miércoles, 29 de febrero de 2012

Detener el saqueo minero en México

Francisco López Barcenas.
La Jornada

El saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.

Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: “El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera”. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.

Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos.

Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país.

Mineria - Los tentáculos canadienses

“El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.”


Veronica Espinosa . Revista Proceso. Edición 1842 – Febrero 2012

La lucha en defensa del ambiente que ciudadanos y pueblos indígenas libran contra la minería –particularmente la canadiense– no podría tener peor saldo al final de este sexenio: persecución penal y exilio de activistas, desplazamiento de comunidades, devastación ecológica y asesinato de sus líderes.

En contraparte el gobierno federal duplicó en poco más de una década el número de concesiones y terrenos entregados a los consorcios mineros canadienses, que han encontrado en las autoridades mexicanas la mejor comparsa para extender sus dominios, como lo están haciendo en casi toda América Latina.

Un balance de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –elaborado con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de la Secretaría de Economía (SE)– concluye que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón se consumó abiertamente la entrega de decenas de concesiones mineras, gracias a las reformas legales que se avalaron en tiempos del PRI con ayuda de los panistas.

La mayoría de esas concesiones han sido entregadas a empresas de Canadá o con representación u oficinas en ese país, debido a las facilidades que a través del TLC y en términos fiscales brinda México para que aquéllas entren y apliquen sus sistemas de minería extractiva de tajo abierto, altamente contaminantes.

Asimismo prevalece la impunidad en el caso de los asesinatos de militantes de la REMA como Mariano Abarca en Chiapas (en 2009) y Bety Cariño en Oaxaca (en 2010) y se irrumpe en regiones sagradas de los pueblos indígenas o en reservas naturales, como ocurre en Real de Catorce en perjuicio de los huicholes. Además hay un detrimento irreversible de las fuentes de agua y se atenta contra las formas de vida de los pobladores de esas regiones (Proceso 1805 y 1831).

Para contrarrestar la desinformación sobre los efectos nocivos de la minería extractiva, organizaciones de varios países latinoamericanos integraron el pasado 29 de enero en Valle de Siria, Honduras, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) con la participación de delegaciones de México, Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

Estrategias comunes

La REMA surgió en 2008 durante un encuentro de la red civil Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, en Temacapulín, Jalisco, donde la resistencia comunal se enfrenta a la imposición del megaproyecto de la presa El Zapotillo. En asamblea celebrada en Guanajuato a fines de 2010, los grupos de la REMA concluyeron que actualmente la minería extractiva es la actividad de mayor impacto social y ambiental negativo, por encima de las represas.

En conversación con Proceso, Gustavo Castro, de la REMA, afirma: “En Chiapas a la minería se le han entregado más de un millón de hectáreas, como parte de los compromisos del gobierno de garantizarles la seguridad en la explotación; no quieren problemas con ejidos o comunidades. Y así va la cosa en Oaxaca, Sonora o Zacatecas”.

Los daños en todos los ámbitos son colosales. “No es lo mismo que hacer una carretera, caso en el que se expropia tierra y los ejidatarios quedan de un lado o del otro. Con la minería les quitan la tierra y el agua y los enferman. Las mineras dejan 1 o 2% de recursos al país y lo demás se lo llevan. Y la explotación de agua y bosques es irreversible”, dice.

Información de la SE revela que sólo en 2007 –primer año de gobierno de Calderón– las exportaciones mineras ascendieron a 8 mil 752 millones de dólares y se dieron dos mil 424 concesiones, equivalentes a 10% de todas las vigentes hasta ese año.

Por eso “va creciendo y avanzando el movimiento social buscando estrategias comunes, no sólo en México sino en Latinoamérica, contra la minería. Es uno de los proyectos que más está generando reacción comunitaria”, dice Castro.

Centroamérica, afectada

La impunidad de los asesinatos de líderes como Abarca es otra de las causas fundamentales de que se busque una mejor organización. “Hay otro tipo de afectaciones: cárcel a líderes comunitarios, amenazas de muerte, represión. Falta que con los cambios a la Ley de Seguridad se argumente terrorismo”, ironiza Gustavo Castro.

El M4, detalla, nace de las grandes afectaciones de las mineras extractivas canadienses o con oficinas en ese país, que son 70% de las que operan en estos países mesoamericanos.

Hay casos paradigmáticos en la región, que son motivo para que los activistas dirijan sus baterías hacia esa industria, como la contaminación con plomo y las enfermedades de los habitantes del Valle de Siria, en Honduras, donde operó Gold Corp.

En Guatemala la actividad de Minera Marlin ha tocado territorios tradicionales de los pueblos indígenas y hay una recomendación desatendida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa empresa suspenda actividades.

En El Salvador, Pacific Rim incluso demandó al país por una suma multimillonaria debido a la obligada suspensión de actividades… además de que cuatro activistas salvadoreños fueron asesinados.

En México destaca la incursión, con nuevas concesiones mineras, en el territorio sagrado Wirikuta en San Luis Potosí. Antes estaba la lucha ciudadana contra la instalación y operación de la Minera San Xavier (filial de la canadiense New Gold) en Cerro de San Pedro, una zona protegida que ha quedado devastada por el uso de la técnica de tajo abierto.

En este caso se suma la persecución del exgobernador potosino Marcelo de los Santos contra algunos activistas, uno de los cuales, el abogado Enrique Rivera Sierra, se vio obligado a salir del país luego de que en abril de 2006 fue golpeado por “guardias blancas” de la Minera San Xavier y el gobierno, en lugar de atender su denuncia, enderezó una acusación en su contra por sedición.

Es obvio, dice Gustavo Castro, que el interés por la extracción de oro va en aumento por la crisis económica mundial y por la inestabilidad del dólar y del euro. Los inversionistas buscan las mejores garantías para sus capitales “y el oro lo es”.

Los gobiernos otorgan todas las facilidades y se encargan de dar seguridad a las empresas en materia de tenencia de la tierra. “Pero cuando la empresa se va, el gobierno se queda con todo el problema socioambiental, sin recursos y sin agua”, como ya se vio en Honduras y otros países.

El M4 ya trabaja en articular nuevas estrategias para la defensa de los territorios y de los derechos humanos. “Prácticamente hemos hecho de todo y las mineras siguen avanzando, aunque la creatividad de la lucha en la región es increíble”.

Del otro lado, la embajada de Canadá en México distribuye un manual para difundir los beneficios de la minería, con orientación para facilitar la negociación con las comunidades indígenas y campesinas para poder hacer la extracción de minerales. “Es decir”, señala Castro, “también hay una actividad muy fuerte del gobierno canadiense, con apoyo del mexicano”.

En adelante para la REMA y el M4 el reto es “hacer conciencia efectiva del impacto que la minería en México tiene y tendrá si continúa este avance. Hace falta más información”.

Proceso (México)

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Enlaces de interes:

jueves, 16 de febrero de 2012

El engaño de la minería responsable

El caso del Ecuador
Los perversos versos de la minería

El engaño de la minería responsable
Carlos Zorilla

Cuando se trata de venderle al público la idea de que la minería a gran escala no causará mayores impactos ambientales y sociales, los empresarios y funcionarios gubernamentales usan el término  “minería responsable”. Ese  término fue una creación de las agencias de publicidad de las grandes empresas mineras para crear la imagen que la minería moderna y a gran escala es “responsable” fiscal, ambiental, y socialmente, y que es muy distinta a la minería de “antaño” y a la pequeña minería en cuanto a sus impactos sociales y ambientales. Parte del paquete publicitario incluye la idea de que todos los problemas de la minería son estrictamente técnicos, y que se pueden resolver con tecnología de punta.
 
Millones de dólares se han invertido- y se invierten- (videos, spots televisivos, publicidad impresa, foros, etc.), para vender esa falsa imagen y convencer al público que la gran minería no contaminará las aguas, que tributará “responsablemente”, y que no impactará a las comunidades ni al medio ambiente de forma significativa. En el Ecuador la propaganda publicitaria ha sido recogida y difundida por el presidente Rafael Correa quien ha dicho públicamente y en varias ocasiones, cosas como que “con la minería responsable se puede recuperar el 95% de los impactos” (a), y que “seremos los primeros en oponernos a los proyectos mineros que atenten contra el medio ambiente” (b)
 
Sin embargo, como se argumenta y sustenta a continuación, dadas las condiciones políticas, ambientales y geológicas del país, la minería “responsable” y la recuperación del medio ambiente en las proporciones anunciadas son simplemente imposibles.
 
Lamentablemente, el discurso de la minería responsable ha sido adoptado con todo fervor por funcionarios del gobierno y ciertas ONG, y al hacerlo,  ayudan a las empresas a crear un escenario falso de una actividad económica que, por más moderna o técnica que sea, ha sido- y actualmente es- entre las más ambiental y socialmente destructivas  del mundo; y que además es campeona en evitar el pago de impuestos.
 
Por qué la minería “responsable” no es factible en el Ecuador.
 
Cuando uso el término minería responsable en el presente documento, me refiero a la minería “menos impactante”, o menos contaminante, ya que después 17 años de investigación en el tema, no he constatado la existencia de una minería responsable.
 
¿Qué es la minería responsable? Para empezar, acordemos que estamos hablando de la minería a gran escala. A este tipo de minería, en general, es al que el gobierno se refiere cuando habla de minería responsable.  Por otra parte, quienes han participado más activamente en definir lo que es minería responsable son las empresas multinacionales, cuyo único interés real es explotar minerales de la forma más rentable posible, e incluye crear una falsa imagen de los verdaderos impactos  de la gran minería.  En este trabajo publicitario, los gobiernos han participado con un bajo perfil, y más que todo, haciendo eco de lo que le dicen las empresas. Los más afectados por esta industria, las comunidades, pueblos indígenas, gobiernos locales, han sido, al igual que las ONG (con pocas excepciones), los grandes ausentes en la construcción de lo que podría algún día llegar ser minería responsable.
 
La minería a gran escala- y de modo especial la minería a cielo abierto- la cual es la que se pretende llevar a cabo en la mayoría de yacimientos ecuatorianos es la actividad económica más impactante ambientalmente que existe, y la más contaminante (ver a continuación, el texto: La cara tóxica de la minería). Supone realizar un tajo abierto de cientos de metros de profundidad y kilómetros de diámetro que destruye por completo- y de forma permanente- toda la capa vegetal, de no solo el área de la mina en sí, si no, de cientos, o miles de hectáreas alrededor utilizadas para botaderos de desechos sólidos, piscinas de relaves y otras instalaciones sin las cuales las minas no pudieran funcionar.  Muchos de estos impactos se registran también en el caso de la minería subterránea. Al exponer al ambiente metales pesados que están protegidos por el suelo y subsuelo, la acción desencadena procesos de contaminación ambiental que perduran siglos. Al contrario de lo que manifiesta el presidente Correa y las empresas, el ambiente de este tipo de minería jamás se podrá recuperar “en un 95%”, y definitivamente sí atenta contra “el medio ambiente”, y los derechos de la naturaleza; y los impactará contundentemente.
 
Definición de minería responsable. Si es que algún día existiera la minería responsable, ésta respetaría ciertos principios fundamentales, como el derecho de las comunidades y gobiernos locales de decidir sobre  la minería y cualquier otra actividad que represente un riesgo a su bienestar o su futuro sustentable, y que es parte ineludible del derecho a la consulta, o consentimiento previo. Sin el respeto genuino de este derecho, la minería responsable es una farsa.
 
La consulta no tiene sentido a menos que las decisiones de las comunidades sean vinculantes. Conlleva el derecho de éstas (una vez adecuadamente informadas y libre de presiones) de escoger la mejor vía de desarrollo la cual conserve la armonía con el ambiente, proteja su riqueza social y cultural, garantice un medio ambiente equilibrado y libre de contaminación, y que no represente un riesgo de alterar la paz dentro de la comunidad y de sus hogares.
 
Una minería realmente responsable reconocería que, en ciertas situaciones y áreas, la minería no representa el mejor uso del suelo o de emprendimiento económico. Estos sitios deben ser áreas destinadas a otro régimen de desarrollo o de protección.  Por ejemplo:
 
-  Áreas de bosque nublado y páramos que protegen las cuencas hidrográficas y almacenan agua. Recordemos que la minería metálica contamina el agua con metales pesados y degrada el suelo y los bosques. Estos sitios incluyen áreas ricas en aguas subterráneas, o freáticas.
 
-  Donde exista un  excepcional potencial turístico, agropecuario, de producción hidroeléctrica, o riqueza arqueológica. ¿Qué sentido tiene destruir el patrimonio cultural milenario, impactar actividades sustentables, o el  agua, la  tierra, y el clima que le dan vida a miles de campesinos, pueblos ancestrales y pescadores y recolectores de mariscos, para sustentar una industria que dura un par de décadas?
 
- Sitios que albergan especies en peligro de extinción. La minería a gran escala en estos sitios violaría los derechos de la Naturaleza.
 
- Donde exista inaceptables riesgos sísmicos (fallas tectónicas, por ejemplo).
 
- En cualquier lugar donde las condiciones climáticas o hidrológicas, o la composición de la mena (subsuelo mezclado con metales) pueda generar drenaje ácido de minad. El  drenaje ácido de mina introduce metales pesados al ambiente, contamina ríos, quebradas y aguas subterráneas, y contamina por siglos. Dicha contaminación no se limita a las áreas mineras, también puede afectar a comunidades, agricultores o pescadores a cientos de kilómetros de distancia de las minas.
 
Una minería responsable con el ambiente reconocería que antes de iniciar actividades tan ambientalmente impactantes, es absolutamente indispensable contar con datos confiables- y de muchos años de estudio y recopilación- sobre la pluviosidad, hidrografía  y geología, del área a ser intervenida; datos que el Ecuador simplemente, con muy pocas excepciones, no los tiene.
 
Por último, la minería “responsable” es totalmente incompatible en países donde existen funcionarios gubernamentales, o instituciones estatales irresponsables o corruptos.  Si es que algún día existiese la minería “responsable” es indispensable que existan instituciones estatales imparciales y objetivas, las cuales activamente velen por los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza consagrados en la Constitución, antes de proteger los derechos empresariales. No se puede hablar de minería responsable si la gestión minera está a cargo de funcionarios que aprueban Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales tan malos como los elaborados en el país que, además, flagrantemente violan procesos de consultas, tal como se ha venido haciendo en la actualidad. De igual manera se necesitan Cortes justas, una Asamblea independiente, y una función Ejecutiva equilibrada e imparcial.
 
Es este contexto, es realmente lamentable que el Ejecutivo siga apostando por una actividad económica que es tan incompatible con la  historia, las culturas, y la Naturaleza del país, y que erosione, tal como lo viene haciendo, las instituciones democráticas de la nación.
 
El Ecuador no tiene por qué verse obligado a escoger el socavón oscuro que representa el desarrollo minero a gran escala. Si fuéramos un país desértico (como una buena parte de Chile), con pocos  elementos naturales para utilizarlos sustentablemente, tal vez se podría argumentar que las circunstancias nos obligan a emprender la vía del desarrollo minero a gran escala, pero aún en esa situación hay graves problemas ambientales.
 
Pero contamos con tierras productivas, excepcional biodiversidad, riqueza singular de ecosistemas de bosques y páramos,  ríos limpios,  gran potencial turístico, y una riqueza cultural, que nos hace la envidia de muchos.
 
Fuentes: La farsa de la minería responsable
 
 
 
c. Climáticamente, en el Ecuador se hace imposible la minería responsable- o menos contaminante- por que la alta pluviosidad en las áreas mineras donde se encuentra la mayoría de los yacimientos ecuatorianos de cobre, donde llueve entre 3.000 y 4.000 milímetros por año, en promedio. Hay años que llueve más (años del fenómeno la Niña).  En contraste, las condiciones climáticas de la gran mayoría de países que se extraen minerales como el cobre a cielo abierto, son desérticas (Chile), o áridas a semi-áridas (Estados Unidos).  En países albergando condiciones ambientales similares a los del Ecuador: alta pluviosidad, montañoso, bosques tropicales, riesgos sísmicos, etc., (como el proyecto Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea), los impactos ambientales han sido devastadores1.
 
 d. El fenómeno conocido como Drenaje Ácido de Mina (DAM) se da cuando la mena de una mina (subsuelo mezclado con minerales comerciales) contiene azufre y metales pesados, y se expone al aire y el agua.  El azufre al disolverse en el agua la vuelve extremadamente ácida (a veces tan ácida como el líquido de las baterías de vehículos). Al acidificarse, el agua disuelve  los metales pesados de los desechos mineros, y les transporta en las redes hidrográficas aledañas. Hasta que la naturaleza  neutralice el azufre, los desechos siguen produciendo drenaje ácido, un proceso que puede durar siglos, o miles de años.
 
- Carlos Zorrilla. Activista. Co-fundador de la DECOIN, de la Asociación de Caficultores de Intag y de la Red Nacional de Bosques Privados. Residente de la zona de Intag desde 1978. Autodidacta en impactos de la minería a gran escala.
 

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Repudian proyecto minero San Antonio en reunión de información pública.

Publicado por Raymundo Leon Verde 
Febrero 15, 2012
La Paz, BCS, 15 de febrero.- Con una mayoría de ponencias y manifestaciones de los asistentes en contra se llevó a cabo en esta ciudad la reunión pública de información del proyecto San Antonio de la minera La Pitalla, filial de la corporación estadunidense Argonaut, que pretende la explotación de una mina de oro a cielo abierto en el sureste de este municipio, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Tras la presentación de las 52 ponencias registradas, el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, órgano de consulta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para facilitar la participación de la sociedad civil en la política ambiental, núcleo Baja California Sur, recomendó a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (Dgira), no autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto minero.

Francisco Javier Guzmán Roa, presidente del organismo, señaló que de acuerdo al análisis de la MIA existen inconsistencias y falta de información en el contenido de los capítulos, por lo que sugirió a la Dgira y a la propia Semarnat que el documento sea ampliado para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación.

El Consejo Consultivo pidió, asimismo, que se solicite a la minera La Pitalla que dentro de la MIA se incluya un capítulo específico que aclare y defina cómo está vinculado el proyecto como en programa del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz porque en éste las unidades de gestión ambiental no contemplan la actividad minera.

La reunión se desarrolló en el hotel Gran Plaza de esta ciudad, donde se tuvo que cambiar el salón programado porque la asistencia rebasó las expectativas de los organizadores.

La empresa acarreó a unos doscientos supuestos pobladores de la comunidad de San Antonio, lugar cercano a la mina proyectada, a los que vistió con camisetas de respaldo y pagó la comida en el restaurante del hotel que fue reservado en su totalidad.

Sus manifestaciones de apoyo, sin embargo, fueron silenciadas por una abrumadora mayoría de opositores al proyecto que con pancartas, gritos, abucheos y hasta mentadas de madre repudiaron a los representantes de la minera, por lo que el titular de transparencia y acceso a la información de la Semarnat, Mateo Castillo Ceja, coordinador de la reunión, en varias ocasiones amenazó con suspender el encuentro por falta de condiciones adecuadas.

El Consejo Consultivo, en su análisis de la MIA, consideró que el proyecto San Antonio no demuestra en forma suficiente que el acuífero no se afectará y existe poca información respecto el tratamiento de las aguas residuales.

Señaló que la minera propone un fondo de 4.6 millones de dólares para labores de restauración en los cuatro años siguientes al cierre de la mina, pero no expone los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las medidas de mitigación a largo plazo ni tampoco en caso de un accidente ambiental o abandono del proyecto.

Advirtió que la MIA no explora la concatenación entre el proyecto San Antonio y las actividades económicas, consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad como el turismo y la agricultura.

En la MIA no hay información con respecto al comportamiento estacional de la flora y fauna del área del proyecto; no presenta evidencias de éxito en el trasplante de especies vegetales; no hace mención a la preservación del hábitat para la fauna que se localiza en el predio; no presenta un estudio que demuestre la afectación que habrá en el ecosistema; ni hace referencia a la ubicación de los corredores biológicos que se verán afectados.

Puntualizó que el documento además tendrá que demostrar que cumple con leyes y reglamentos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

En el evento fue notoria la ausencia de los legisladores federales y estatales, responsables de la regulación en materia minera, mientras mezclado entre el público el director de la minera Concordia, Héctor Araya, observó el repudio de estudiantes, profesores y ambientalistas contra la minera La Pitalla.

Las organizaciones civiles Medio Ambiente y Sociedad, Niparajá, Cemda e investigadores del Cibnor, Cicimar y la Universidad Autónoma de Baja California Sur coincidieron en señalar que el proyecto no es viable debido a que afectaría el paisaje, el ecosistema, contaminaría los acuíferos de la zona y no cumple con las leyes y reglamentos en materia ambiental federales y locales.

La reunión concluyó con airados gritos de “fuera, fuera, fuera” hacia los empresarios de La Pitalla que se vieron obligados a salir por una puerta lateral del salón que fue resguardada por elementos de seguridad a fin de que los opositores al proyecto no los siguieran.
Castillo Ceja informó, al final, que la reunión no fue suspendida por falta de garantías de seguridad, sino porque terminó el tiempo programado en la convocatoria (18:00 horas), de manera que las respuestas que faltaron a las 42 preguntas pendientes serían contestadas por los promoventes por correo electrónico.

El director de la minera Pitalla, Jorge Alberto Díaz Avalos, en su oportunidad, informó que el proyecto consiste en la explotación de una mina de oro a cielo abierto en un predio de 756 hectáreas, ubicado en la cuenca de Los Planes, a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Explicó que en 2007 se iniciaron los trabajos de exploración en la zona, en la que se detectaron 1.6 millones de onzas de oro contenida en 38 millones de toneladas de roca.

Puntualizó que en 2011 llevaron a cabo labores de caracterización de sitios para entender el entorno, por lo que el 15 de diciembre presentaron ante las autoridades ambientales la Manifestación de Impacto Ambiental.

La Pitalla obtuvo 15 concesiones del gobierno federal con una superficie de 46 mil 328 hectáreas con vigencia de 50 años para la extracción de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz, pero el proyecto San Antonio se limita a 756 hectáreas.

Según lo ambientalistas, de aprobarse este proyecto abriría la puerta para que en el futuro pudieran ser explotados otros predios dentro de las mismas concesiones, todo a cambio del pago de 5 pesos por hectárea y la destrucción del entorno.

viernes, 10 de febrero de 2012

Declaración de Wirikuta.





San Luis Potosí, Real de Catorce “Wirikuta” a 7 de febrero 2012


Los hermanos y hermanas provenientes de los Estados de Durango, Jalisco y Nayarit de los centros ceremoniales y comunidades siguientes: Santa Catarina, Pochotita, Las Latas, San Sebastían, San Andrés Cohamiata, Ocota de la Sierra, Tuxpán de Bolaños, las Guayabas, Cohamiata, El Ciruelillo, Guadalupe Ocotán, El Nayar, Tepic, Zitakua, Cerro de los Tigres, San José, Santiago Ixcuintla, Mesa Nuevo Valey, Bancos de Calitique, Bancos de San Hipólito, Puerto de Guamuchil, Mezquital Durango, reunidos el día de hoy hacemos el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos wixaritari, y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general.

PRIMERO.  Que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros, los hemos seguido caminado por la ruta de los cuatro puntos cardinales; es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia de la vida.

SEGUNDO. Que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestros camino hacia el respeto de la diversidad cultural.

TERCERO. Reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo.

CUARTO. Los sitios sagrados para el pueblo Wixárika son escuelas de formación espiritual por ello en el momento que se realizan proyectos que causan daño en nuestro entorno ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser.

QUINTO. Declaremos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana por que el camino espiritual está guiada por el mismo color del maíz del venado y del jícuri.

SEXTO. Que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado Wirikuta, de las concesiones mineras que pretenden destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral.

SEPTIMO. Ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de Wirikuta, ya que nuestra lucha espiritual, no es contra su bienestar familiar y económico ya que nuestra causa es por la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra.

OCTAVO. Exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa informada y consensada en los pueblos.

NOVENO. Nuestro reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, ONGs internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha, partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final.

DÉCIMO. Por último hacemos saber a la opinión pública que el pueblo Wixárika se encuentra unido, en pie de lucha espiritual, que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra.

  

Firma y sellan las autoridades comunales y locales.

Juan Torres González, Presidente comisariado Tuapurie-Santa Catarina

Fermín Muñoz Carrillo, Gobernador Tradicional Comunidad Mesa de Nuevo Valey

Felipe Serio Chino, Unión Wixárika

Santos de la Cruz Carrillo, Presidente Bienes Comunales autónomo de Bancos de San Hipólito, Mezquital, Durango

Totopica Robles Tela, Presidente de cultura, Tuapurie-Santa Catarina, Mezquitic, Jalisco.

Alejandro Carrillo Enriquez, Consejo de Vigilancia de la Comunidad de Santa Catarina de Cuexcomatitlán

Pascual Pinedo Hernández Gobernador de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán

Marcos Torres Robles. Juez auxiliar de la Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán

FORO INFORMATIVO EN XALAPA.

FORO INFORMATIVO: SÁBADO 11 DE fEBRERO DE 12 A 17 HORAS