra Sur.

La Sierra Sur del Estado de Oaxaca es habitada principalmente por pueblos Zapotecos, Mixtecos, Chatinos, Chontales, Amuzgos, Triquis y Mestizos;  cuenta  con una extensión aproximada de 12,970 kilómetros  cuadrados.  La propiedad de la tierra es predominantemente  la comunal, debido al gran número de comunidades y ejidos, en menor medida la propiedad privada.

En términos administrativos y políticos, la región de la Sierra Sur comprende 73 municipios ubicados en los distritos de Putla, Sola de Vega, Miahuatlan y Yautepec. 

La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) cuenta con concesiones que estan localizadas en el territorio de la comunidad de Santa María Zaniza, y en la comunidad de Río Humo, perteneciente al Municipio de Santiago Textitlan. El proyecto “Tehuantepec” abarca estas concesiones en su conjunto y considera la explotación de una reserva de 457 millones de toneladas, por lo que el proyecto durará por lo menos 45 años.

El proyecto comprende la apertura de una mina, la construcción de una planta de molienda y una planta de concentración magnética tanto en Santa María Zaniza, como en la comunidad de Río Humo. El concentrado de la separación magnética será bombeado a través de un ferroducto hasta una planta de flotación y filtrado, dicho ferroducto tendra una longitud de mas de 290 kilometros, en el cual viajara el material minero arrastrado por grandes cantidades de agua que obtendran de los rios, arrollos y manatiales de la region.

El proyecto minero de Santa María Zaniza, plantea la extracción del mineral a cielo abierto, removiendo la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los yacimientos del mineral. Bajo esta técnica se puede hoy día remover montañas enteras en cuestión de horas, para hacer rentable la extracción de los minerales; estor por lógica se contempla el desplazamiento total de las comunidades que habitan estos cerros.

Existen comunidades enteras de otros lugares que demuestran que la  actividad industrial a cielo abierto es muy  agresiva ambiental, social y culturalmente. El Proyecto Minero de Santa María Zaniza se encuentra en la etapa inicial aun, por los permisos que las comunidades aun no han otorgado.

 Ante esta situación el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” BARCA-DH, junto con los habitantes de los Municipios de  Santo Domingo Teojomulco, Santa María Zaniza y San Lorenzo Texmelucan han realizado el video que hoy presentamos: “POR LA TIERRA VIVIMOS” en el que se recaba testimonios de personas que habitan en la región que serán los más afectados por el proyecto minero. Con este Video expresamos nuestra forma de vivir y le decimos al  Gobierno Federal y Estatal que:

1.- Los pueblos indígenas somos los únicos dueños de nuestros territorios, tierras y recursos  naturales. Por lo tanto exigimos respeto a nuestros derechos.

2.- Todo proyecto o mega proyecto que atente contra nuestros derechos o se pretenda implementar en nuestro territorio debe someterse a consulta, a la participación y al principio del consentimiento libre e informado.

3.- Nosotros, como pueblos indígenas nos articulamos y establecemos alianzas para defender y hacer respetar nuestros derechos hasta lograrlo.

4.- Reafirmamos el valor y la importancia de nuestros Sistemas Normativos propios, que se expresan y se cumplen en las asambleas comunitarias.

5.- Como Pueblo indígenas no nos oponemos al Desarrollo pero siempre que se respete nuestro entorno, nuestros ríos, nuestro bosque, nuestro lugar donde vivimos como hijos de Dios quien nos dio esta riqueza natural para nuestra convivencia y cuidado.

6.- Estaremos siempre  alertas para que quien nos llegue a vender el desarrollo con mentira, corrupción, destrucción de nuestros recursos naturales,  solo buscando sus propios intereses, sea expulsado de la comunidad.



 LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE:

SANTA MARIA ZANIZA,

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO,

SAN LORENZO TEXMELUCAN, DISTRITO DE SOLA DE VEGA

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS
BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO A.C. (BARCA-DH)


30 de abril  de 2013


sábado, 20 de abril de 2013

#FAO: La historia de la #Minería en #México


Por: Mario Martinez Ramos, Frente Amplio Opositor a MSX (FAO)/Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

La historia de la minería en México a partir de su actividad a nivel industrial está marcada por el saqueo de nuestros recursos naturales no renovables hacia otros países, por la explotación humana y por una cadena de impactos de todo tipo causados por los diversos sistemas de explotación y beneficio de los valores metálicos.

Los avances tecnológicos y científicos han evolucionado y transformado estos sistemas, la minería subterránea tradicional quedó atrás y aparecen nuevos sistemas con características mucho más agresivas conocidos como tajos a cielo abierto, como en el caso de la canadiense New Gold - Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, y la actual minería subterránea por el sistema de tumbe y relleno de la también canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlan en San José del Progreso, Oaxaca. Dos casos muy sonados, el primero por el escándalo jurídico que dejó al descubierto las grandes redes de corrupción tejidas por las empresas mineras dentro del Poder Judicial, que van desde una simple mesa del ministerio público hasta los más altos tribunales del país, y el segundo por la gran cantidad de activistas opositores asesinados.

No podemos negar la importancia de la minería en el desarrollo tecnológico, económico y social del país. Pero es más importante la preservación de la biodiversidad, que es el sostén de la vida y el bienestar social. Las actuales empresas mineras no reconocen que hay realidades sociales, derechos laborales, ambientales y humanos; derechos de los pueblos indígenas, y otros aspectos que no se pueden soslayar ni legitimar como es la expulsión forzada de comunidades, su desaparición y el despojo de agua y tierra, indispensables para su supervivencia.

Con estos nuevos sistemas las únicas beneficiadas siguen siendo las grandes empresas mineras nacionales y transnacionales. Les permiten reducir en 80 por ciento la planta laboral y en menor tiempo duplicar la capacidad de producción comparada con los sistemas utilizados anteriormente. Basta ver las estadísticas de los diez años recientes en producción de oro y plata: duplican lo que se produjo en los 300 años anteriores, y no es mayor por la resistencia que decenas de comunidades oponen. A cambio, los costos sociales, ambientales, económicos y políticos que estos sistemas causan al país son incalculables, además de irreversibles pues dejan una irreparable deuda ecológica para las próximas generaciones.

Para introducir y aplicar estos nuevos sistemas de explotación minera en nuestro país, previo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias como son la de Aguas Nacionales, la Agraria, la de Inversión Extranjera, la Minera, entre otras, con el fin de allanar el paso a las grandes empresas nacionales y transnacionales a las tierras de régimen social, ejidales y comunales.

El marco “ilegal” de la ley minera diseñado en 1992 y sus modificaciones posteriores han fomentado en forma alarmante la impunidad jurídica de las empresas, y la pérdida de los más elementales derechos de la población. La ley minera es única, acusa una total discordancia constitucional y para con otras leyes también reglamentarias del artículo 27, lo cual genera conflictos jurídicos que entorpecen la instalación de estas empresas por la vía legal, situación que las ha obligado a crear extensas redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno. También han creado redes militares, religiosas y académicas, por lo cual el conflicto causado por la actividad minera se ha convertido en un asunto de gobernabilidad y seguridad nacional. Ante esta crítica situación, el Poder Legislativo está discutiendo la necesidad de una nueva ley minera. 

A estas alturas, ya es imposible ocultar y desestimar los graves daños ambientales, económicos, sociales y políticos que la actividad minera está causando al país, muy en especial al campo. La diversidad biológica de nuestro país tiene la capacidad de producir en forma sustentable y perene una gran gama de productos indispensables no únicamente para el crecimiento económico, sino también para el bienestar de millones de mexicanos.

La actividad minera está prácticamente exenta de impuestos, tampoco genera actividades transformativas, o sea se limita al extractivismo de minerales y no a su aprovechamiento industrial.  La mayor parte de esta actividad se dedica a la explotación de minerales con contenidos de oro y plata, cientos de toneladas de estos productos minerales salen de nuestro país anualmente incluso sin afinar, en lingotes de doré, por lo cual no generan cadenas productivas y tampoco empleos. A cambio, nos dejan aire, agua y tierras contaminadas, improductivas de forma irreversible; montañas de desechos tóxicos, corrosivos, productores de drenajes ácidos, cuya actividad contaminante afecta por cientos de años nuestras tierras y depósitos de agua  subterránea y superficial.

El impacto que sufren las fuentes de agua superficiales o subterráneas a causa de los sistemas minero metalúrgicos es realmente criminal, no sólo por las grandes cantidades de agua que utilizan, sino también por el uso que le dan. 

Por ejemplo, en Mazapil, Zacatecas, para el proceso de lixiviación, la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio. Esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico. En el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, New Gold Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso. En los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar a 300 mil personas con cien litros diarios, cuando en la ciudad carecen cientos de miles de personas de este vital líquido.

No es posible que por el desarrollo de un proyecto minero con una capacidad de actividad-tiempo limitado, que lo único que produce es saqueo, contaminación, desestabilidad social, se sacrifique el consumo humano y se cancelen de por vida actividades perenes, sustentables y de incuestionable utilidad pública como son las agrícolas y ganaderas.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Como podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente? 

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como es el caso de los que aprovecha la actividad minera, requiere concepciones de visión de largo plazo y de responsabilidad generacional. 

Hoy la responsabilidad de la explotación de los recursos naturales se enfrenta a nuevos desafíos, están avanzando en forma secreta y acelerada las negociaciones para el acuerdo estratégico transpacífico al que se incorporó nuestro país en junio de 2012, y el cual entre otros leoninos artículos destaca el que los gobiernos parte de este acuerdo, no aprueben leyes en materia de medio ambiente, salud y trabajo que afecten los intereses de las corporaciones multinacionales. Este pretendido acuerdo es aún más antisocial y lesivo que el TLCAN. El acuerdo transpacífico no es sólo con nuestro país, tiene influencia regional y su finalidad es asegurar los mercados necesarios para la  reproducción capitalista. 

En ese contexto y en estos momentos, las iniciativas de ley son retos de conciencia y de responsabilidad para con nuestro país, tarea que ya no puede ser exclusiva del Poder Legislativo con casi nula credibilidad en estas tareas. Ya está operando la sociedad por medio de los grupos organizados y de los justos reclamos de las  comunidades afectadas por el despojo de su patrimonio territorial.

Publicado en La jornada del Campo No. 67, edición impresa.

#CerrodeSanPedro: breve historia de sus luchas

Por: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) / REMA

[FOTO: MAJLOC. Visita a CSP de otros pueblos.]

Un pueblo como muchos otros fundado por la avaricia del oro, víctima de la despiadada explotación humana, de sus riquezas y recursos naturales. La diferencia de este poblado con los muchos otros radica en su eterna rebeldía que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a este territorio.

Después de haber doblegado y ocupado la gran Tenochtitlan, el año 1550 cuando las avanzadas españolas llegaron a este valle, al que algunos historiadores dicen que llamaron Valle del Tangamanga, habitado por tribus nómadas guachichiles, que conformaban la nación Chichimeca. Este valle también era conocido como El Tunal Grande por el hecho de que su cuenca, con un área de casi dos mil kilómetros, estaba cubierta de todo tipo de cactáceas.

Lo cerrado y la altura de las cactáceas y la destreza con que sus habitantes manejaban el arco y la flecha propiciaron la lucha de resistencia de los guachichiles, la cual se prolongó por más de 40 años. Los españoles se vieron obligados a continuar su avance conquistador hacia el norte de lo que hoy llamamos México por los flancos oriente y poniente del valle. A este acontecimiento, los historiadores le llamaron “La guerra de los 40 años”. Fue hasta 1590, con un desgaste enorme de ambos lados y la diplomática intervención del capitán “mestizo” Miguel de Caldera, que se firmó la paz entre los bandos en pugna.

El 4 de marzo de 1592 un natural de la zona mostró a los españoles la ubicación de la rica montaña mineralizada conocida posteriormente como Cerro de San Pedro y simbolizada como emblema del Escudo de Armas de la Ciudad de San Luis Potosí (SLP) y de su estado. Así se fundó el poblado también conocido como Cerro de San Pedro y posteriormente el municipio que lleva el mismo nombre.

La llegada de miles de mineros a San Pedro de diferentes lugares, atraídos por la riqueza del Cerro, obligó a fundar en el valle lo que hoy es la ciudad capital de SLP. El agregado de “Potosí” se le dio por considerar que las minas de San Pedro eran tan ricas como las más ricas del mundo en ese entonces, las minas de la ciudad del “Potosí” en Bolivia.

Así se inició un calvario de saqueo y explotación humana y de nuestras riquezas naturales, en las labores mineras. Se acabó la etnia guachichil, los bosques de encinos, pinos y otras especies maderables que cubrían los cerros fueron arrasados, utilizados para la fundición de los metales. El Tunal Grande desapareció para dar paso a la urbanización.

[FOTO: Marcos Guevara Rivera. Guardia privado en Minera San Xavier]

La actividad minera es intermitente, se agota la veta y se suspenden las actividades hasta que se encuentra otra veta; esto puede durar meses o muchos años, mientras tanto, mucha gente abandona la zona en busca de empleo desplazándose hacia otro centro minero en explotación.

En una de esas recurrentes crisis, en 1762 –cuando todavía la economía de la ciudad capital en buena medida dependía de la minería–, la hacienda pública se vio afectada por la inactividad minera; como medida, las autoridades impusieron nuevos impuestos y medidas represivas contra los que por falta de empleo deambulaban por las calles, no pocos de ellos fueron apresados y enviados a otras ciudades a trabajos forzados, incluso a Cuba.

La reacción social no se hizo esperar, los mineros de Cerro de San Pedro se organizaron liderados por Patricio Alanís, minero y habitante del poblado del mismo nombre; hicieron una manifestación a la que se unieron gente de los municipios de Armadillo y de Soledad, de los ranchos y de los siete barrios que conformaba la ciudad capital. Dialogaron con las autoridades y se retiraron con la promesa de que cambiaría la situación. Ya entonces las promesas eran sólo eso, pero la gente era otra, se reagruparon y en ese tiempo más de cuatro mil manifestantes asaltaron la cárcel y liberaron a los presos, asaltaron las casas reales y al grito de “¡Nuevo rey, nueva ley!” y “¡Abajo los gachupines!”, se desataron lo que la historia registra como los “tumultos”.

El descontento social crecía, el ejemplo de rebeldía de los mineros de Cerro de San Pedro amenazaba con extenderse a otros estados, el gobierno local se vio rebasado y tuvo que pedir refuerzos a México. Aquí el conde de la hacienda de Peñasco con sus fuerzas especiales atacó a los sublevados, por otro lado llegó el visitador José de Gálvez y se hizo cargo de la represión. Finalmente los insurgentes se fueron replegando y sus líderes, como Patricio Alanís, que utilizaban una mina como cuartel general, fueron capturados, decapitados y sus cabezas expuestas públicamente, sus familias desterradas y sus casas quemadas.

Después de la guerra de Independencia, se quedó la explotación en manos de los gringos hasta 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Dada la depreciación de los valores de los metales, la American Smelting and Refening Company suspendió sus actividades de explotación, y mediante artimañas y corrupción de los lideres obreros, echó a la calle a cientos de trabajadores con un mes de salario como indemnización. Es el destino de los pueblos mineros: su sustento está sujeto a la oferta y la demanda de los metales y al agotamiento de sus recursos minerales.

Los casi seis mil habitantes con que contaba en 1947 el poblado (cabecera municipal de Cerro de San Pedro) lo abandonaron en busca de sustento y el lugar se volvió pueblo fantasma. Sus escasos habitantes, un ciento, aferrados a su tierra, sobrevivían buscando hilos o venas de mineral y de rascarle en forma artesanal su contenido; dos o tres vivales se enriquecieron con el sacrificio de esta gente a las que le “regateaban”: compraban a precios irrisorios el metal, para luego venderlo caro.

Fue en 1995 cuando aparecieron las mafias mineras canadienses, alentadas por las políticas entreguistas de Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992, a fin de entregar nuestro país a las trasnacionales, modificó el artículo 27 constitucional y todas las leyes que de ella emanan –lo hizo como condición para la firma del leonino Tratado de Libe Comercio de América del Norte (TLCAN)–. Fue así como de un plumazo inició la desaparición del régimen social de la tierra (ejidal y comunal), el agua y todos nuestros recursos naturales que habían sido conquistados a sangre y fuego en el movimiento revolucionario de 1910.

En ese contexto, en 1995 llegó la empresa canadiense Metallica Resources, Inc, Minera San Xavier a Cerro de San Pedro; inició trabajos de exploración, y en septiembre de 1996 convocó a los pocos habitantes del lugar y, con promesas de empleo y de reacomodarlos en una reservación fuera del área de peligro, los invitó a evacuar el poblado porque éste quedaba dentro del proyecto minero y era indispensable su desaparición.

Ese día, el 10 de septiembre de 1996, en la reunión convocada en el Templo de San Nicolás Tolentino, ante la furia de los asistentes, que con palabras soeces rechazaron el proyecto, inconformes por la pretendida destrucción del poblado pero en especial de sus templos que datan del siglo XVII, se inició una nueva lucha por la preservación del patrimonio cultural e histórico propiedad de los potosinos, por el medio ambiente, y la dignidad del pueblo.

Fue aquí en Cerro de San Pedro donde se inició la primera lucha a nivel nacional contra las mafias industriales del crimen organizado, las mineras canadienses, lucha que ha sido ejemplo y estímulo de las decenas de luchas similares que hoy se libran en todo el país contra la minería contaminante y depredadora. En los 16 años de resistencia, el movimiento conocido como Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) ha asimilado una amplia experiencia en formas y estrategias de lucha contra este novedoso pero criminal sistema de explotación minera y humana.

Así, después de años de resistencia civil pacífica y en ocasiones no tanto, en 1999 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la autorización ambiental y el cambio de uso de suelo para que Minera San Xavier operara. Estas arbitrarias autorizaciones fueron impugnadas, dado que la zona del proyecto está protegida por decreto del 24 de septiembre de 1993 como “zona de preservación de la vida silvestre”. El decreto deja claro que en esa zona no se podrá instalar ningún tipo de industria. También existe otro decreto de 1962 que prohíbe la extracción de agua del acuífero 2411, o sea el del valle de San Luis que surte de este vital líquido al 45 por ciento de la población de todo el estado de SLP. Además el poblado de Cerro de San Pedro por ley está considerado Zona de Monumentos.

Otro argumento contra la mina es que, por ley, no se permite el depósito de residuos peligrosos en una distancia menor un kilómetro de un río perene o intermitente, de 25 kilómetros de una zona de recarga de un acuífero o de una poblado mayor de cinco mil habitantes. Resulta que a 30 metros de los patios de lixiviación –donde la empresa minera utiliza 16 toneladas diarias de cianuro de sodio disueltas con 32 millones de litros de agua– pasa un río; precisamente ese lugar es zona de recarga del acuífero 2411, y la ciudad de SLP se encuentra a ocho kilómetros del proyecto minero. Todos estos argumentos y muchos más no fueron escuchados por la Semarnat, y sin dar respuesta, ratificó las autorizaciones.

Por lo anterior interpusimos un juicio de nulidad, que recayó en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en la Ciudad de México. El uno de septiembre de 2004 la Sala Superior de este Tribunal emitió la sentencia, en que resuelve la nulidad lisa y llana de la autorización de cambio de uso de suelo y la ambiental. O sea, fue una resolución definitiva en la cual el caso quedaba como cosa juzgada.

Por desgracia para todos –dada la extrema vulnerabilidad de nuestro país a la corrupción y la ingobernabilidad, la nula aplicación del Estado de derecho y la complicidad de las autoridades de los diferentes niveles– la empresa minera está operando en la etapa de explotación desde 2007, sin contar con un solo permiso licencia o autorización.

Para este año 2013, ya desapareció la famosa montaña conocida como el Cerro de San Pedro, emblema del Escudo de Armas de nuestra ciudad y Estado. Ni un solo habitante aceptó la reubicación, permanecen en sus hogares, pero eso no fue impedimento para las criminales ambiciones de la empresa. Detona 25 toneladas de explosivos diariamente a 30 metros de la zona habitada, poniendo en peligro la vida de sus habitantes ante el posible derrumbe de sus fincas a causa de la intensidad sísmica causada por las explosiones. Todo esto ante la complacencia e in$en$ibilidad de las autoridades militares que otorgan en esas condiciones las autorizaciones para el uso de explosivos.

Nuestra lucha sigue, el objetivo es diferente, el enemigo a vencer ya no es la empresa minera, ahora es el sistema de gobierno cuyas políticas antisociales se basan en la impunidad, la corrupción y la entrega de nuestro país a las trasnacionales, que con sus criminales proyectos mineros nos dejan un país incapacitado para producir; aire, agua y tierra contaminados, enfermedades incurables, y un futuro escalofriante para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Políticas gubernamentales incestuosas de violación a su madre, La Madre Tierra.

Diez y seis años de lucha contra la adversidad, contra la corrupción y la impunidad que ha invadido a todo el aparato oficial y sus poderes, de represión del gobierno que amenaza y encarcela a los opositores al proyecto minero, y los paramilitares de la empresa Minera San Xavier que nos golpean, amenazan y han tratado no en pocas ocasiones de asesinarnos, pero lo más triste y traumático, en cierta forma entendible, es la insensibilidad de buena parte de la sociedad que se resiste a participar en una lucha que es su lucha, en la que está de por medio su bienestar y la de los suyos.

jueves, 28 de febrero de 2013

#Minería: Gol de Minera San Xavier en #SLP


Ante la grave situación que enfrentan las empresas mineras en nuestro país, y en muchos más por el cada vez más creciente rechazo social a sus criminales proyectos, estas tienen que estar constantemente diseñando nuevas formas de congraciarse con la población, cambiando de look , el clásico lobo con piel de oveja,  y en este caso que mejor que aprovechar el fervor distractivo de nuestro pueblo por el  fútbol.

La estrategia de Minera San Xavier de rescatar y patrocinar el equipo local sería un golazo, por un lado porque mantendría a una buena parte de la sociedad distraída de la grave situación por la que atraviesa nuestro país, pero lo más importante, como forma de legitimar socialmente su proyecto minero que ha venido operando en la total ilegalidad desde su llegada a San Luis Potosí hace 17 años.

Las redes de corrupción que desde ese entonces Minera San Xavier ha venido tejiendo dentro de los tres poderes de gobierno están llegando a un nivel crítico, escandaloso, sobre todo en el poder judicial donde jueces y magistrados se ven obligados a dictar anticonstitucionales  sentencias a fin de mantener la ilegalidad de las actividades de la citada empresa minera situación que por su trascendencia jurídica va a ser ventilada ante instancias judiciales superiores con la intervención de otros actores de otras instancias de poder cuyos resultados podrían no ser muy buenos para la empresa minera y menos para los juzgadores.  

La estrategia “deportiva” es muy oportuna para Minera San Xavier, más en estos momentos en que sus mismos grupos de choque están divididos, inconformes por los estragos que la contaminación está causando en la salud de los habitantes de las comunidades más cercanas al proyecto minero y los constantes decesos de sus familiares.  Ante esta situación, para calmar los ánimos, la empresa minera tuvo que desembolsar y repartirles una buena cantidad de dinero, así logró por lo pronto calmar los ánimos y que el problema no trascendiera socialmente.  

San Luis Potosí Febrero de 2013.
FAO 

lunes, 18 de febrero de 2013

#Minería, Deloitte #México: Los 10 retos que las empresas mineras enfrentarán en 2013.

Para estar informados:


De acuerdo con el estudio "Tracking the trends 2013- The top 10 issues mining companies may face in the coming year" (Siguiendo las tendencias de 2013- Los 10 retos que las empresas mineras pueden enfrentar), desarrollado por Deloitte, los altos costos y el aumento en la incertidumbre frente a la demanda, son los retos más inmediatos que enfrenta el sector minero a nivel mundial, sin embargo, estos factores no deben disuadir a los empresarios de hacer inversiones en esta industria.

En su quinta edición, el informe señala que las empresas que prosperarán en el futuro serán aquellas que logren establecer una dirección estratégica sólida y mantengan un ritmo de crecimiento estable frente a los constantes cambios del mercado.

Adicionalmente, destaca que una ola cada vez mayor de volatilidad - incluyendo los precios de los productos básicos, crecientes presiones de costos, la crisis de la eurozona y la desaceleración económica de China - ha llevado a algunas empresas a mantener los proyectos en espera mientras otros han buscado mayores rendimientos a través de iniciativas en entornos geopolíticos más difíciles del mundo. Hacer frente a una situación como la actual requiere de un sofisticado nivel de capacidad analítica por parte de las empresas del sector.

"Ante el cambio en la dinámica de la industria, las empresas mineras deben determinar en dónde centrar sus objetivos y recursos. Una fórmula que a menudo no toman en cuenta es la mejora de sus operaciones y la reducción de costos a fin de asegurarse de obtener el máximo provecho de las tecnologías de información existentes", indicó César Garza, Socio encargado de oficina de Deloitte en la Ciudad de Torreón.

Con base en los resultados del estudio, por segundo año consecutivo, el aumento de los costos encabeza la lista de las cuestiones clave que afectan a la industria minera. "En perspectiva, se espera que esta tendencia no sólo continúe, sino que también crezca en el corto plazo debido a que los precios de los productos básicos siguen a la alza, los trabajadores demandan mejores salarios y el incremento de los costos regulatorios se mantiene. Pero más allá de detener la producción de frente a la demanda de retornos de inversión más inmediatos por parte de los accionistas, los mineros deben hacer inversiones hoy en día para satisfacer la demanda de materias primas en el largo plazo", señala el experto de Deloitte México.

Entre los retos que se espera enfrente el sector minero en 2013, el análisis destaca los siguientes:

"Si consideramos que una tercera parte de las empresas encuestadas incluirán en su plan de negocio la revisión de sus estrategias de movilidad global para los próximos 12 meses, es importante que los responsables de este tipo de programas participen en las discusiones de estrategia con el fin de explicar el valor que pueden aportar las asignaciones al desarrollo del talento, así como la adaptación a los impulsores de negocio que pueden afectar la forma en que estructuran dichos programas", agregó el socio de Deloitte México.
  • Costos más altos: Éste sigue siendo el principal reto por segundo año consecutivo. La volatilidad de la moneda y los altos costos de operación están afectando las decisiones sobre la producción y proyectos de expansión. Para mantener los costos bajo control, las empresas mineras deben establecer claramente sus factores de precios, mejorar la eficiencia de los activos y su modelo de funcionamiento, así como racionalizar las iniciativas de la cadena de suministro.
  • Desaceleración de proyectos de capital: Aunque los ejecutivos mineros se resisten a autorizar nuevos gastos de capital en un momento de márgenes apretados y presión constante para pagar dividendos a los accionistas, el informe sugiere que la respuesta correcta debe basarse en inversiones disciplinadas a través de medidas como la racionalización de proyectos, mejora de la eficiencia del capital, análisis de datos y la garantía de ejecución de iniciativas de calidad.
  • El aumento en el volumen de fusiones y adquisiciones: Como resultado del limitado financiamiento de deuda, algunas empresas mineras están tratando de introducir ofertas preventivamente con los socios de su elección a través de "fusiones y adquisiciones proactivas". Para mejorar las probabilidades de éxito transaccional, el informe sugiere que la participación en el due dilligence sea más exhaustivo para evaluar a los posibles socios y planificar por adelantado la integración de éstos.
  • Lucha contra la corrupción: Las empresas mineras ya están adoptando estándares globales de transparencia para contrarrestar los riesgos que plantea la corrupción; aun así, se necesitan prácticas más responsables frente al mayor escrutinio de los reguladores, tanto de ellos mismos y sus socios, proveedores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios. La lucha contra la corrupción requiere la adopción de sólidas prácticas corporativas y procedimientos, incluyendo gestión de relaciones con terceros, programas internos de cumplimiento e investigación.
  • Un nuevo nivel de comportamiento responsable: La responsabilidad social corporativa se extiende más allá de las evaluaciones de impacto y ahora requiere cumplir con las expectativas y demandas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras partes interesadas, así como operar con mayores niveles de transparencia y sustentabilidad.
  • Escasez de habilidades: Las empresas mineras deben hacer frente a la escasez de personal calificado a través del fortalecimiento de habilidades de su equipo, volver a capacitar a colaboradores con un enfoque centrado en el cumplimiento de diferentes funciones, acciones de reclutamiento a través de bolsas de trabajo no tradicionales y patrocinio de programas universitarios.

"Las empresas mineras que proactivamente puedan hacer frente a dichos retos estarán en mejores condiciones para satisfacer las necesidades futuras, con altas probabilidades de fortalecer su rol en procesos de progreso y desarrollo de las comunidades en las que operan, así como generar el crecimiento de puestos de trabajo y formación de talento en todo el mundo", concluyó César Garza de Deloitte México.

Para conocer más acerca de la perspectiva de Deloitte (inglés), dé clic aquí.

Lea o imprima el reporte de Deloitte: Los 10 retos que las compañías mineras enfrentarán en 2013. [Rastreando las tendencias 2013 (inglés)]




Por: Deloitte México
México, D.F.; Febrero, 2013.

lunes, 4 de febrero de 2013

"Ellos saben que no están solos". #Minería


Por: Liam Barrington-Bush

[Foto: Escultura del sindicato minero en Capulálpam de Méndez. 
Por: Liam Barrington-Bush]

Entre el 17 y 20 de enero, cerca de 500 activistas de todo México, América Central y más allá, se reunieron en la serrana ciudad mexicana de Capulálpam de Méndez, Oaxaca, para apoyar una marea creciente de resistencia contra los impactos humanos y ambientales de las industrias extractivas en el región.

El "Encuentro de pueblos de Mesoamérica ¡Sí a la vida! No a la minería!", organizado por el la comunidad de Capulálpam de Méndez y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, fue una de las más grandes reuniones contra las minas anti que la región ha visto, así como la oposición local a algunos de los miles proyectos extractivos en Mesoamérica ha crecido de forma espectacular en los últimos años.

Canadá en el banquillo de los acusados.

La perpetuación de la violencia contra los activistas, los patrones de contaminación del agua y el suelo alrededor de los sitios de extracción, y el total desprecio por la autonomía de las comunidades indígenas, son tan familiares a los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, como lo son los activistas presentes en México. John Cutfeet, un invitado de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario que participa activamente en el movimiento Idle No More, trajo las historias paralelas de su propia comunidad.

Cuando se le preguntó cómo la experiencia de una comunidad en el norte de Canadá está relacionada con las de los pueblos de Mesoamérica, explicó que los pueblos indígenas del Norte y del Sur "enfrentan experiencias similares y tácticas similares", en las qué "las empresas y el gobierno ... tratan de acceder a las tierras y nos privarnos de nuestros ritos de nacimiento y nuestras tierras. "

Y mientras que las contribuciones Cutfeet fueron recibidas con gran entusiasmo, las empresas canadienses recibieron una reprimenda fuerte y consistente a lo largo de los eventos del fin de semana. Los delegados y oradores también criticaron al gobierno de Canadá, y el Embajador de Canadá en México, específicamente, por jugar un papel activo en la promoción de políticas en el extranjero que favorecen los intereses de mineras canadienses a expensas de las comunidades indígenas, los derechos humanos y el medio ambiente.

Según el Departamento canadiense de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT, por sus siglas en inglés), más del 75 por ciento de las empresas mineras del mundo tienen sede en Canadá. William Sacher y Deneault Alain, en su exposición en 2012 sobre la minería canadiense, Imperial Canada, Inc., argumentan que las empresas extractivas optan por hacer de Canadá su casa debido a una combinación de lagunas fiscales preferenciales, el recurso mínimo legal en contra de las acciones de las empresas canadienses en el extranjero y el apoyo incondicional del gobierno para la industria en el ámbito internacional.

El costo sangriento de plata.

Los asistentes al evento también escucharon a los residentes de otro pueblo oaxaqueño, San José del Progreso, donde dos activistas críticos de las prácticas de la canadiense Fortuna Silver Mines - Minera Cuzcatlán fueron asesinados en 2012.

Rosalinda Dionicio de San José del Progreso, asistió al evento en Capulálpam.

Dionicio recibió heridas de bala en la pierna en marzo del año pasado y todavía camina con un bastón como resultado del ataque. Ella es también prima de Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los dos miembros de la comunidad asesinados en 2012.

Hubo muchos testigos presenciales del tiroteo más reciente contra los activistas contra la minería en el pueblo en junio pasado. Estos testigos identificaron a dos de los tiradores que participaron como empleado de Fortuna Silver y el hijo del ex presidente municipal (un fuerte defensor de la mina), respectivamente. La empresa y el municipio han negado cualquier participación en el ataque, descartando la violencia como resultado de un conflicto antiguo.

Para el pueblo de San José del Progreso y otras comunidades afectadas por la minería, el sitio de la conferencia fue importante, ya que Capulálpam de Méndez es uno de sólo unos pocos pueblos de la región que ha logrado suspender todas las actividades mineras locales. Debido a la contaminación del agua, la operación minera cercana es la Natividad y es de oro y plata (a cargo de otra empresa canadiense, Continuum Resources Ltd.) y fue suspendida de sus operaciones indefinidamente por la Procuraduría federal de protección al ambiente en 2007.

Tras la clausura, Continuum Resources Ltd. se convirtió en una filial de Fortuna Silver Mines. La compañía todavía está presionando activamente para reabrir la mina, en tanto, el pueblo y el municipio de Capulálpam de Méndez continuará luchando contra su imposición.

Un creciente sentimiento de solidaridad.

El evento se centró en la búsqueda de formas en que las comunidades afectadas en todo el hemisferio podrían trabajar en solidaridad unos con otros para desafiar a la industria minera y sus aliados políticos. A través de redes más fuertes, los participantes se sintieron más seguros de que sus luchas locales no eran casos aislados, por lo que podría ser impugnada por una serie de otras comunidades con conexiones a los agresores pertinentes.

John Cutfeet describe cómo este enfoque estaba siendo utilizado por las comunidades de las Naciones Originarias en Canadá. Cuando una comunidad se enfrenta a conflictos territoriales, otros vienen a la acción en todo el país, aumentando la presión sobre las empresas privadas e instituciones del gobierno desde muchos ángulos diferentes.

Fuertes redes, muchos participantes sintieron que sus pequeñas pero significativas luchas por la tierra, el agua y los derechos humanos, tienen el potencial de desafiar el poder de las grandes corporaciones multinacionales y los gobiernos que los apoyan, ya que tanto la Nación Originaria KI en Ontario y el pueblo de Capulálpam en Oaxaca han sido capaces de demostrarlo en los últimos años.

Si bien las historias del fin de semana fueron a menudo desgarradoras, la energía fue alta, con un sentido del poder colectivo que viene de saber que hay muchos otros que enfrentan desafíos similares, y algunos que incluso han logrado ganar, contra todos los pronósticos significativos.

"Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dijo Rurik Hernández, uno de los organizadores con el Frente Amplio Opositor (FAO) de Cerro de San Pedro, una de las primeras comunidades en México que desafiaron a la minería en su comunidad.

"Ahora, muchas comunidades tienen esta fuerza ... Ellos saben que no están solos".


Vía: Rabble

*Liam Barrington-Bush Actualmente vive en Oaxaca, México y mensajes de twitter como @hackofalltrades

#Minería: "Cuando la injusticia es ley, la resistencia es un deber"

Fotos por: Jen Wilton
Textos por: Liam Barrington-Bush

En enero, cerca de 500 activistas de todo México y América Central se reunieron en la Sierra Norte de Oaxaca, en Capulálpam de Méndez, para coordinar la creciente resistencia local a los costos humanos y ambientales de la minería en las comunidades de la región. El evento fue llamado Encuentro de pueblos de Mesoamérica, ¡Sí a la vida! ¡No a la minería!




Rurik Hernández del Frente Amplio Opositor (FAO) es un activista de Cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, una de las primeras comunidades en México en luchar para expulsar a las empresas mineras de su territorio. "Hace cinco años éramos los únicos en el país con la fuerza necesaria para resistir estas minas", dice. "Ahora muchas comunidades están luchando contra las minas. Ellos saben que no están solos".





Para los opositores de la Minera Cuzcatlán - Fortuna Silver Mines, en la pequeña localidad de San José del Progreso, en Oaxaca, 2012 fue un año difícil. Los activistas contra la minería acusaban ser objeto de amenazas de partidarios de la mina de propiedad canadiense, y dos líderes de la comunidad fueron asesinados a tiros. Uno de los fallecidos era Bernardo Vásquez Sánchez. Dos miembros de su familia, Arturo Vásquez Sánchez y Dionicio Rosalinda, resultaron gravemente heridos durante el ataque. En el evento, Dionicio, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), habló de la necesidad de construir un frente más unido en contra del desarrollo económico impuesto en San José. "En este momento daría la bienvenida a la salida de la empresa minera," dijo ella, "pero la idea es unir al pueblo para defender al resto de nuestros recursos, porque tenemos ríos, tenemos bosques, también tenemos nuestras costumbres a proteger ".





"Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en un deber, 'John Cutfeet de la Nación Originaria KI en Canadá le dice a la audiencia en el Encuentro ¡Sí a la vida! ¡No a la minería! Cutfeet ha participado activamente en el movimiento indígena canadiense Idle No More, y su comunidad ha utilizado recursos ante los tribunales, medios de comunicación y campañas de acción directa pacífica en su lucha contra la invasión no autorizada por las empresas mineras en sus territorios tradicionales.





En la conferencia, Noé Amezcua (no se muestra) de la Ciudad de México rindió homenaje a "cada persona que está en este momento de cruzar la frontera entre México y los EE.UU.. El año pasado, más de 400 personas perdieron la vida en la frontera. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y otras personas de Mesoamérica ... Eran hermanos y hermanas que fueron desplazados de sus tierras, a causa de la guerra y ahora a causa de las minas. Le pido a cada uno a tener en nuestra memoria a estos hermanos y hermanas que han perdido la vida en el desierto, en busca de una vida mejor. Y así, nuestras luchas, nuestros corazones, nuestros espíritus y nuestras mentes se concentran en luchar para defender nuestra tierra".





"¿Cómo es posible tener lagunas de cianuro en un país con los huracanes? Dr Juan Almendarez de Honduras preguntó, refiriéndose a la ausencia de cualquier regulación significativa de las industrias extractivas en su país. Como médico, Almendarez ha visto cómo la salud de las personas se ha visto negativamente afectada por la minería, de enfermedades de la piel e infecciones oculares a las enfermedades respiratorias y cáncer. El clima volátil del país ha contribuido a espacir los productos químicos, como el cianuro, plomo, mercurio y arsénico, mucho más allá de los sitios de operaciones mineras.





"No queremos que este tipo de desarrollo, y punto. Queremos algo más. Este modelo de minería extractiva es insostenible", declaró Gustavo Castro Soto, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Muchas de las personas en el Encuentro ¡Sí a la vida! ¡No a la minería! desafió las nociones de desarrollo utilizado para justificar el crecimiento de la industria de la minería, la recuperación de una serie de costumbres y prácticas utilizadas por las comunidades indígenas de la región a vivir una vida más autónoma y sostenible.





"La principal estrategia para enfrentar y mantener la resistencia en contra de la empresa minera en Capulálpam de Méndez ha sido la organización comunitaria", explicó el Presidente Municipal Juan Pérez Santiago. "Aquí no hay líderes. Mucho es comunal, por lo que las decisiones que se toman en esta lucha siempre emanan de la Asamblea General de Comuneros o de la Asamblea General de Ciudadanos, ya que son las más altas autoridades".





"En otros lugares, la policía nos están golpeando, aquí, nos están sirviendo café", declara la veterana activista oaxaqueña Carmelina Santiago. En otras partes de la región, los activistas dicen que son el blanco de la policía, frente a la violencia de las autoridades locales, empresas mineras y las fuerzas paramilitares contratadas.





Los lugareños fueron vistos en las calles de Capulálpam de Méndez temprano cada mañana durante el evento, barriendo el polvo y la basura como parte de su compromiso con la comunidad. Muchas comunidades indígenas de todo México funcionan de forma autónoma, en ejercicio de sus derechos legales para ejercer las formas tradicionales de autogobierno, conocidos como usos y costumbres. Como Presidente Municipal Juan Pérez Santiago explicó: "El trabajo viene del sistema de cargos honoríficos, donde no hay pago por el suministro de servicios a su comunidad. Es mejor, porque es un honor servir a su pueblo, para servir a su comunidad. No crea su propio interés y no crea el propio interés económico. Nuestra manera de pensar, nuestra ideología, la agencia que traemos de nuestros antepasados, es el cuidado y la conservación de nuestro medio ambiente, nuestras tradiciones y nuestras costumbres".





La resistencia a la minería en Capulálpam de Méndez está muy extendida, y la unidad dentro de la comunidad fue clave para que la mina Natividad fuera suspendida indefinidamente en 2007. Muchos taxis portan imágenes en las ventanas: "Capulálpam: No a la Minería".





Aproximadamente a un kilómetro y medio de Capulálpam está la comunidad de Natividad, el hogar de la mina de plata y oro qué la gente de Capulálpam luchó en contra, alegando que contaminó los suministros de agua locales. Natividad se convirtió en el hogar de los mineros cuando la mina fue inaugurada en 1939. Más de cinco años después de la suspensión de las actividades mineras, sus residentes restantes niegan que el río de la localidad se viera afectado por la industria. "Si se contamina, no habría plantas, no habría pescado", sostuvo una mujer mayor. "La gente todavía nada allí". Otro residente dijo que desde el cierre de la mina, un número de personas se han trasladado a los EE.UU. debido a la falta de oportunidades de empleo.





"La mayor autoridad en la comunidad es la comunidad", declaró Carmelina Santiago, activista de Flor y Canto, en Oaxaca. Explicó la incompatibilidad entre las leyes de extracción de minerales impuestas por el gobierno y la creencia cultural indígena de que "la tierra es como una madre y que la creación es sagrada. Se nos invita a cuidarla y respetarla y no verlo como un recurso que puede ser vendido o utilizado, no sin antes conversar con la madre tierra, los bosques, las colinas, el agua, con nuestro padre el Sol. No es posible. Somos herederos de una cultura que ve a toda la creación con respeto".





John Cutfeet (al frente-derecha) de la Nación Originaria KI en el norte de Ontario, Canadá, cuya comunidad ha forzado a varias empresas mineras no aprobadas a salir de su territorio, presenta un regalo al Presidente Municipal de Capulálpam de Méndez, Juan Pérez Santiago (izquierda). La pintura muestra una leyenda tradicional de la comunidad de KI, que describe una franja de montañas como un "gigante dormido" acostado sobre el suelo, donde importantes yacimientos de plata fueron encontrados, para mantener alejados a los colonos de la explotación de estos recursos naturales.





En los momentos finales de la reunión una declaración de intenciones se leyó: "El momento en que el gobierno representaba el poder absoluto es cosa del ayer, necesitamos una nueva relación con el gobierno, donde los pueblos indígenas decidan el destino de sus territorios. Frente a la gran amenaza que la industria minera representa para nuestra región mesoamericana, hacemos un llamado a las personas y comunidades de Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, Canadá y México para fortalecer nuestras redes de resistencia y generar una base amplia asociaciones sobre la base de nuestros conocimientos, donde la defensa del territorio es la base de nuestra coordinación". El evento se cerró con la declaración: "Tenemos derecho a decir NO al desarrollo impuesto y para definir nuestras propias formas de producción económica, social, política y cultural".



Vía: The Guardian