“El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.”
Veronica Espinosa . Revista Proceso. Edición 1842 – Febrero 2012
La lucha en defensa del ambiente que ciudadanos y pueblos indígenas libran contra la minería –particularmente la canadiense– no podría tener peor saldo al final de este sexenio: persecución penal y exilio de activistas, desplazamiento de comunidades, devastación ecológica y asesinato de sus líderes.
En contraparte el gobierno federal duplicó en poco más de una década el número de concesiones y terrenos entregados a los consorcios mineros canadienses, que han encontrado en las autoridades mexicanas la mejor comparsa para extender sus dominios, como lo están haciendo en casi toda América Latina.
Un balance de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –elaborado con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de la Secretaría de Economía (SE)– concluye que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se consumó abiertamente la entrega de decenas de concesiones mineras, gracias a las reformas legales que se avalaron en tiempos del PRI con ayuda de los panistas.
La mayoría de esas concesiones han sido entregadas a empresas de Canadá o con representación u oficinas en ese país, debido a las facilidades que a través del TLC y en términos fiscales brinda México para que aquéllas entren y apliquen sus sistemas de minería extractiva de tajo abierto, altamente contaminantes.
Asimismo prevalece la impunidad en el caso de los asesinatos de militantes de la REMA como Mariano Abarca en Chiapas (en 2009) y Bety Cariño en Oaxaca (en 2010) y se irrumpe en regiones sagradas de los pueblos indígenas o en reservas naturales, como ocurre en Real de Catorce en perjuicio de los huicholes. Además hay un detrimento irreversible de las fuentes de agua y se atenta contra las formas de vida de los pobladores de esas regiones (Proceso 1805 y 1831).
Para contrarrestar la desinformación sobre los efectos nocivos de la minería extractiva, organizaciones de varios países latinoamericanos integraron el pasado 29 de enero en Valle de Siria, Honduras, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) con la participación de delegaciones de México, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.
Estrategias comunes
La REMA surgió en 2008 durante un encuentro de la red civil Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en Temacapulín, Jalisco, donde la resistencia comunal se enfrenta a la imposición del megaproyecto de la presa El Zapotillo. En asamblea celebrada en Guanajuato a fines de 2010, los grupos de la REMA concluyeron que actualmente la minería extractiva es la actividad de mayor impacto social y ambiental negativo, por encima de las represas.
En conversación con Proceso, Gustavo Castro, de la REMA, afirma: “En Chiapas a la minería se le han entregado más de un millón de hectáreas, como parte de los compromisos del gobierno de garantizarles la seguridad en la explotación; no quieren problemas con ejidos o comunidades. Y así va la cosa en Oaxaca, Sonora o Zacatecas”.
Los daños en todos los ámbitos son colosales. “No es lo mismo que hacer una carretera, caso en el que se expropia tierra y los ejidatarios quedan de un lado o del otro. Con la minería les quitan la tierra y el agua y los enferman. Las mineras dejan 1 o 2% de recursos al país y lo demás se lo llevan. Y la explotación de agua y bosques es irreversible”, dice.
Información de la SE revela que sólo en 2007 –primer año de gobierno de Calderón– las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares y se dieron dos mil 424 concesiones, equivalentes a 10% de todas las vigentes hasta ese año.
Por eso “va creciendo y avanzando el movimiento social buscando estrategias comunes, no sólo en México sino en Latinoamérica, contra la minería. Es uno de los proyectos que más está generando reacción comunitaria”, dice Castro.
Centroamérica, afectada
La impunidad de los asesinatos de líderes como Abarca es otra de las causas fundamentales de que se busque una mejor organización. “Hay otro tipo de afectaciones: cárcel a líderes comunitarios, amenazas de muerte, represión. Falta que con los cambios a la Ley de Seguridad se argumente terrorismo”, ironiza Gustavo Castro.
El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.
Hay casos paradigmáticos en la región, que son motivo para que los activistas dirijan sus baterías hacia esa industria, como la contaminación con plomo y las enfermedades de los habitantes del Valle de Siria, en Honduras, donde operó Gold Corp.
En Guatemala la actividad de Minera Marlin ha tocado territorios tradicionales de los pueblos indígenas y hay una recomendación desatendida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa empresa suspenda actividades.
En El Salvador, Pacific Rim incluso demandó al país por una suma multimillonaria debido a la obligada suspensión de actividades… además de que cuatro activistas salvadoreños fueron asesinados.
En México destaca la incursión, con nuevas concesiones mineras, en el territorio sagrado Wirikuta en San Luis Potosí. Antes estaba la lucha ciudadana contra la instalación y operación de la Minera San Xavier (filial de la canadiense New Gold) en Cerro de San Pedro, una zona protegida que ha quedado devastada por el uso de la técnica de tajo abierto.
En este caso se suma la persecución del exgobernador potosino Marcelo de los Santos contra algunos activistas, uno de los cuales, el abogado Enrique Rivera Sierra, se vio obligado a salir del país luego de que en abril de 2006 fue golpeado por “guardias blancas” de la Minera San Xavier y el gobierno, en lugar de atender su denuncia, enderezó una acusación en su contra por sedición.
Es obvio, dice Gustavo Castro, que el interés por la extracción de oro va en aumento por la crisis económica mundial y por la inestabilidad del dólar y del euro. Los inversionistas buscan las mejores garantías para sus capitales “y el oro lo es”.
Los gobiernos otorgan todas las facilidades y se encargan de dar seguridad a las empresas en materia de tenencia de la tierra. “Pero cuando la empresa se va, el gobierno se queda con todo el problema socioambiental, sin recursos y sin agua”, como ya se vio en Honduras y otros países.
El M4 ya trabaja en articular nuevas estrategias para la defensa de los territorios y de los derechos humanos. “Prácticamente hemos hecho de todo y las mineras siguen avanzando, aunque la creatividad de la lucha en la región es increíble”.
Del otro lado, la embajada de Canadá en México distribuye un manual para difundir los beneficios de la minería, con orientación para facilitar la negociación con las comunidades indígenas y campesinas para poder hacer la extracción de minerales. “Es decir”, señala Castro, “también hay una actividad muy fuerte del gobierno canadiense, con apoyo del mexicano”.
En adelante para la REMA y el M4 el reto es “hacer conciencia efectiva del impacto que la minería en México tiene y tendrá si continúa este avance. Hace falta más información”.
Proceso (México)
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