viernes, 16 de marzo de 2012

PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES CIVILES EN RELACIÓN AL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, DIRIGENTE DE LA CPUVO



Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 15 de Marzo de 2012



A los medios de comunicación
A la Opinión Pública
A las Autoridades Estatales y Municipales
A la Ciudadanía en General

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y las organizaciones que abajo suscribimos hemos  recibido información por parte de pobladores del municipio de San José del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), que el día de hoy, 15 de Marzo de 2012, fueron emboscados por grupos armados  los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, Oaxaca  entre las 9 y 10 de la noche, cuando se trasladaban a bordo de un automóvil.
De acuerdo con la información recibida,  Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la CPUVO falleció debido a las heridas provocadas por los impactos de bala.

Antecedentes:
Bernardo Vásquez Sánchez y la CPUVO habían alertado a las autoridades estatales y federales desde 2008 sobre posibles enfrentamientos en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, debido a la entrada de la empresa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ya que inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.
En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO  denunciaron  que la empresa minera estaba financiando a grupos armados  en la comunidad con el aval  del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez).
Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.
El 18 de Enero de 2012, fue asesinado el C. Bernardo Méndez Vásquez por orden del presidente municipal de San José del Progreso Alberto Mauro Sánchez, en esta emboscada resultó herida de gravedad  la C. Abigaíl Vásquez Sánchez. Las autoridades estatales nuevamente no se involucraron, por el contrario brindaron su apoyo a los presuntos homicidas criminalizando  nuevamente a los integrantes de la CPUVO.

Ante estos hechos denunciamos:

Repudiamos la actitud pasiva e indolente del gobierno estatal ante el conflicto social y político de San José del Progreso. Hasta el momento no hay castigo para los responsables de la muerte del compañero Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero de 2012.

Exigimos a las autoridades estatales y federales justicia y castigo para  los responsables de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, Asesinado el día 15 de Marzo de 2012.

Denunciamos nuevamente que la empresa minera Cuzcatlán cuenta con grupos armados al interior de la comunidad  y tiene todo el respaldo de las autoridades municipales y  estatales.

Responsabilizamos al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán por los cobardes asesinatos  de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.

Exigimos nuevamente se respete  la demanda principal  de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), concerniente a la salida inmediata de la empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada y por sus actos de corrupción que se han generado  diversos enfrentamientos en la comunidad, terminando lamentablemente con la vida de 2 defensores de derechos humanos.


Exigimos justicia:

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios
Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.
Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.
Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, BARCA A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín  Pro Juárez, Centro Prodh A.C.
Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.

viernes, 2 de marzo de 2012

Mina mexicana no podria trabajar asi en Canada: REMA

A una minera mexicana así no la dejarían trabajar en Canadá: REMA

  • Mineras tóxicas destruyen ambiente y pauperizan riqueza mineral
  • Suelo fértil que se formó en miles de años lo destruyen en semanas
  • La ignorancia mata, la pobreza somete y esclaviza
  • Peligro por la formación de cianuro disociable
  • Suelo de basalto se fractura y los líquidos se filtran
  • Explosiones generan aerosoles y gases tóxicos
  • Deficiente información de geología estructural

“Estoy gratamente impresionado porque el pueblo de Veracruz tiene conciencia, identidad y está luchando por una causa justa. Están defendiendo su territorio, su salud. Mi agradecimiento y respeto al pueblo de Veracruz”, dijo, comentando la resistencia al proyecto minero canadiense Caballo Blanco en Alto Lucero y Actopan, José Luis Valdés, ingeniero en minas y plantas de beneficio, con tres diplomados en derecho ambiental, en edafología (estudio del suelo) y medio ambiente, y en geohidrología (estudio del agua en la tierra, las rocas, el suelo y subsuelo).

José Luis Valdés ha sido trabajador de minas en Guanajuato, y actualmente pertenece a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA, http://www.remamx.org/). Participó en la reunión informativa en el salón social del palacio municipal en Alto Lucero, el 22 de febrero. Ha dejado observaciones técnicas específicas la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que presentó GoldGroup- Minera Cardel a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat). Le preguntamos por aspectos técnicos y nos habló de riesgos que la empresa minimiza o no toma en cuenta.
La postura de José Luis Valdés es que la minería en sí no es mala, pero los métodos altamente tóxicos que están usando en años recientes son destructivos e incluso están desprestigiando a la minería. En entrevista posterior a la reunión informativa, comentó:
La REMA está formada por muchas organizaciones, dijo: “Los compañeros del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en San Luis Potosí (http://faoantimsx.blogspot.com), también tenemos compañeros en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco, Sonora. Tenemos en la mayor parte de la república. Algunos de manera personal, pero la mayor parte estamos integrados a otras organizaciones. En mi caso, en Guanajuato, estamos por el rescate de la dignidad de la minería. Porque la minería por sí misma no es peligrosa, además es necesaria. Pero es muy diferente una empresa que está destruyendo todo nuestro medio ambiente, está pauperizando nuestra riqueza mineral, y observamos para que las minas se trabajen con seguridad y que sea en un desarrollo sustentable, la minería no tiene porque ser tóxica, no tiene porque ser con un impacto ambiental tan devastador como esta situación.”
Por eso se opone a la minería que usa métodos tóxicos: “En la minas de tajo abierto que están llevando a cabo, una profundidad de un suelo vegetal de 25 o 30 centímetros, la naturaleza, en óptimas condiciones tarda cinco mil años en formarla. En la actualidad vemos cómo la están destruyendo con toda la impunidad en semanas.”
El problema, sentenció, es “más serio de lo que nos imaginamos, pero no tenemos que descuidarnos. Nos quieren enemistar, nos quieren enfrentar, lo mismo que pasó cuando Hernán Cortés llegó, por aquí precisamente. Hemos seguido en esa tesitura. Si no entendemos nuestra historia y volvemos a repetir esa actitud, nunca vamos a salir adelante. En México tenemos ingenieros tan o más competentes y capaces que cualquier extranjero. Pero si no creemos en nosotros, si no estamos organizados, pagamos alto el precio.”
Recurrió a su experiencia académica: “Cuando era estudiante estuve en prácticas en Tucson, Arizona, ahí aprendí tres cosas: Son organizados, si nos gusta la pesca, tenemos organizaciones y conseguimos mejores precios en viajes, arreos y todo. Dos: Son tesoneros, cuando se proponen hacer algo de una manera y no le sale, lo hacen de otra hasta que les sale. Tres: Creen en su país, aman a su patria, con todo lo que podamos ver desde otro lado, ellos aman a su patria. Nosotros no nos damos muchas veces a la organización, queremos que las cosas salgan a la primera sin mayor esfuerzo, y, a veces, creemos que la patria es un partido político en el poder. La patria somos nosotros, nuestras familias, nuestras amistades, son nuestros recursos. En El arte de la guerra, Sun Tzu dice: Para ganar la guerra es imprescindible amar a la patria. Si no amamos a nuestro país, quién.”

Y la discusión sobre defectos técnicos de la MIA y sobre el proyecto minero canadiense fue como sigue:

– (Los defensores de Caballo Blanco) mencionan una contingencia en cuanto a un derrame de la solución de cianuro, que dentro del proceso hay una contingencia y hay un derrame. Ciertamente es peligroso por sí mismo, pero el mayor riesgo es el que no han señalado y que se les mostró claramente (en la reunión informativa): Hay un cianuro que se llama “CIANURO WAD”. Por sus siglas en inglés wad significa “weak acid dissociable” (disociable en un ácido débil), esto es que el cianuro se rompe, se ioniza. Entonces queda cianuro libre y es el más peligroso de todos.
Les comentaba: Ustedes mencionan que después de sacar todo el oro y todo lo demás del proceso de cianuración. Ese mineral lo separan ¿y el cianuro que está ahí? Respondieron: “Le ponemos agüita”, y cosas de ese tipo. Al agregarle agua, lo único que están logrando es que se produzca el ácido disociable y hay una contaminación terrible y un peligro de muerte.

– También discutieron sobre la impermeabilidad del basalto que ellos mencionan.

– Esa es otra situación. Donde están las pilas de cianuración, mencionan que están sobre una roca impermeable. Están hablando del basalto. Pero al mismo tiempo mencionan fracturas, entonces… no puede haber algo impermeable que esté roto. Si hay fracturas, no es impermeable entonces. El basalto es una roca ígnea extrusiva, significa que de la parte interna de la tierra salió (como lava ardiente) y enfrió en la superficie. La característica del tipo de roca extrusiva es que se rompe, porque hay un choque térmico y entonces se producen fracturamientos naturales que se llaman diaclasas. Un ejemplo de diaclasas que todos conocemos son los basaltos de San Miguel Regla. Esas formaciones son características de ese tipo de roca. Esa roca no es adecuada para tener un acuífero dentro, porque se le percolan las soluciones y salen por cualquier otro lado.

– Se criticó mucho que la empresa oculta los riesgos…

– Hay varias cuestiones en las que quieren distraer la atención y ocultar el riesgo. Terminaron por aceptar, efectivamente, que se da ya como algo irremediable, que van a pagar sembrando plantas o algo por el estilo en otra área, pero el riesgo está ahí. El riesgo es grande.

– Siempre dicen que tendrán recursos técnicos para cada caso…

– De que afecta, afecta; pero no es sólo el cianuro, sino que se generan aerosoles. Un aerosol son partículas suspendidas en un gas, es decir, toda la polvareda que sale en una detonación. De la operación para la extracción minera se genera una gran cantidad de polvos. Propiamente se llaman aerosoles. Llegan a la respiración y si contienen un nivel alto de sílice, por ejemplo, se produce una enfermedad que se llama silicosis. Ese polvo entra a los pulmones y no sale. Es una enfermedad muy recurrente, principalmente en minas subterráneas, porque hay normalmente una gran cantidad de polvo aunque para barrenar se usen procedimientos con agua. Es un problema muy severo, de una enfermedad inherente a la minería.
En la MIA no se menciona absolutamente nada. Desde luego que sí hay informaciones amplias al respecto. Pero me he fijado, porque yo también llegué a trabajar con extranjeros, y no les interesa la seguridad de nosotros. En alguna ocasión, en una mina subterránea en Guanajuato, les dije que había una parte con riesgo de que se derrumbara. Y el canadiense, que era mi jefe inmediato, me dijo: – A mí no me interesa la seguridad. A mí me interesa el cuele. El cuele es el avance, porque se paga por metro de avance. A partir de ahí dije: – Jamás vuelvo a trabajar para estos extranjeros para nada.
– En lugar de reconocer los riesgos los ocultan…

– (En la reunión informativa) mencionaba un ingeniero de aquí, que se me escapa su nombre, con toda veracidad: No ha ningún proceso industrial en el mundo que no conlleve un riesgo. El más seguro de todos lleva un riesgo, tal vez la posibilidad sea menor, pero el riesgo existe: Me gustaría saber, si en México formamos una empresa minera y nos desplazamos a Canadá, si nos permitirían trabajar a cuatro kilómetros de una planta nuclear por allá. O nos darían tantas facilidades como las están dando aquí.

Pero no solamente le preocupan cuestiones técnicas, sino la división de los pueblos y comunidades: “Otra cosa muy importante, el aspecto técnico es relevante, sin lugar a dudas, pero algo que manejan enormemente es la división: Van y se insertan entre la gente y les dan, como decíamos, las cuentas de vidrio y todo eso, para poderlos dividir. Es de suma importancia señalar (porque no tuve la oportunidad de hacerlo en la reunión informativa) que no somos los enemigos, nuestros enemigos son la desinformación y la pobreza. La ignorancia mata. La pobreza somete y esclaviza. Esos sí son nuestros enemigos. Es por ello que la sociedad civil estamos unidos, porque sabemos de la necesidad de proteger nuestro presente, porque de ahí depende nuestro futuro.”

Luego regresamos a aspectos técnicos que ha observado el ingeniero minero José Luis Valdés:

– Otra deficiencia de la MIA es que no hay suficiente información de geología estructural, es decir de en qué estado se encuentra el tipo de roca que se va a trabajar. Yo puedo tener una roca competente, significa que es una roca que aguanta que se le meta dinamita y no se va a colapsar. Pero ¿qué sucede si por ahí hay fallas, hay fracturas y todo lo demás? En un momento dado, si yo empiezo a trabajar por ahí, puedo provocar un deslizamiento, un derrumbe grande. Entonces, hay mucha información que falta al respecto. No digo que pueda, aunque seguramente van a haber fracturas y fallas, eso es inherente prácticamente a la roca, pero ¿cómo van a trabajar?

– ¿Y los explosivos?…

– Algo adicional, debemos tener la certeza, principalmente al iniciar el escapote, de qué tipo de explosivos se van a manejar. Porque es fácil que se metan explosivos no permitidos y digan, sí la radiación. Es que está ahí Laguna Verde. Es un riesgo muy serio…

– Mencionan el ANFO…

– El Anfo significa “ammonium nitrate / fuel oil”, esto es, nitrato de amonio y aceite, que es el diesel. Si haces una mezcla de nitrato de amonio molido, vamos a decir a un milímetro, un poquito más grueso, y se le mezcla 2.4 o 2.5 de diesel, tienes un agente explosivo, es difícil que detone. Pero su potencia equivale a una dinamita de un 60% que es un explosivo fuerte, muy fuerte y es muy económico, se usa mucho como agente explosivo. Pero se necesita un detonador, un iniciador, que es con un alto explosivo, una emulsión, una gelatina, Tovex probablemente, y eso mismo necesita un detonador por sí mismo. El detonador inicia toda la reacción. La detonación es una reacción química instantánea, eso es lo que rompe instantáneamente la roca. Después viene la expansión de gases, que es lo que los desplaza. La detonación es lo que rompe.
El nitrato de amonio tiene otra particularidad: No tiene resistencia al agua. En lugares donde es húmedo baja considerablemente. Va a tener menor eficiencia en romper la roca, pero a la hora que detona se generan gases más tóxicos. Y lo pueden notar a distancia, porque se ven nubes amarillas. Si la nube está amarilla la detonación fue deficiente, pero la generación de gases tóxicos fue mayor, mucho mayor.

– Se menciona también el peligro al circular estas sustancia peligrosas por carreteras, ¿han habido accidente en México?

– Con los transportes, desconozco casos (en México), claro que en la carretera… 
Yo manejé mucho en carretera. En 15 años en la mina, a lo largo de ese tiempo tuve accidentes y cuasiaccidentes que dije: 

– Hasta aquí llegué. Unos cinco. Pero cuando viajé mucho en carretera a veces tenía cuatro accidentes en un mes. A lo que me refiero, el riesgo es mucho mayor en una carretera, por tanto existe probabilidad alta de que haya un accidente.
(Los técnicos de la mina, en respuesta a objeciones) mencionaban que querían que (el cianuro) lo trajeran prácticamente diluido, pero sería peor. Porque el cianuro se presenta en, como unas almohaditas chiquitas, brickets que le llaman, entonces sería menos riesgoso que fuera así. En esa cantidad, lo otro sería más riesgoso, sería un absurdo.

– ¿La Sedena (secretaría de la Defensa Nacional) debe autorizar los explosivos?

– La Sedena es la que rige, norma el manejo de los explosivos. Tiene que haber dos polvorines: Uno para manejar los altos explosivos, incluyendo en nitrato de amonio, el agente explosivo, mechas, cañuela, y otros materiales, que no son peligrosos por sí mismos en reacción. Pero en otro lado tienen que estar los iniciadores, los detonadores. Debe llenar todos los requisitos, el lugar debe estar bien ventilado, protegido para casos de impactos de balas, que no traspasen. Además, en caso de que hubiese una contingencia, que detonara el almacén, debe estar de tal manera que se disipe, o sea que se rompa, y no se generen proyectiles a otras partes. Pero entonces la Sedena, por ley tiene que pedir un balance mensual y hacer supervisiones constantes.
Hasta aquí las observaciones de un ingeniero. Todos estos aspectos técnicos tienen, cada uno su riesgo, independientemente del riesgo en conjunto de toda la operación. Las deficiencias en la MIA y en el proyecto Caballo Blanco han sido documentadas por expertos independientes que le han comunicado sus objeciones tanto a la Semarnat como al gobierno de Veracruz. 

Por razones técnicas (y jurídicas), como éstas, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, estatal, le ha recomendado a la Semarnat no autorizar la MIA a Caballo Blanco.

miércoles, 29 de febrero de 2012

Detener el saqueo minero en México

Francisco López Barcenas.
La Jornada

El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.

Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: “El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera”. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.

Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos.

Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.

Mineria - Los tentáculos canadienses

“El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.”


Veronica Espinosa . Revista Proceso. Edición 1842 – Febrero 2012

La lucha en defensa del ambiente que ciudadanos y pueblos indígenas libran contra la minería –particularmente la canadiense– no podría tener peor saldo al final de este sexenio: persecución penal y exilio de activistas, desplazamiento de comunidades, devastación ecológica y asesinato de sus líderes.

En contraparte el gobierno federal duplicó en poco más de una década el número de concesiones y terrenos entregados a los consorcios mineros canadienses, que han encontrado en las autoridades mexicanas la mejor comparsa para extender sus dominios, como lo están haciendo en casi toda América Latina.

Un balance de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –elaborado con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de la Secretaría de Economía (SE)– concluye que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se consumó abiertamente la entrega de decenas de concesiones mineras, gracias a las reformas legales que se avalaron en tiempos del PRI con ayuda de los panistas.

La mayoría de esas concesiones han sido entregadas a empresas de Canadá o con representación u oficinas en ese país, debido a las facilidades que a través del TLC y en términos fiscales brinda México para que aquéllas entren y apliquen sus sistemas de minería extractiva de tajo abierto, altamente contaminantes.

Asimismo prevalece la impunidad en el caso de los asesinatos de militantes de la REMA como Mariano Abarca en Chiapas (en 2009) y Bety Cariño en Oaxaca (en 2010) y se irrumpe en regiones sagradas de los pueblos indígenas o en reservas naturales, como ocurre en Real de Catorce en perjuicio de los huicholes. Además hay un detrimento irreversible de las fuentes de agua y se atenta contra las formas de vida de los pobladores de esas regiones (Proceso 1805 y 1831).

Para contrarrestar la desinformación sobre los efectos nocivos de la minería extractiva, organizaciones de varios países latinoamericanos integraron el pasado 29 de enero en Valle de Siria, Honduras, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) con la participación de delegaciones de México, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Estrategias comunes

La REMA surgió en 2008 durante un encuentro de la red civil Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en Temacapulín, Jalisco, donde la resistencia comunal se enfrenta a la imposición del megaproyecto de la presa El Zapotillo. En asamblea celebrada en Guanajuato a fines de 2010, los grupos de la REMA concluyeron que actualmente la minería extractiva es la actividad de mayor impacto social y ambiental negativo, por encima de las represas.

En conversación con Proceso, Gustavo Castro, de la REMA, afirma: “En Chiapas a la minería se le han entregado más de un millón de hectáreas, como parte de los compromisos del gobierno de garantizarles la seguridad en la explotación; no quieren problemas con ejidos o comunidades. Y así va la cosa en Oaxaca, Sonora o Zacatecas”.

Los daños en todos los ámbitos son colosales. “No es lo mismo que hacer una carretera, caso en el que se expropia tierra y los ejidatarios quedan de un lado o del otro. Con la minería les quitan la tierra y el agua y los enferman. Las mineras dejan 1 o 2% de recursos al país y lo demás se lo llevan. Y la explotación de agua y bosques es irreversible”, dice.

Información de la SE revela que sólo en 2007 –primer año de gobierno de Calderón– las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares y se dieron dos mil 424 concesiones, equivalentes a 10% de todas las vigentes hasta ese año.

Por eso “va creciendo y avanzando el movimiento social buscando estrategias comunes, no sólo en México sino en Latinoamérica, contra la minería. Es uno de los proyectos que más está generando reacción comunitaria”, dice Castro.

Centroamérica, afectada

La impunidad de los asesinatos de líderes como Abarca es otra de las causas fundamentales de que se busque una mejor organización. “Hay otro tipo de afectaciones: cárcel a líderes comunitarios, amenazas de muerte, represión. Falta que con los cambios a la Ley de Seguridad se argumente terrorismo”, ironiza Gustavo Castro.

El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.

Hay casos paradigmáticos en la región, que son motivo para que los activistas dirijan sus baterías hacia esa industria, como la contaminación con plomo y las enfermedades de los habitantes del Valle de Siria, en Honduras, donde operó Gold Corp.

En Guatemala la actividad de Minera Marlin ha tocado territorios tradicionales de los pueblos indígenas y hay una recomendación desatendida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa empresa suspenda actividades.

En El Salvador, Pacific Rim incluso demandó al país por una suma multimillonaria debido a la obligada suspensión de actividades… además de que cuatro activistas salvadoreños fueron asesinados.

En México destaca la incursión, con nuevas concesiones mineras, en el territorio sagrado Wirikuta en San Luis Potosí. Antes estaba la lucha ciudadana contra la instalación y operación de la Minera San Xavier (filial de la canadiense New Gold) en Cerro de San Pedro, una zona protegida que ha quedado devastada por el uso de la técnica de tajo abierto.

En este caso se suma la persecución del exgobernador potosino Marcelo de los Santos contra algunos activistas, uno de los cuales, el abogado Enrique Rivera Sierra, se vio obligado a salir del país luego de que en abril de 2006 fue golpeado por “guardias blancas” de la Minera San Xavier y el gobierno, en lugar de atender su denuncia, enderezó una acusación en su contra por sedición.

Es obvio, dice Gustavo Castro, que el interés por la extracción de oro va en aumento por la crisis económica mundial y por la inestabilidad del dólar y del euro. Los inversionistas buscan las mejores garantías para sus capitales “y el oro lo es”.

Los gobiernos otorgan todas las facilidades y se encargan de dar seguridad a las empresas en materia de tenencia de la tierra. “Pero cuando la empresa se va, el gobierno se queda con todo el problema socioambiental, sin recursos y sin agua”, como ya se vio en Honduras y otros países.

El M4 ya trabaja en articular nuevas estrategias para la defensa de los territorios y de los derechos humanos. “Prácticamente hemos hecho de todo y las mineras siguen avanzando, aunque la creatividad de la lucha en la región es increíble”.

Del otro lado, la embajada de Canadá en México distribuye un manual para difundir los beneficios de la minería, con orientación para facilitar la negociación con las comunidades indígenas y campesinas para poder hacer la extracción de minerales. “Es decir”, señala Castro, “también hay una actividad muy fuerte del gobierno canadiense, con apoyo del mexicano”.

En adelante para la REMA y el M4 el reto es “hacer conciencia efectiva del impacto que la minería en México tiene y tendrá si continúa este avance. Hace falta más información”.

Proceso (México)

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Enlaces de interes:

jueves, 16 de febrero de 2012

El engaño de la minería responsable

El caso del Ecuador
Los perversos versos de la minería

El engaño de la minería responsable
Carlos Zorilla

Cuando se trata de venderle al público la idea de que la minería a gran escala no causará mayores impactos ambientales y sociales, los empresarios y funcionarios gubernamentales usan el término  “minería responsable”. Ese  término fue una creación de las agencias de publicidad de las grandes empresas mineras para crear la imagen que la minería moderna y a gran escala es “responsable” fiscal, ambiental, y socialmente, y que es muy distinta a la minería de “antaño” y a la pequeña minería en cuanto a sus impactos sociales y ambientales. Parte del paquete publicitario incluye la idea de que todos los problemas de la minería son estrictamente técnicos, y que se pueden resolver con tecnología de punta.
 
Millones de dólares se han invertido- y se invierten- (videos, spots televisivos, publicidad impresa, foros, etc.), para vender esa falsa imagen y convencer al público que la gran minería no contaminará las aguas, que tributará “responsablemente”, y que no impactará a las comunidades ni al medio ambiente de forma significativa. En el Ecuador la propaganda publicitaria ha sido recogida y difundida por el presidente Rafael Correa quien ha dicho públicamente y en varias ocasiones, cosas como que “con la minería responsable se puede recuperar el 95% de los impactos” (a), y que “seremos los primeros en oponernos a los proyectos mineros que atenten contra el medio ambiente” (b)
 
Sin embargo, como se argumenta y sustenta a continuación, dadas las condiciones políticas, ambientales y geológicas del país, la minería “responsable” y la recuperación del medio ambiente en las proporciones anunciadas son simplemente imposibles.
 
Lamentablemente, el discurso de la minería responsable ha sido adoptado con todo fervor por funcionarios del gobierno y ciertas ONG, y al hacerlo,  ayudan a las empresas a crear un escenario falso de una actividad económica que, por más moderna o técnica que sea, ha sido- y actualmente es- entre las más ambiental y socialmente destructivas  del mundo; y que además es campeona en evitar el pago de impuestos.
 
Por qué la minería “responsable” no es factible en el Ecuador.
 
Cuando uso el término minería responsable en el presente documento, me refiero a la minería “menos impactante”, o menos contaminante, ya que después 17 años de investigación en el tema, no he constatado la existencia de una minería responsable.
 
¿Qué es la minería responsable? Para empezar, acordemos que estamos hablando de la minería a gran escala. A este tipo de minería, en general, es al que el gobierno se refiere cuando habla de minería responsable.  Por otra parte, quienes han participado más activamente en definir lo que es minería responsable son las empresas multinacionales, cuyo único interés real es explotar minerales de la forma más rentable posible, e incluye crear una falsa imagen de los verdaderos impactos  de la gran minería.  En este trabajo publicitario, los gobiernos han participado con un bajo perfil, y más que todo, haciendo eco de lo que le dicen las empresas. Los más afectados por esta industria, las comunidades, pueblos indígenas, gobiernos locales, han sido, al igual que las ONG (con pocas excepciones), los grandes ausentes en la construcción de lo que podría algún día llegar ser minería responsable.
 
La minería a gran escala- y de modo especial la minería a cielo abierto- la cual es la que se pretende llevar a cabo en la mayoría de yacimientos ecuatorianos es la actividad económica más impactante ambientalmente que existe, y la más contaminante (ver a continuación, el texto: La cara tóxica de la minería). Supone realizar un tajo abierto de cientos de metros de profundidad y kilómetros de diámetro que destruye por completo- y de forma permanente- toda la capa vegetal, de no solo el área de la mina en sí, si no, de cientos, o miles de hectáreas alrededor utilizadas para botaderos de desechos sólidos, piscinas de relaves y otras instalaciones sin las cuales las minas no pudieran funcionar.  Muchos de estos impactos se registran también en el caso de la minería subterránea. Al exponer al ambiente metales pesados que están protegidos por el suelo y subsuelo, la acción desencadena procesos de contaminación ambiental que perduran siglos. Al contrario de lo que manifiesta el presidente Correa y las empresas, el ambiente de este tipo de minería jamás se podrá recuperar “en un 95%”, y definitivamente sí atenta contra “el medio ambiente”, y los derechos de la naturaleza; y los impactará contundentemente.
 
Definición de minería responsable. Si es que algún día existiera la minería responsable, ésta respetaría ciertos principios fundamentales, como el derecho de las comunidades y gobiernos locales de decidir sobre  la minería y cualquier otra actividad que represente un riesgo a su bienestar o su futuro sustentable, y que es parte ineludible del derecho a la consulta, o consentimiento previo. Sin el respeto genuino de este derecho, la minería responsable es una farsa.
 
La consulta no tiene sentido a menos que las decisiones de las comunidades sean vinculantes. Conlleva el derecho de éstas (una vez adecuadamente informadas y libre de presiones) de escoger la mejor vía de desarrollo la cual conserve la armonía con el ambiente, proteja su riqueza social y cultural, garantice un medio ambiente equilibrado y libre de contaminación, y que no represente un riesgo de alterar la paz dentro de la comunidad y de sus hogares.
 
Una minería realmente responsable reconocería que, en ciertas situaciones y áreas, la minería no representa el mejor uso del suelo o de emprendimiento económico. Estos sitios deben ser áreas destinadas a otro régimen de desarrollo o de protección.  Por ejemplo:
 
-  Áreas de bosque nublado y páramos que protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua. Recordemos que la minería metálica contamina el agua con metales pesados y degrada el suelo y los bosques. Estos sitios incluyen áreas ricas en aguas subterráneas, o freáticas.
 
-  Donde exista un  excepcional potencial turístico, agropecuario, de producción hidroeléctrica, o riqueza arqueológica. ¿Qué sentido tiene destruir el patrimonio cultural milenario, impactar actividades sustentables, o el  agua, la  tierra, y el clima que le dan vida a miles de campesinos, pueblos ancestrales y pescadores y recolectores de mariscos, para sustentar una industria que dura un par de décadas?
 
- Sitios que albergan especies en peligro de extinción. La minería a gran escala en estos sitios violaría los derechos de la Naturaleza.
 
- Donde exista inaceptables riesgos sísmicos (fallas tectónicas, por ejemplo).
 
- En cualquier lugar donde las condiciones climáticas o hidrológicas, o la composición de la mena (subsuelo mezclado con metales) pueda generar drenaje ácido de minad. El  drenaje ácido de mina introduce metales pesados al ambiente, contamina ríos, quebradas y aguas subterráneas, y contamina por siglos. Dicha contaminación no se limita a las áreas mineras, también puede afectar a comunidades, agricultores o pescadores a cientos de kilómetros de distancia de las minas.
 
Una minería responsable con el ambiente reconocería que antes de iniciar actividades tan ambientalmente impactantes, es absolutamente indispensable contar con datos confiables- y de muchos años de estudio y recopilación- sobre la pluviosidad, hidrografía  y geología, del área a ser intervenida; datos que el Ecuador simplemente, con muy pocas excepciones, no los tiene.
 
Por último, la minería “responsable” es totalmente incompatible en países donde existen funcionarios gubernamentales, o instituciones estatales irresponsables o corruptos.  Si es que algún día existiese la minería “responsable” es indispensable que existan instituciones estatales imparciales y objetivas, las cuales activamente velen por los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza consagrados en la Constitución, antes de proteger los derechos empresariales. No se puede hablar de minería responsable si la gestión minera está a cargo de funcionarios que aprueban Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales tan malos como los elaborados en el país que, además, flagrantemente violan procesos de consultas, tal como se ha venido haciendo en la actualidad. De igual manera se necesitan Cortes justas, una Asamblea independiente, y una función Ejecutiva equilibrada e imparcial.
 
Es este contexto, es realmente lamentable que el Ejecutivo siga apostando por una actividad económica que es tan incompatible con la  historia, las culturas, y la Naturaleza del país, y que erosione, tal como lo viene haciendo, las instituciones democráticas de la nación.
 
El Ecuador no tiene por qué verse obligado a escoger el socavón oscuro que representa el desarrollo minero a gran escala. Si fuéramos un país desértico (como una buena parte de Chile), con pocos  elementos naturales para utilizarlos sustentablemente, tal vez se podría argumentar que las circunstancias nos obligan a emprender la vía del desarrollo minero a gran escala, pero aún en esa situación hay graves problemas ambientales.
 
Pero contamos con tierras productivas, excepcional biodiversidad, riqueza singular de ecosistemas de bosques y páramos,  ríos limpios,  gran potencial turístico, y una riqueza cultural, que nos hace la envidia de muchos.
 
Fuentes: La farsa de la minería responsable
 
 
 
c. Climáticamente, en el Ecuador se hace imposible la minería responsable- o menos contaminante- por que la alta pluviosidad en las áreas mineras donde se encuentra la mayoría de los yacimientos ecuatorianos de cobre, donde llueve entre 3.000 y 4.000 milímetros por año, en promedio. Hay años que llueve más (años del fenómeno la Niña).  En contraste, las condiciones climáticas de la gran mayoría de países que se extraen minerales como el cobre a cielo abierto, son desérticas (Chile), o áridas a semi-áridas (Estados Unidos).  En países albergando condiciones ambientales similares a los del Ecuador: alta pluviosidad, montañoso, bosques tropicales, riesgos sísmicos, etc., (como el proyecto Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea), los impactos ambientales han sido devastadores1.
 
 d. El fenómeno conocido como Drenaje Ácido de Mina (DAM) se da cuando la mena de una mina (subsuelo mezclado con minerales comerciales) contiene azufre y metales pesados, y se expone al aire y el agua.  El azufre al disolverse en el agua la vuelve extremadamente ácida (a veces tan ácida como el líquido de las baterías de vehículos). Al acidificarse, el agua disuelve  los metales pesados de los desechos mineros, y les transporta en las redes hidrográficas aledañas. Hasta que la naturaleza  neutralice el azufre, los desechos siguen produciendo drenaje ácido, un proceso que puede durar siglos, o miles de años.
 
- Carlos Zorrilla. Activista. Co-fundador de la DECOIN, de la Asociación de Caficultores de Intag y de la Red Nacional de Bosques Privados. Residente de la zona de Intag desde 1978. Autodidacta en impactos de la minería a gran escala.
 

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Repudian proyecto minero San Antonio en reunión de información pública.

Publicado por Raymundo Leon Verde 
Febrero 15, 2012
La Paz, BCS, 15 de febrero.- Con una mayoría de ponencias y manifestaciones de los asistentes en contra se llevó a cabo en esta ciudad la reunión pública de información del proyecto San Antonio de la minera La Pitalla, filial de la corporación estadunidense Argonaut, que pretende la explotación de una mina de oro a cielo abierto en el sureste de este municipio, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Tras la presentación de las 52 ponencias registradas, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, órgano de consulta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para facilitar la participación de la sociedad civil en la política ambiental, núcleo Baja California Sur, recomendó a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (Dgira), no autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero.

Francisco Javier Guzmán Roa, presidente del organismo, señaló que de acuerdo al análisis de la MIA existen inconsistencias y falta de información en el contenido de los capítulos, por lo que sugirió a la Dgira y a la propia Semarnat que el documento sea ampliado para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación.

El Consejo Consultivo pidió, asimismo, que se solicite a la minera La Pitalla que dentro de la MIA se incluya un capítulo específico que aclare y defina cómo está vinculado el proyecto como en programa del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz porque en éste las unidades de gestión ambiental no contemplan la actividad minera.

La reunión se desarrolló en el hotel Gran Plaza de esta ciudad, donde se tuvo que cambiar el salón programado porque la asistencia rebasó las expectativas de los organizadores.

La empresa acarreó a unos doscientos supuestos pobladores de la comunidad de San Antonio, lugar cercano a la mina proyectada, a los que vistió con camisetas de respaldo y pagó la comida en el restaurante del hotel que fue reservado en su totalidad.

Sus manifestaciones de apoyo, sin embargo, fueron silenciadas por una abrumadora mayoría de opositores al proyecto que con pancartas, gritos, abucheos y hasta mentadas de madre repudiaron a los representantes de la minera, por lo que el titular de transparencia y acceso a la información de la Semarnat, Mateo Castillo Ceja, coordinador de la reunión, en varias ocasiones amenazó con suspender el encuentro por falta de condiciones adecuadas.

El Consejo Consultivo, en su análisis de la MIA, consideró que el proyecto San Antonio no demuestra en forma suficiente que el acuífero no se afectará y existe poca información respecto el tratamiento de las aguas residuales.

Señaló que la minera propone un fondo de 4.6 millones de dólares para labores de restauración en los cuatro años siguientes al cierre de la mina, pero no expone los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las medidas de mitigación a largo plazo ni tampoco en caso de un accidente ambiental o abandono del proyecto.

Advirtió que la MIA no explora la concatenación entre el proyecto San Antonio y las actividades económicas, consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad como el turismo y la agricultura.

En la MIA no hay información con respecto al comportamiento estacional de la flora y fauna del área del proyecto; no presenta evidencias de éxito en el trasplante de especies vegetales; no hace mención a la preservación del hábitat para la fauna que se localiza en el predio; no presenta un estudio que demuestre la afectación que habrá en el ecosistema; ni hace referencia a la ubicación de los corredores biológicos que se verán afectados.

Puntualizó que el documento además tendrá que demostrar que cumple con leyes y reglamentos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

En el evento fue notoria la ausencia de los legisladores federales y estatales, responsables de la regulación en materia minera, mientras mezclado entre el público el director de la minera Concordia, Héctor Araya, observó el repudio de estudiantes, profesores y ambientalistas contra la minera La Pitalla.

Las organizaciones civiles Medio Ambiente y Sociedad, Niparajá, Cemda e investigadores del Cibnor, Cicimar y la Universidad Autónoma de Baja California Sur coincidieron en señalar que el proyecto no es viable debido a que afectaría el paisaje, el ecosistema, contaminaría los acuíferos de la zona y no cumple con las leyes y reglamentos en materia ambiental federales y locales.

La reunión concluyó con airados gritos de “fuera, fuera, fuera” hacia los empresarios de La Pitalla que se vieron obligados a salir por una puerta lateral del salón que fue resguardada por elementos de seguridad a fin de que los opositores al proyecto no los siguieran.
Castillo Ceja informó, al final, que la reunión no fue suspendida por falta de garantías de seguridad, sino porque terminó el tiempo programado en la convocatoria (18:00 horas), de manera que las respuestas que faltaron a las 42 preguntas pendientes serían contestadas por los promoventes por correo electrónico.

El director de la minera Pitalla, Jorge Alberto Díaz Avalos, en su oportunidad, informó que el proyecto consiste en la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de 756 hectáreas, ubicado en la cuenca de Los Planes, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Explicó que en 2007 se iniciaron los trabajos de exploración en la zona, en la que se detectaron 1.6 millones de onzas de oro contenida en 38 millones de toneladas de roca.

Puntualizó que en 2011 llevaron a cabo labores de caracterización de sitios para entender el entorno, por lo que el 15 de diciembre presentaron ante las autoridades ambientales la Manifestación de Impacto Ambiental.

La Pitalla obtuvo 15 concesiones del gobierno federal con una superficie de 46 mil 328 hectáreas con vigencia de 50 años para la extracción de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz, pero el proyecto San Antonio se limita a 756 hectáreas.

Según lo ambientalistas, de aprobarse este proyecto abriría la puerta para que en el futuro pudieran ser explotados otros predios dentro de las mismas concesiones, todo a cambio del pago de 5 pesos por hectárea y la destrucción del entorno.

viernes, 10 de febrero de 2012

Declaración de Wirikuta.





San Luis Potosí, Real de Catorce “Wirikuta” a 7 de febrero 2012


Los hermanos y hermanas provenientes de los Estados de Durango, Jalisco y Nayarit de los centros ceremoniales y comunidades siguientes: Santa Catarina, Pochotita, Las Latas, San Sebastían, San Andrés Cohamiata, Ocota de la Sierra, Tuxpán de Bolaños, las Guayabas, Cohamiata, El Ciruelillo, Guadalupe Ocotán, El Nayar, Tepic, Zitakua, Cerro de los Tigres, San José, Santiago Ixcuintla, Mesa Nuevo Valey, Bancos de Calitique, Bancos de San Hipólito, Puerto de Guamuchil, Mezquital Durango, reunidos el día de hoy hacemos el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritari, y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general.

PRIMERO.  Que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros, los hemos seguido caminado por la ruta de los cuatro puntos cardinales; es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia de la vida.

SEGUNDO. Que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestros camino hacia el respeto de la diversidad cultural.

TERCERO. Reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo.

CUARTO. Los sitios sagrados para el pueblo Wixárika son escuelas de formación espiritual por ello en el momento que se realizan proyectos que causan daño en nuestro entorno ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser.

QUINTO. Declaremos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana por que el camino espiritual está guiada por el mismo color del maíz del venado y del jícuri.

SEXTO. Que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado Wirikuta, de las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral.

SEPTIMO. Ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Wirikuta, ya que nuestra lucha espiritual, no es contra su bienestar familiar y económico ya que nuestra causa es por la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra.

OCTAVO. Exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa informada y consensada en los pueblos.

NOVENO. Nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, ONGs internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final.

DÉCIMO. Por último hacemos saber a la opinión pública que el pueblo Wixárika se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra.

  

Firma y sellan las autoridades comunales y locales.

Juan Torres González, Presidente comisariado Tuapurie-Santa Catarina

Fermín Muñoz Carrillo, Gobernador Tradicional Comunidad Mesa de Nuevo Valey

Felipe Serio Chino, Unión Wixárika

Santos de la Cruz Carrillo, Presidente Bienes Comunales autónomo de Bancos de San Hipólito, Mezquital, Durango

Totopica Robles Tela, Presidente de cultura, Tuapurie-Santa Catarina, Mezquitic, Jalisco.

Alejandro Carrillo Enriquez, Consejo de Vigilancia de la Comunidad de Santa Catarina de Cuexcomatitlán

Pascual Pinedo Hernández Gobernador de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán

Marcos Torres Robles. Juez auxiliar de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán

FORO INFORMATIVO EN XALAPA.

FORO INFORMATIVO: SÁBADO 11 DE fEBRERO DE 12 A 17 HORAS





martes, 31 de enero de 2012

Firma en Apoyo: No a la mina Caballo Blanco en Veracruz.

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Contaminación y #minería.

Queridos amigos:

En los últimos tiempos, numerosas comunidades han expresado su preocupación ante grandes proyectos mineros, que podrían afectar sus condiciones sanitarias y ambientales. Las mayores objeciones van contra la  minería a cielo abierto que utiliza procesos de lixiviación con cianuro.

El cianuro tiene una merecida mala prensa, y los méritos suficientes como para ser el malo de la película, como recordarán los lectores de Agatha Christie, en una de cuyas novelas a alguien le echan cianuro en el champagne.

Los especialistas dicen que es posible tenerlo bajo control, como hacen en muchas otras industrias, que no tienen una imagen pública tan desfavorable como la gran minería. Los posibles afectados no les creen y piensan que hay intereses económicos detrás de esa excesiva confianza.

¿Cómo pensamos este conflicto?

Tal vez nos ayude ubicar los problemas en el territorio en el que ocurren. En Argentina, los grandes proyectos mineros se localizan en zonas que son, a la vez, semiáridas y sísmicas.

Zonas semiáridas: Los grandes proyectos mineros consumen agua en cantidades difícilmente imaginables. Las leyes vigentes ordenan que antes de cada proyecto se realicen estudios que procuran estimar el daño que ese proyecto haría al ambiente y la forma de evitarlo o paliarlo. Como siempre, la trampa se hace casi antes que la ley y las empresas entregan estudios incompletos.

Habitualmente, los estudios de impacto ambiental que entregan las empresas mineras no hacen un balance de la disponibilidad de agua para el conjunto de actividades de la zona. En nuestras zonas andinas, el agua no sobra. La que hay se utiliza toda, a punto tal que Mendoza se niega a soltar agua para las actividades productivas de la Provincia de La Pampa. Está claro que para hacer gran minería allí hay que dejar de hacer otra cosa, tal vez dejar secar los viñedos o abandonar las ciudades. Por eso Mendoza tiene una ley que prohíbe la gran minería con cianuro[i]. No por extremismo ecológico sino por simple sentido común.

Agreguemos que el cambio climático está haciendo que cada vez nieve menos en la cordillera, en una zona en la que los ríos son de deshielo. Y que algunos proyectos (como Famatina y Pascua Lama), no sólo consumirán grandes cantidades de agua donde es escasa, sino que pueden poner en riesgo los mismos glaciares de la que surge.

Zonas sísmicas: Cualquier estudiante de economía podría preguntarse cómo hacen las mineras para generar grandes ganancias, teniendo en cuenta el costo de remover y tratar miles de toneladas de roca para obtener una pequeña cantidad de los minerales buscados.

La respuesta es que, a diferencia de otras actividades industriales, la gran minería no hace una gestión integral de sus residuos peligrosos: simplemente los acumula. El secreto de la rentabilidad es ése: dejar los residuos peligrosos sin tratamiento. Lo que hacen es construir los llamados diques de colas, que son reservorios de millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro, arsénico, plomo y demás metales pesados. Estos residuos peligrosos pueden filtrar al subsuelo y desbordar en los ríos y arroyos. Una vez terminada la explotación quedan abandonados. Se supone que la empresa tiene responsabilidad sobre ellos, pero si es una corporación del exterior, no será sencillo obligarla a hacerse cargo si hay problemas.

¿Durante cuánto tiempo permanecen peligrosos esos residuos? Como son metales pesados, serán peligrosos mientras exista vida sobre la Tierra.

Las empresas alegan que se trata de estructuras antisísmicas. Sin embargo, el reciente terremoto y tsunami de Japón de mostró que, ante los hechos, no todas las estructuras calificadas como antisísmicas resisten un terremoto.

De modo que hay riesgo de dispersión de contaminantes que afecten la cada vez más escasa agua usada por los valles cordilleranos, y esos riesgos no desaparecen con el final de la explotación cuando se agoten los minerales, sino que permanecen latentes para siempre.

En algún momento del debate se prometió que las autoridades nacionales y provinciales controlarán que las empresas actúen con la misma tecnología y las mismas precauciones ambientales que en el llamado Primer Mundo. Para ver en qué consisten esas precauciones, les acerco las fotografías de dos casos de rotura de diques de colas y extrema negligencia empresaria, ambos en países europeos:

1 - Rotura de la presa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), el 25 de abril de 1998, y

2 – Derrame tóxico en una mina de bauxita, en Hungría, el 5 de octubre de 2010.

En ambos casos, las empresas habían jurado que las instalaciones eran seguras y las autoridades de ambos países dijeron lo mismo. Y en ambos casos, las empresas se negaqron a hacerse cargo de su responsabilidad económica en los daños y la remediación. Los gastos estuvieron a cargo e los respectivos Estados. Los juicios, por cantidades inimaginables de millones de euros, continúan.

En esta entrega ustedes reciben:

·       Un informe fotográfico de ambos desastres ambientales, para que puedan evaluar qué representa la rotura de un dique de colas para los vecinos afectados. Pueden bajarlo de aquí:


Por el programa en que está presentado (Adobe Reader), la mejor manera de verlo es en Pantalla Completa (en inglés Full Screen) y avanzando con las flechitas del teclado.

·  El recordatorio de mi libro "Historia Ecológica de Iberoamérica" y el contacto con el editor para quienes estén interesados en él.
·       La obra de arte que acompaña esta entrega es “Entrada a la mina”, un mural del mexicano Diego Rivera, pintado en 1923. Pertenece al ciclo "Visión política del pueblo mexicano", y muestra las condiciones sociales de esta actividad en ese momento. Noten que algunos de los trabajadores llevan casco y otros un simple sombrero. No se ven botas de seguridad y en algunos casos, adivinamos que calzan huaraches, una especie de alpargata de fabricación casera.

Un gran abrazo a todos.

Antonio Elio Brailovsky